¿A quiénes beneficia la Ley Ricarte Soto?

La directora nacional de Fonasa, Jeanette Vega, explicó en Una Nueva Mañana en qué consiste y a quiénes beneficiará la recién promulgada Ley Ricarte Soto, que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo.

Vega explicó en Cooperativa que la Ley "va a beneficiar a todas aquellas personas que cumplan los requisitos", es decir, "que sean diagnósticos o tratamientos que efectivamente tengan un umbral de costo que no es posible de solventar por las personas", lo que se demuestra a través de "un proceso en el que se presenta a este equipo ministerial que va a tener a todos aquellos tratamientos o diagnósticos candidatos a ser incorporados porque efectivamente tienen el umbral catastrófico para la gran mayoría de las familias chilenas".

"Ahí viene un proceso basado en que efectivamente esté demostrado que el tratamiento o el diagnóstico son efectivos, que esté demostrado que hay evidencia de que va a beneficiar y cuántas personas se benefician para cada una de estas y en cuánto tiempo", instancia que va a permitir tener un catastro de los pacientes que serán beneficiados.

Asimismo, sobre el financiamiento señaló que "siempre van a haber más candidatos que lo que hay de financiamiento para todas estas leyes, por lo tanto, lo que nosotros sabemos es una estimación de cuánto es lo que vamos a tener de disponibilidad financiera y en base a esa disponibilidad financiera vamos a tener que ir seleccionando cuáles son las cosas que entran primero o segundo".

Selección, agregó, que "va a ir dependiendo de cómo y qué es lo que vaya entrando primero con todos los criterios que se han definido", lo que permitirá determinar quiénes serán beneficiados con el presupuesto establecido en los primeros años cuando el Estado "va a gastar alrededor de los 100 mil millones al año", lo que equivale a "un quinto de todo lo que se gasta en el Plan Auge", por lo que "es un esfuerzo formidable".

"El segundo esfuerzo formidable es que aquí no hay discriminación, es totalmente universal", sean beneficiarios de "Fonasa, Isapres, de Fuerzas Armadas, de todo", resaltó la directora de Fonasa.

Dentro del proceso que se llevará a cabo para seleccionar los tratamientos que califiquen como beneficiados, la directora de Fonasa destacó la importancia de hacerlo con transparencia.

La autoridad detalló que la trasparencia en la implementación de este plan "se garantiza por dos maneras, lo primero es porque hay efectivamente un comité, que la Presidenta en la mañana lo describió, que es una comisión ciudadana", a la cual el equipo técnico a cargo de la decisión de los grupos que califiquen para ser beneficiados, tienen que darle cuenta sobre la decisión.

Y en segundo lugar, luego de ser definidos los beneficiados "se emite un informe público y hay un proceso de apelación que es recurrible hasta 15 días antes de la recomendación final".

"En los procesos de priorización siempre hay cosas que entran y otras que no, pero lo que sabemos, y que hay un consenso mundial, es que lo que tiene que existir es: primero un proceso participativo, es decir, que haya posibilidad de alegar y decir no estoy de acuerdo y segundo, un proceso transparente, informado en todas las etapas, de modo de que sepamos quines pierden, quienes ganan", señaló.

La directora de Fonasa dio dos ejemplos que estarían incluidos en el presupuesto como es "el caso de la artritis reumatoidea tiene un porcentaje pequeño de los casos que se tratan con medicamentos biológicos, los que tienen alto costo pero que te cambian la vida".

También se refirió al caso de 32 niños que "tienen enfermedad de Morquio, que es un tipo de enanismo, que al tratarla va a cambiar las complicaciones asociadas a todos los órganos y las personas pueden tener una expectativa de vida muy similar a una persona sin esa condición".

"La plata va a alcanzar para menos que las necesidades, pero lo importante es que en este proceso se van a ir agregando progresivamente y efectivamente cubriendo más y más, en la medida por cierto, en la que el país pueda solventarlo", sostuvo la directora nacional.

Vega recalcó: "A priori nadie queda fuera, el proceso se inicia ahora".

"Tenemos 90 días para hacer todos los reglamentos y aplicar y publicar el primer decreto, que dice esto es lo que va a incluir este primer decreto y este primer decreto rige hasta diciembre de 2016", con lo que "pensamos que en octubre vamos a estar en condiciones del primer decreto".

"Para ese primer decreto tenemos 90 mil millones de costo, los que corresponden a los 30 mil que tenemos en Fonasa más 60 mil que se ponen adicionales para el primer año y 90 el segundo año", tras lo que se irá evaluando el progreso, debido a que por los avances tecnológicos siempre pueden ir surgiendo nuevos tratamientos que no estén contemplados en este momento, explicó.

"El segundo decreto -agregó- empieza a ser un decreto anual, en los que se cumple con todos los procedimientos que están previstos en la ley, en los que hay un umbral, hay un proceso de evaluación científica y un proceso de recomendación y presentación a la comunidad, apelación y un proceso de decisión".

Asimismo explicó que "el concepto aquí no es cubro tales enfermedades, porque ese es el concepto de Auge. El concepto aquí es cubro intervenciones, cubro diagnósticos y tratamientos, por lo tanto, ese es el punto de entrada y de ahí, las enfermedades que se benefician de ese diagnóstico o tratamiento, son las que están cubiertas".

En pos del buen resultado de este plan, Jeanette Vega enfatizó en que "esto requiere que los laboratorios funcionen con una responsabilidad social, porque lo que no nos puede pasar es que en un medicamento haya un mono proveedor y este genere un aumento de precio injustificado, es por esto que la central de abastecimiento va a tener una autorización especial para comprar de modo centralizado y para comparar internacionalmente".