La Asociación de Isapres volvió a alertar sobre las consecuencias que tendría en el sistema la aplicación del fallo de la Corte Suprema sobre las Garantías Explícitas en Salud (GES), luego de que esta semana rechazara ampliar el plazo de implementación y reafirmara que las aseguradoras privadas deberán rebajar sus planes.
Esto, para cumplir el tope de 7,2 UF anuales (259 mil pesos) de la prima GES definido por el máximo tribunal, que en agosto acogió impugnaciones de los usuarios y dejó sin efecto los incrementos que las isapres habían aplicado en octubre del 2022 hasta un promedio de 12,6 UF (454 mil pesos), valor que se reajusta cada tres años.
"El cumplimiento del fallo de la Corte Suprema por GES, de no mediar acciones concretas desde la autoridad, pone en cuenta regresiva al sistema de salud privado y en la antesala de una crisis sanitaria que ha sido insistentemente anticipada y que tiene el riesgo de afectar a quienes más requieren ser protegidos", clamó el gremio en una declaración pública este viernes.
En ese sentido, sostuvo que la baja en los planes mandatada "genera una caída en los ingresos de una magnitud imposible de abordar desde las isapres y conducen a una situación de inviabilidad, por el deterioro terminal de los indicadores financieros que cada institución debe cumplir para operar".
El reciente "supremazo" se ha cruzado con el debate por la implementación del anterior, de fines del año pasado, sobre las tablas de factores y que ordenó a las entidades privadas a restituir los cobros indebidos a sus afiliados.
El Gobierno busca encauzar la implementación de ambos fallos a través de la ley corta que se tramita en el Congreso Nacional, que permanece en la Comisión de Salud del Senado, y a la cual le ingresó indicaciones este mes.
Las isapres pidieron que se tome en cuenta las propuestas de la comisión técnica surgida desde el Senado, en el marco de este debate. Ésta, valoraron las aseguradoras privadas, "consciente de las nocivas consecuencias para las personas, y de manera transversal y unánime, propuso no sólo soluciones para tabla de factores, sino también para GES, que permiten cumplir con lo señalado por la Corte Suprema sin poner en riesgo a los pacientes y prestadores".
"El espacio de acción para impedir una catástrofe en el sistema de salud es muy breve, por lo que llamamos al Gobierno y al Congreso a implementar cuanto antes los inéditos consensos alcanzados, por la integridad y el bienestar de cientos de miles de pacientes, que requieren la continuidad en sus atenciones de salud y el tratamiento oportuno de enfermedades", continuó el gremio.
Insistió que "nos encontramos frente al último eslabón de esta crisis, que obliga a definiciones urgentes", alertando que "de ello dependerá si en los próximos meses asistimos al desmantelamiento de la salud privada o si enmendamos el rumbo hacia una sostenibilidad que permita transitar a una reforma integral del sistema, poniendo al centro las necesidades de las personas".
La semana pasada, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, ya había asegurado que, de aplicarse el fallo GES, en tres meses estas entidades ya no podrán mantener las coberturas de sus afiliados.
SECTOR DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA, EN ALERTA
Tras la última decisión de la Suprema de negar más plazo, la Asociación de Clínicas de Chile alertó esta semana que la implementación de la sentencia "generará un impacto en cadena en el sistema de salud en general, con efectos en el sistema público, y una potencial crisis sanitaria que impactará directamente a las personas".
Este viernes, la Asociación Chilena de Instituciones de Salud Domiciliaria (Achisad) advirtió sobre el incierto futuro que tendrían los cerca de 40 mil pacientes que al año reciben estas prestaciones en el sistema de salud privado.
"Con este fallo, el escenario se torna cada vez más crítico, ya que la resolución está orientada más a lapidar la existencia de las isapres que a intentar resolver la severa crisis en que se encuentra el sistema de salud. El futuro de las hospitalizaciones domiciliarias privadas están en riesgo, ya que no existen certezas sobre el financiamiento que tendrían estas prestaciones y los grandes perjudicados son las más de 40.000 personas al año que necesitan y dependen de este tipo de atenciones, y que quedarían literalmente desprotegidos", recriminó Diego Hurtado, presidente del gremio.
Remarcó que "existe una profunda preocupación por quienes reciben y dependen de este tipo de atenciones para tener una mejor calidad de vida", pues "todos estos pacientes son financiados en su mayoría por estas aseguradoras y si estas llegan a tener mayores problemas o llegan a desaparecer, al menos 900 pacientes crónicos de alta complejidad y larga estadía tendrían que volver a una clínica o a un hospital".
Pero "hoy el sistema no está preparado para recibir ese número de pacientes que requieren camas críticas o intermedias, ya que equivaldría a un 30 por ciento más de personas demandando una capacidad de atención que no está disponible en el sistema público y privado en su conjunto", apuntó.
La Suprema, en tanto, sí aceptó recientemente ampliar el plazo para la implementación del fallo por las tabla de factores, hasta el 30 de mayo del próximo año.
No obstante, de momento no hay luces de que la ley corta salga antes de mayo. Por lo mismo, desde el Senado se ha planteado la posibilidad de ajustar el Indicador de Costos de la Salud (ICSA), a través de la ley de reajuste del sector público, para permitirles a las aseguradoras fijar precios a fin de compensar la caída de ingresos.
