El subsecretario Harboe consideró "importante aclarar" que el máximo tribunal no comentó los proyectos que el Ejecutivo envió al Congreso y sólo reparó en una moción de diputados.
La Moneda salió a comentar la declaración de la Corte Suprema, que este martes criticó la idea de parlamentarios de forzar por ley la detención preventiva de delincuentes reincidentes, y enfatizó que la crítica de los jueces no menciona la llamada "agenda corta" que el Ejecutivo envió al Congreso.
"La opinión de la Corte Suprema se refería a una moción parlamentaria, presentada por algunos diputados, en orden a limitar las facultades judiciales en materia de libertades provisionales", señaló el subsecretario del Interior, Felipe Harboe.
El funcionario explicó que "es importante aclararlo", porque "lo que nos interesa aquí es que la agenda en materia de seguridad ciudadana salga lo antes posible, y es por eso que vamos a seguir trabajando por ello".
De hecho, Harboe informó que se determinó dar suma urgencia al proyecto que modifica las labores administrativas de Carabineros de Chile, para destinar más policías a las calles.
El otro proyecto emblemático del Gobierno, que transforma en agravante los antecedentes penales o la reincidencia respeto de una sentencia ejecutoriada, sigue con urgencia simple.
A diferencia de la moción de diputados, el Ejecutivo propone que la prisión preventiva sea restringida en casos de delitos violentos, y no en todo tipo de ilícitos.
En la derecha, el vicepresidente de Renovación Nacional (RN), Cristián Monckeberg, consideró que la postura de la Suprema es una "mala señal" en la lucha contra los delitos.
"Los Tribunales de Justicia no han dado claras evidencias de querer combatir la delincuencia. Los jueces de Garantía están dictando fallos que muchas veces deslindan lo negligente", afirmó.
Monckeberg agregó que la llamada "agenda corta" contra los delincuentes es fruto de la mayor cantidad de delitos, pero también en el mal trabajo que realizan los tribunales.
La Corte Suprema consideró este martes que la moción de parlamentarios supone, en caso de transformarse en ley, una forma de coartar la libertad de los magistrados. (Cooperativa.cl)
