El fin de la emergencia sanitaria por Covid prevé la desvinculación de cerca de seis mil de los 12 mil funcionarios a honorarios que se incorporaron a partir del 2020, situación que mantiene en alerta al gremio de la salud y que ha provocado una serie de críticas contra el Gobierno.
Desde la Confederación Fenats Nacional, que prepara un paro nacional el próximo 12 y 13 de septiembre, su presidenta, Karen Palma, señaló que se han "opuesto al despido de 6.500 trabajadores que fueron contratados durante la pandemia", dado que "hoy día son parte de la red asistencial".
"Es necesario clarificar que hoy, por criterios sanitarios, ninguno sobra. Lo que se está aplicando desde el Gobierno es un criterio financiero que, a nuestro entender, no tendría por qué estar sobre la necesidad de la población", puntualizó en diálogo con El Mercurio.
El malestar por esta determinación se hizo notar ayer en el frontis del Ministerio de la Salud, donde funcionarios de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) realizaron una protesta solicitando que el Presidente Gabriel Boric "cumpla con el compromiso de fortalecer la salud pública, manteniendo los 6.500 trabajadores que han venido a reforzar la red de salud centralizada".
Por su parte, el secretario nacional del Colegio Médico (Colmed), José Miguel Bernucci, hace un par de días usó sus redes sociales para cuestionar al Ejecutivo por esta determinación.
"Se supone que el mayor defensor de la salud pública va a ser el responsable del despido de miles de funcionarios de la salud. Con la lista de espera más abultada de la historia. Una vergüenza", afirmó el profesional de la salud.
En cuanto a la situación que enfrenta el Minsal, el exministro de la cartera Jaime Mañalich advirtió que al terminar la alerta por la pandemia, "es imposible legalmente para el ministerio generar un estado de emergencia como la alerta sanitaria si no tiene fundamento técnico, y el fundamento para dictarla terminó".
Debido a esto, la otrora autoridad indicó a El Mercurio que "la única salida posible es que el Ministerio de Hacienda o la Dirección de Presupuestos genere un recurso adicional para poder seguir adelante con la contratación de estas personas y no despedirlas porque son muy necesarias, ya no para la alerta sanitaria por Covid-19, sino para las listas de espera, las cirugías y todo lo que sabemos que no está bien".
El sistema de salud público no es el único afectado por los despidos, dado que en junio pasado las Isapres -en el marco de la gran crisis que enfrentan- informaron que han reducido casi en 1.300 trabajadores su dotación en un año, lo que se traduce en el 15 por ciento del total.
