El Gobierno repone este martes la suma urgencia de la llamada "Ley Hinzpeter".
La Concertación criticó que Piñera abordara el tema en cadena nacional.
El 13 de agosto de este año, de forma inesperada, el Gobierno retiró la suma urgencia al proyecto que busca fortalecer el resguardo del orden público, planteado en 2011 en plenao auge del conflicto estudiantil.
A menos de dos meses de esa decisión, La Moneda repondrá hoy dicho carácter, confirmaron a Cooperativa desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
La polémica radica, ahora, en que el Presidente Piñera haya hecho el anuncio en medio de la cadena nacional del Presupuesto 2013, aun cuando la "Ley Hinzpeter" no requiere de un financiamiento especial para su implementación, según aseguran miembros de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja.
La normativa busca endurecer las penas y aumentar las facultades del Ejecutivo para perseguir a quienes provoquen desórdenes en medio de manifestaciones públicas. Paralizar los servicios, cortar el tránsito, atentar contra la autoridad, dañar la propiedad pública o privada, usar armas, explosivos e incluso tomar establecimientos "con violencia" son sancionados por esta iniciativa con penas de hasta 3 años de cárcel.
El DC Gabriel Silber, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, puso en duda la real convicción del Gobierno tras esta iniciativa: "A nuestro juicio hay mucho de 'cortina de humo' con cargo al proyecto Hinzpeter. (Con éste) se gira un cheque con respecto a temas que no tienen nada que ver en la agenda de Presupuesto", dijo el parlamentario.
"A este proyecto se le ha puesto y sacado la urgencia casi simultáneamente a hechos de connotación nacional, pero nunca ha habido un genuino y responsable interés del Gobierno de llevar a trámite de manera completa este proyecto de ley", dijo Silber.
"La mejor ley"
Desde la derecha defienden, en cambio, al actuar del Mandatario en esta materia.
"Una de las partidas importantes es la que tiene que ver con la seguridad ciudadana; creo que ahí hay un énfasis y que los presidentes pueden siempre expresar en la oportunidad y forma, como lo quieran, los grandes temas que afectan al país", dijo el presidente de la UDI, el diputado Patricio Melero.
Más enfático fue el senador de Renovación Nacional Alberto Espina, para quien la polémica iniciativa es "una de las mejores leyes que se puede dictar en nuestro país".
El parlamentario criticó, en este sentido, el rol que está jugando el Instituto Nacional de Derechos Humanos en las diferentes protestas, y reprobó el dictamen de la Contraloría que permite el ingreso de observadores a los vehículos policiales para constatar el respeto de sus derechos fundamentales.
"Éste es un país que está funcionando al revés: están poniendo observadores de derechos humanos arriba de los uses de Carabineros, y yo no he visto nunca al Instituto de Derechos Humanos decir una palabra, una sola palabra, condenando los actos de violencia de los cuales son víctimas los carabineros", alegó Espina.
A juicio del senador por La Araucanía, el INDH "se ha transformado en una institución que opera como un aparato político de la izquierda, dejando absolutamente al margen lo que es su deber, que es velar por los derechos humanos de todos los chilenos en igualdad de condiciones".
Desde el Instituto declinaron hacer declaraciones a este respecto, al ser consultados por Cooperativa.
La oportunidad del momento
La reposición de la suma urgencia también también genera dudas entre los expertos. Para el investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Alberto Coddou, no es recomendable discutir –por ahora- cambios a la legislación en esta materia.
"El tema de la urgencia está a discrecionalidad de Ejecutivo manejarla, y yo creo que mientras más álgida se ponga la discusión, va a variar el grado o la intensidad o el poder con que el Poder Ejecutivo utilice el control de la agenda legislativa, pero creo que no es el mejor momento para discutir modificaciones a la Ley Penal", señaló.
Coddou opinó que lo importante es avanzar primero en la regulación de las protestas, ya que la actual legislación data de los tiempos de la dictadura. Según el especialista, la ley no se ha modernizado y pone en riesgo la potestad de las personas para hacer uso de sus derechos fundamentales.
