La acción judicial acusa a una funcionaria del Fondo de coludirse con un profesional y cinco centros médicos para estafar a la entidad estatal.
El Fondo Nacional de salud (Fonasa) presentó ante el Primer Juzgado del Crimen de Santiago una querella por fraude contra una empleada de la institución y seis prestadores de servicios.
Según los cálculos prliminares la estafa, efectuada entre los años 2002 y 2003, alcanzaría los 438 millones de pesos.
La funcionaria, identificada como Hortensia Astete, habría actuado en colusión con un profesional y cinco centros médicos para cobrar bonos por atenciones no efectuadas.
El director de la repartición, Alvaro Erazo, identificó a los prestadores de servicio de la Región Metropolitana denunciados ante la Justicia:
médico Oscar Moreno, consulta ubicada en Rosas 2801
Sociedad Rabié Hermanos, de Bandera 632
Salomón y Compañía, de Gran Avenida 8350
Sociedad Moreno y Compañía, de la misma dirección
Barahona y Cruz, que funcionaba en otro departamento de Gran Avenida 8350
Centro Médico y Dental Atenas, de Cuarto Centenario 7393, Las Condes
Para dificultar la detección de sus ilícitos, Hortensia Astete emitía los bonos de forma manuscrita, aprovechando las fallas en el sistema computacional en red de Fonasa.
Luego de una auditoría interna, el Fondo canceló la licencia a los prestadores acusados para operar mediante el sistema de libre elección.
Erazo agregó que la querella contra Hortensia Astete, encargada de una sucursal itinerante en varias comunas de la Región Metropolitana por el sistema conocido como "Fonasa móvil", fue presentada luego del sumario que inició el organismo "por mandato de nuestra exigencia de cuidar correctamente los recursos en salud".
El director de la entidad estatal calificó la acción judicial como un paso más en la permamente labor de control y fiscalización sobre los prestadores y beneficiarios, en resguardo del correcto uso del seguro social público de salud. Añadió que esa labor continúa, para detectar nuevos perjuicios al erario nacional.
Sin embargo, Alvaro Erazo destacó que el caso denunciado a la Justicia no afecta la labor de los 20 mil prestadores inscritos para atender a los más de seis millones de beneficiarios por el sistema de cobro de bonos.
