Desde el Ministerio de Salud señalaron que el proyecto podría estar operativo en enero de 2016.
"La gente tendrá que seguir haciendo rifas para cubrir las enfermedades", reclamó el legislador.
El parlamentario señaló que solicitará una sesión especial para que se analice el retraso.
Una dura crítica al Ejecutivo realizó el senador RN Manuel José Ossandón luego de que los Ministerios de Salud y Hacienda advirtieran de un retraso en la entrada en vigencia del Sistema de Protección Financiera para diagnósticos y tratamientos de Alto Costo, conocido también como Ley Ricarte Soto.
El parlamentario cuestionó la lenta puesta en marcha de la iniciativa, especialmente en consideración a que durante el discurso del 21 de mayo, la Presidenta Bachelet adelantaba la entrada en vigencia del proyecto para el último trimestre de este año.
"Gracias a la ineptitud del Ejecutivo, la gente tendrá que seguir haciendo rifas y bingos para cubrir las enfermedades de alto costo. Hay cosas que uno no puede dejar pasar y una de estas es cuando se juega con la vida de la gente", espetó.
Tras esto anunció que "se sumará a las gestiones para pedir una sesión especial que aborde esta materia de gran importancia a nivel nacional".
De acuerdo a lo señalado por el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, la Contraloría debe aprobar los primeros reglamentos que harán operativa la norma y que, de acuerdo a los plazos vigentes, podría realizarse en enero de 2016. Adicional a esto, la autoridad explicó que se requiere de un decreto con la lista de enfermedades que cubrirá y que aún no están definidas.
"Estamos trabajando para sacar ese decreto en octubre y tenerlo firmado por la Presidenta. Obviamente, para poder entrar en vigencia, debe estar tomado de razón por Contraloría y ese es un tiempo que nosotros no manejamos, pero pensamos que podríamos tenerlo entre fines de noviembre y diciembre", aseguró Burrows en declaraciones publicadas por El Mercurio.
De acuerdo a la misma publicación, otros que han manifestado su inquietud han sido las asociaciones de pacientes. Esto porque durante la promulgación de la ley se destinaron $30 mil millones para 2015, recursos que podrían quedar sin gastarse.
Ante esto las autoridades sanitarias respondieron a estos cuestionamientos señalando que si el dinero no se gasta este año, se sumará a los $60 mil millones disponibles para 2016.
