El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), pidió un pronunciamiento al Gobierno respecto del eventual "incumplimiento de contrato" que -a su juicio- advierte la última declaración pública de la Asociación de Isapres.
En ese documento, el gremio vuelve a hablar de una "catástrofe" en el sistema, alertando que es posible que no puedan cubrir las prestaciones y licencias médicas, ni tampoco pagar sus deudas con las clínicas.
Lo anterior, debido al "efecto marginal" que -según las aseguradoras- tendrá el adelanto a marzo de 2024 del reajuste anual de sus planes, mecanismo que fue despachado recién este jueves por la Cámara Alta.
"El anuncio de las isapres, que coloca en riesgo la cobertura de las prestaciones y el pago de licencias médicas, es de algún modo un anuncio de incumplimiento de contrato. Es decir, reglas pactadas por las cuales se paga el precio de un plan, y que aquí se dice que ya no están en condiciones de cumplir", aseveró el senador.
Para el socialista, lo anticipado en el comunicado "es muy grave, y por eso la Superintendencia y el Ministerio de Salud tienen que hablar e intervenir rápidamente".
"Probablemente lo que las isapres consideran suficiente sería la condonación completa de la deuda, y esa es una realidad que no puede ocurrir", ironizó por su parte la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista).
No obstante, estimó que "si no pagan las licencias médicas a los trabajadores, podrían tener más judicializaciones, por lo tanto, no creo que esta sea una advertencia seria", de manera que considera que este comunicado "es una bravuconada y una amenaza más de las isapres", cuyo fin es "chantajear al Gobierno y sembrar pánico en la población".
Por su parte, el diputado independiente Tomás Lagomarsino, miembro de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, advirtió que "estas instituciones siguen chantajeando al sistema político, teniendo como rehenes a los mismos afiliados y usuarios".
"Aquí hay que poner también sobre la mesa cuánto las isapres están dispuestas a capitalizar, es decir, sus dueños, colocarles recursos económicos a las isapres para resolver la crisis que están viviendo", puntualizó.
En la oposición, en tanto, el diputado UDI Cristhian Moreira cuestionó la medida impulsada por el Gobierno para enfrentar esta crisis, señalando que "lo que se está haciendo de adelantar el ICSA es un saludo a la bandera, porque bien poco va a ser su incidencia. Lo que urge es la ley corta de isapres".
GOBIERNO "NO VE ESPACIO" PARA INCUMPLIMIENTO
Desde el Ejecutivo, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, acotó que en el caso del fallo de Garantías Explícitas en Salud (GES) -cuyo impacto pretende amortiguar el mentado adelanto del reajuste-, "las isapres sabían que esta sentencia podría ser en ese sentido".
"Ellos sabían que habían cobrado algunas de ellas, no todas, muy en exceso. Por lo tanto, el primero que se tiene que hacer cargo respecto al tema de la solvencia para el pago de las prestaciones es la isapre", subrayó.
A la vez, su par de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, relevó que las obligaciones contractuales de las aseguradoras con sus afiliados "no han terminado por este motivo, por el contrario, han surgido otras, como el derecho a que les devuelvan lo que les cobraron en exceso en todos estos años".
"Así que no veo espacio para que no cumplan sus obligaciones con los trabajadores que tienen licencia médica; están obligadas a pagarles el subsidio por incapacidad laboral", cerró la ministra.
Sobre el actual escenario, el superintendente de Salud, Víctor Torres, explicó que "vamos a seguir actuando conforme a lo que la ley establece, que es la supervigilancia financiera, pero también la fiscalización respecto al cumplimiento de las coberturas".
"También las isapres tienen que poner de su parte porque son ellas las que deben cumplir con el fallo de la Corte Suprema", advirtió la autoridad.
Tras las fiestas de fin de año, el Senado retomará en enero la tramitación de la ley corta que busca viabilizar la implementación de los dos fallos y dar estabilidad al sistema: entre otras medidas, incluye la obligación de que las isapres presenten un plan de devolución de dinero a sus afiliados en el marco del "supremazo" por las tablas de factores -que deberá aplicarse desde fines de mayo- y también les permite realizar un segundo aumento en el precio de los planes base,
