Corte Suprema condenó a 25 profesionales de la provincia de Ñuble acusados de colusión.
"Significa una señal de alerta para que esto no vuelva a ocurrir", dijo el ex ministro de Salud.
Los especialistas fueron acusados de haber celebrado un acuerdo destinado a fijar el precio mínimo de sus consultas y procedimientos.
Este jueves, la Corte Suprema confirmó las multas contra 25 médicos ginecólogos de la provincia de Ñuble, Región del Biobío, que fueron acusados por colusión, lo que a juicio del ex ministro de Salud Jaime Mañalich es un precedente "histórico".
"Es un tremendo precedente, histórico, significa una señal de alerta para que esto no vuelva a ocurrir y no se involucren médicos en una práctica que hoy, cuando hablamos de colusión de pollos, de supermercados, de papelera estamos hablando de un pecado que la ciudadanía resiente enormemente, porque sabe estamos hablando de un perjuicio para ellos", sostuvo el ex secretario de Estado.
En tanto, el diputado socialista Juan Luis Castro afirmó que "esto significa regular de una forma muy distinta el trabajo médico. El caso de Ñuble me parece que está marcando un punto muy distinto en la tendencia que se observa ahora, y por eso hay que ponerle freno a la cartelización o una manera colusiva de entender la relación médico-paciente que es inaceptable".
Por su parte, Omar Nazal, presidente electo de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, se desmarcó de sus colegas de Ñuble y expresó que "somos una institución que busca y vela por la salud de la mujer. Este tipo de situaciones que asemejan una colusión, no las respaldamos bajo ningún punto de vista, ni en el accionar médico ni en ningún accionar de la sociedad civil, en general".
"Pensamos que lo que hay que hacer es acatar la sanción de la Corte Suprema y le corresponderá al Colegio Médico ver si existen alguna sanción disciplinaria o ética al respecto de este tipo de situaciones", añadió Nazal.
En octubre de 2013 los especialistas fueron acusados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de haber ejecutado y celebrado un acuerdo destinado a fijar el precio mínimo de sus consultas médicas y procedimientos quirúrgicos, principalmente partos y cesáreas, por lo que los condenó a pagar un total de 89,7 Unidades Tributarias Anuales (unos 48 millones de pesos).
