El Gobierno aseguró estar "preparado para defender" ante el Tribunal Constitucional el proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, que la semana pasada -después de dos años y medio- culminó su tramitación en el Congreso.
La ministra de la Mujer y de la Equidad de Género, Claudia Pascual, afirmó que la decisión de la derecha de concurrir al TC era "parte de lo previsible".
"Es algo que, indudablemente, pensábamos que iba a ser así, pero hemos estado preparándonos para este escenario y, por lo tanto, como Gobierno defenderemos nuestro proyecto en el Tribunal", dijo Pascual.
En la misma línea, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, afirmó que en las tres causales previstas por la ley -inviabilidad fetal, riesgo de vida para la madre y violación- "hay que proteger y garantizar la vida y la decisión de las mujeres".
"Eso va en la línea de las recomendaciones que el sistema internacional le ha hecho a Chile y es absolutamente compatible con los estándares de derechos humanos en la materia", afirmó la ex directora del INDH.
Senadores y diputados de Chile Vamos en el TC
El Pleno del TC resolvió esta mañana acoger a trámite el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de senadores de Chile Vamos. A ello se sumó, esta tarde, un segundo recurso impulsado por diputados de derecha, que fue ingresado por los UDI Claudia Nogueira y Jaime Bellolio.
Este segundo documento consta de 151 páginas y fue suscrito por 36 diputados de oposición. Dentro de su argumentación figuran tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, pero su aspecto más polémico es el uso de argumentos contenidos en el Informe Retting, de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación convocada por Patricio Aylwin tras el fin de la dictadura.
"La base fundamental de nuestro requerimiento es que quien está en el vientre materno es una persona y, por tanto, es sujeto de derechos. Eso mismo se ha reconocido en el Informe Rettig, donde se ponen casos de varias mujeres a quienes les fueron violados sus derechos humanos y, al estar embarazadas, se dice que se violaban los derechos de dos personas: a la mujer y al que estaba por nacer", explicó Jaime Bellolio.
En dicho informe "se reconoce que quien estaba por nacer tenía derechos esenciales que debían ser protegidos", remarcó el parlamentario gremialista.
La diputada independiente Karla Rubilar sostuvo que "me parece contradictorio para algunas personas que efectivamente no alzaron la voz en su momento y que se ocupe como un argumento, y en eso algunos tendrán que dar sus explicaciones".
En conversación con Cooperativa el presidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, mostró dudas en torno a la conveniencia de apelar a dicho texto.
"Es un argumento de alto vuelo, de alto calibre. Yo soy abogado también... No sé si lo hubiera utilizado, pero hay que entenderlo en la lógica jurídica y de la defensa, donde los abogados esgrimen diferentes argumentaciones para poder justificar sus posturas", comentó Monckeberg.
"En el caso mío, si me hubiese tocado utilizarlo, quizás no lo hubiese hecho; pero, finalmente, lo importante es que el Tribunal Constitucional resuelva y resuelva pronto, que esto no se alargue mucho", agregó el timonel RN en Lo Que Queda del Día.
Cristián Monckeberg dijo que él "quizás no hubiese hecho" la alusión al informe Rettig para oponerse al aborto en el TC. (Foto: ATON)
La tramitación de los requerimientos
La admisibilidad del requerimiento de los senadores de Chile Vamos se aprobó con los votos en contra de tres ministros del TC: Juan José Romero, José Ignacio Vásquez y Marisol Peña; esta última es una de las que el Partido Comunista quería inhabilitar para el caso.
Ellos no votaron en contra de la admisibilidad, sino en contra de que fuera revisada hoy, como finalmente se realizó, pues pretendían postergar la decisión debido al ingreso del segundo requerimiento, de los diputados. Lo más probable es que la admisibilidad de este último sea revisada en la sesión del día jueves; mismo día en que se elige al nuevo presidente del TC, aunque el proyecto de todos modos se zanjaría bajo la actual presidencia, de Carlos Carmona.
Si se "acumulan" ambos requerimientos -como explicó el secretario de TC, Rodrigo Pica- van a regir los plazos del primero, el de los senadores, que empezaron a correr desde hoy, en que fue declarado admisible.
De este modo, hay un plazo de 10 días para resolver y, si es necesario, se puede dictar una prórroga de otros 10 días. Así, el plazo máximo para que haya una resolución es el 28 de agosto, mismo día en que asume Iván Aróstica, cercano a la derecha, pero el acuerdo del pleno va a estar tomado con antelación.
