La iniciativa fue presentada por un grupo transversal de parlamentarios, desde el PS a RN.
Según su impulsora, Joanna Pérez, el superintendente de Salud, Víctor Torres, está interesado en la idea y se comprometió a analizarla.
Un grupo transversal de diputados ingresó este miércoles un tercer proyecto de ley que busca dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que obliga a las isapres a pagar a sus afiliados montos asociados a cobros excesivos desde 2019 y aplicar una tabla única de precios.
La iniciativa crea un mecanismo voluntario de compensación de la deuda de las aseguradoras privadas de salud con los usuarios, convirtiéndola en acciones y bonos a favor de estos últimos.
Esta nueva propuesta se suma a la ley corta presentada la semana pasada por el Gobierno -cuyo debate legislativo comenzó esta semana en la Cámara Alta- y a la reforma constitucional promovida por la oposición -que fue aprobada el lunes en la Comisión de Constitución del Senado-, que busca atenuar los efectos del dictamen del máximo tribunal sobre las aseguradoras privadas, a través de recalcular el precio base de los planes de salud.
La nueva iniciativa, impulsada por la diputada Joanna Pérez (Demócratas), busca "establecer un mecanismo de compensación a los afiliados acreedores de las deudas generadas producto de las adecuaciones irregulares de Planes de Salud desarrolladas por las Instituciones que presten servicios de utilidad pública privadas, estableciendo un mecanismo de recapitalización especial a la vez de permitir a estas instituciones no caer en situación de insolvencia, estableciendo condiciones especiales de retroventa de títulos accionarios", dice el texto.
Además, el proyecto indica que "los objetivos de este fondo es compensar la deuda generada por las instituciones que presten servicios de utilidad pública privadas, entregando al afiliado acreedor de dicha deuda la posibilidad de elegir entre la compensación a través del otorgamiento de títulos accionarios, o la entrega de instrumentos de inversión de deuda o debentures".
"Por lo mismo, el proyecto del Gobierno también tiene que buscar certezas para que las isapres no terminen de un día para otro, dar certezas de que estén en un escenario mucho más claro, creemos que las isapres todavía pueden tener una opción", añadió.
La propuesta es patrocinada por el socialista Raúl Leiva, el PPD Héctor Ulloa, el radical Tomás Lagomarsino, los independientes exDC Miguel Ángel Calisto y Jorge Saffirio; el PDG Rubén Oyarzo; Erika Olivera (Demócratas) y la independiente con cupo de Renovación Nacional María Luisa Cordero.
El diputado Leiva comentó que "como toda compañía, al tener una deudas tiene dos alternativas: pagarla o asumir ese costo, como hacen todas las compañías que transan en bolsa, capitalizando esa deuda, por eso la generación de estos bonos a cinco años plazo o eventualmente la posibilidad de capitalizar a través del aumento de capital de la compañía, son alternativas que hay que buscar. Esta no es la solución".
Por su parte, el diputado Raúl Celis (RN) planteó que "impedirle a alguien que retire las utilidades es inconstitucional, más allá de que me parece que es absolutamente inmoral que algún controlador, dueño o accionista pretenda retirar utilidades de una isapre después del tremendo daño que ha hecho".
Según dijo Pérez, el superintendente de Salud, Víctor Torres, se mostró interesado en la idea y se comprometió a analizarla.
En la Comisión de Salud del Senado continúa la discusión sobre la ley corta presentada por el Gobierno, y el presidente de la instancia, Juan Luis Castro (PS), indicó que "las propias isapres por segunda vez han concurrido expresando una muy buena voluntad de diálogo, pese a que no han entregado una propuesta de cómo considerar el fallo de la Suprema para aplicarlo, en una forma distinta a la que el Ejecutivo lo ha dicho".
Por su parte, el presidente de la Asociación de Isapres de Chile, Gonzalo Simón, quien asistió por segunda jornada consecutiva a la comisión, dijo que "para poder llegar a una propuesta, lo primero que hay que hacer es establecer las bases sobre los cuales se construye esa propuesta, con eso vamos a poder pasar al próximo paso que es empezar a generar diferentes propuestas, diferentes alternativas de solución".
"¿Entendemos todos que estamos de acuerdo de que al día siguiente de que la metodología se pone en práctica las personas pueden seguir adelante con su cobertura? Si la respuesta es que hay formas de poner en práctica el fallo que no garantizan eso, la verdad es que nos parece muy complejo que nosotros podamos aportar en ese camino", aseguró el dirigente.
Simón agregó que "hay una idea que pareciera ser que el camino de seguir a través de una modificación de precio base significa, inmediata e instantáneamente, que no hay ni pagos retroactivos ni disminuciones de precios. Eso es un error. Eso no es así".
"Seguir insistiendo en eso, es mejor decir que hay intención de que se modifique el fallo o incumplir el fallo", prosiguió.
Finalmente, el senador Sergio Gahona (UDI) sostuvo que "nosotros esperaríamos que todos los actores pusieran más de su parte, esperaríamos propuestas de las isapres también, a lo menos criterios de como poder ir desarrollando una metodología que nos permita resolver el problema, y eso hasta este momento no ha ocurrido".
