La Superintendencia de Salud defendió su cálculo de mayo pasado, cuando cifró en 1.400 millones de dólares la deuda de las isapres para con sus afiliados, en aplicación del fallo de la Corte de Suprema, luego de que la comisión técnica surgida en el Senado -en el marco de la tramitación de la ley corta- fijó el monto en 451 millones de la divisa estadounidense, una diferencia de 1.000 millones.
El máximo tribunal, en su resolución de fines del año pasado, ordenó a las aseguradoras privadas que deberán aplicar la nueva tabla de factores, dictada en diciembre del 2019 por el regulador, a todos sus usuarios y, además, restituirles los cobros en exceso tras implementarla.
En ese escenario, el superintendente Víctor Torres sostuvo que "la Superintendencia no puede interpretar los fallos, tiene que concurrir con una aplicación al tenor literal de los mismos, y el tenor literal nos llevaba a una cifra de 1.400 millones de dólares".
"Tal era la magnitud de esta deuda que se presenta una ley corta, precisamente para ver de qué manera se puede viabilizar el cumplimiento de los mismos. Entonces, entrar a discutir si está bien o mal hecho el trabajo inicial de la Superintendencia, distorsiona el sentido de lo que esta misma comisión ha establecido", complementó.
El otrora diputado replicó así a la crítica del senador Sergio Gahona (UDI), integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, quien le achacó haberse apresurado con un cálculo "irresponsable".
"Se dieron cifras que se condicen con un tipo de escenario en su oportunidad, y lo que el comité técnico, con la participación de la propia Superintendencia, ha definido que los escenarios son otros. Por lo tanto, me parece que es aventurado haber colocado cifras y haberse puesto en un solo escenario", reiteró hoy el gremialista en la instancia parlamentaria del Senado.
COMISIÓN TÉCNICA PLANTEA MUTUALIDAD COMO "SOLIDARIDAD"
La comisión técnica, con los mismos datos, consideró otros supuestos, entre ellos que no corresponde deuda en excedentes a quienes han cotizado por menos del 7% legal, lo que redujo sustantivamente la deuda. También aplicó sistémicamente un criterio de mutualidad y no por caso a caso, ni por la realidad de cada afiliado: es decir, quienes no fueron afectados por los cobros excesivos por tablas de factores absorberían -en parte- la deuda contraída por quienes sí fueron perjudicados, por lo que parte importante de ese monto lo pagarían los cotizantes.
De esa manera, calculó en 451 millones de dólares la deuda de las isapres, y propuso que restituyan las platas a sus afiliados a través de excendentes durante 10 años.
El coordinador de ese comité, Emilio Santelices -exministro de Salud en Piñera II-, remarcó en la instancia del Senado que "lo más sustantivo que tiene que salir es que los fundamentos que hemos trabajado son transparentes, transversales".
Asimismo, planteó que los criterios utilizados, como el de mutualidad, "instalan un principio de la solidaridad, que es el valor sustantivo por el cual tenemos que seguir avanzando en el sistema de salud, y eso nos produce un ajuste en lo que hay que retornar a las personas".
ISAPRES INSISTEN: NO CREEN QUE DEBAN PAGAR NINGUNA DEUDA
Con todo, Gonzalo Arriagada, presidente de la Asociación de Isapres, reiteró la postura del gremio: "Nosotros no consideramos que debiésemos haber pagado ninguno de esos montos, así que no puedo hacerme responsable de las cifras que han planteado".
"Lo que sí puedo decir es que lo que me parece que está en primer lugar es mantener la cobertura de las personas, y eso requiere que tengamos certeza de que el sistema va a estar financieramente equilibrado. Si eso no existe, no creo que las personas hubiesen recibido el pago de ninguna deuda", añadió.
En ese marco, el senador Juan Luis Castro (PS), presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, advirtió que revisarán en detalle la "solidaridad" invocada en el informe técnico, un aspecto que terminaría beneficiando a las aseguradoras privadas.
"Si las propias isapres admiten que no se sienten en deuda con quienes se les cobró de más, aunque están dispuestas a acatar el fallo, es muy difícil invocar la solidaridad en las pérdidas cuando no se tuvo en las ganancias", subrayó.
GOBIERNO INGRESARÁ INDICACIONES
En tanto, el Gobierno mantiene el compromiso de ingresar modificaciones a su propio proyecto de ley corta, que busca fortalecer el sistema de salud para viabilizar la implementacón del fallo de la Suprema, que amplió el plazo para ello hasta fines de mayo del 2024.
"Yo tengo la responsabilidad de hacer las indicaciones, con apoyo del resto del Gobierno, y vamos a tomarla y recoger los elementos del informe, adecuadamente. Para nosotros sigue siendo importante ver el sistema como un todo, y el enfoque sistémico es importante. Nosotros trabajamos con un sistema de salud que es mixto en su provisión y sus seguros", comentó la ministra de Salud, Ximena Aguilera.
