La Asociación de Clínicas de Chile advirtió que la implementación del fallo GES (Garantías Explícitas en Salud), que implica que las isapres deben reducir los precios de sus planes a los aplicados entre 2019 y 2022, "comprometerá gravemente la continuidad de atención a los pacientes".
Según el cálculo de la Superintendencia, la aplicación del fallo GES generaría una caída de 12,7% en los ingresos mensuales de las aseguradoras. En esa línea, la Isapre con la situación más grave es Consalud, que tendría pérdidas del 25,8% de sus ingresos por mes.
Asimismo, después de que la Corte Suprema se negara a aplazar la entrada en vigencia de esta resolución, el gremio remarcó que la misma impactará "especialmente a los que tengan necesidades de salud impostergables o tratamientos en curso".
"Al mismo tiempo, provocará un efecto negativo en la operación de los prestadores privados de salud, agravando la incertidumbre y la sostenibilidad en el funcionamiento de nuestras instituciones", sigue la declaración.
Por lo anterior, las clínicas sostienen que "se generará un impacto en cadena en el sistema de salud en general, con efectos en el sistema público, y una potencial crisis sanitaria que impactará directamente a las personas".
"Insistimos imperativamente en que los tiempos se agotan y que debemos poner en el centro de la discusión a los pacientes y sus necesidades, para lo cual la autoridad de salud debe proveer mecanismos que permitan asegurar el cumplimiento de los fallos, sin que ello ponga en jaque la salud de los chilenos y chilenas", cierra el escrito.
Por otro lado, Sebastián Pavlovic, también exsuperintendente de Salud, postuló que "el sistema necesita algo más que un reajuste, tanto como para que sea viable políticamente como para que efectivamente podamos pensar en una continuidad operacional de mediano plazo. De alguna manera, cuando vamos a salvar a las Isapres, ¿Para qué? Para que sigan haciendo lo que le hemos criticado todo este tiempo o para que jueguen bajo reglas de juego distintas".
"NUESTRA PREOCUPACIÓN SON LOS PACIENTES"
Tras lo anterior, el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, respondió que "lo quiero decir con claridad para deslindar la responsabilidad del Ministerio de Salud en este tema. Por cierto que nuestra preocupación son los pacientes y, nos parece complicado la declaración de las clínicas privadas, por supuesto que lo tenemos en cuenta".
"Recordar que hay una ley que se está discutiendo en el Parlamento que tiene que ver con las isapres, no exactamente con la prima GES, pero esperamos que en esa ley se pueda -de alguna manera- compensar este problema que nos permita asegurar a los pacientes que sus tratamientos van a ser terminados", agregó.
En tanto, el exsuperindente de Salud Manuel Inostroza, académico de la Universidad Andrés Bello, apuntó que "la crisis, como decía Gonzalo Arriagada, el presidente de la Asociación de Isapres, ni siquiera se da en tres meses más, puede que se dé en un mes o dos más".
"Lo que le queda al Gobierno en el proyecto de Ley Corta, recoger las indicaciones que permitan resolver el fallo de la tabla de factores, acogiendo el 100% de las indicaciones y permitiendo además que en la reajustabilidad del precio base de los planes, se pueda corregir -en parte- el problema de la rebaja del precio GES", añadió.
"PODRÍAN ENTRAR EN INSOLVENCIA"
Javier Fuenzalida, vicepresidente ejecutivo de Clínicas de Chile, complementó que "la Asociación de Isapres ha declarado públicamente en múltiples espacios que en tres meses de la aplicación de los fallos GES, una o más de ellas podrían entrar en insolvencia y dejar de financiar las prestaciones de salud de sus beneficiados".
La semana pasada, la Superintendencia de Salud solicitó a la Suprema aclarar los alcances del fallo, recogiendo las consultas de Colmena, Nueva Masvida, Consalud, Banmédica y Vida Tres respecto de "la aplicación de las sentencias a aquellos afiliados que no han judicializado sus casos, a propósito del efecto colectivo de las sentencias".
De momento, no hay luces de que la ley corta salga antes de mayo. Por lo mismo, desde el Senado se ha planteado la posibilidad de ajustar el Indicador de Costos de la Salud (ICSA), a través de la ley de reajuste del sector público, para permitirles a las aseguradoras fijar precios para compensar la caída de ingresos.
