Se trataría de cuatro funcionarios amonestados.
Corresponderían a personal destacado en Constitución, Talcahuano, San Antonio y Juan Fernández.
El comandante en jefe de la Armada, Edmundo González, confirmó que la institución cursó nuevas sanciones internas por las deficientes actuaciones de su personal tras el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, y que entregó estos antecedentes a la fiscal que investiga el caso en el plano penal, Solange Huerta.
"Siempre hemos tenido un espíritu de cooperación con la fiscal Huerta. Hemos adelantado todas las investigaciones sumarias administrativas que hemos hecho en la parte marítima, vale decir, a lo largo de las gobernaciones marítimas y las capitanías de puerto, en las cuales hicimos un análisis exhaustivo de cómo fue el comportamiento de nuestra gente", dijo González ayer martes mientras exhibía las reparaciones al submarino Capitán Simpson, dañado luego del 27-F.
"Dentro de ese informe reconocemos que hubo algunos errores y que muy probablemente haya algún personal que sea responsable de ese error", expresó el uniformado, que precisó que dichas responsabilidades dicen relación con la "denegación de información; poca atención en cuanto a la emergencia".
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| En el informe "reconocemos que hubo algunos errores y que probablemente haya algún personal responsable", explicó el almirante Edmundo González. (Foto: UPI) |
Consultado por la cantidad de miembros de la Armada sancionados, González rehusó entregar los nombres o cargos del personal sujeto a las medidas internas.
"Yo no voy a dar esa información, porque son antecedentes administrativos nuestros, pero son del orden de tres o cuatro personas las que fueron sancionadas por la denegación de información", dijo.
González afirmó que los resultados del proceso "tienen tanto cosas positivas como cosas negativas", pero al cabo de éste "la mejor lección que nosotros aprendimos es que las comunicaciones son vitales en este tipo de casos, porque el SHOA -que no está mirando el mar- necesita y requiere información para tener una buena evaluación de la información de campo".
Responsabilidades localesLa Tercera había informado ya, la semana pasada, de la entrega de los informes, de manera reservada y a fines de mayo, a Huerta. Esto tenía como objetivo aportar antecedentes útiles a la investigación penal respecto de las responsabilidades "locales" en la muerte de 156 personas y la desaparición de otras 25 a consecuencia del maremoto.
La indagatoria versaría sobre las actuaciones desarrolladas por personal de la Armada en las gobernaciones marítimas y capitanías de puerto de Constitución, Talcahuano, San Antonio y Juan Fernández.
En la investigación administrativa al SHOA de 2010 la Armada propuso separar del servicio naval al entonces director del SHOA, Mariano Rojas, y castigar con una amonestación escrita de carácter gravísimo al teniente Mario Andina, jefe del Departamento de Oceanografía. Luego, ambos fueron formalizados por la Justicia.
Diputados no tienen estos antecedentes
Consultado por este tema, el diputado PPD Felipe Harboe, que participó en la comisión investigadora del 27-F, dijo que en el Parlamento se desconocen estos antecedentes dados por la Armada a la Fiscalía, por lo cual tampoco pueden prever sus eventuales consecuencias para la investigación judicial.
"Yo no tengo ningún antecedente desde la Fiscalía como para poder proyectar eso. Yo creo en la autonomía de los poderes, y espero que la Fiscalía establezca las responsabilidades de acuerdo a los elementos probatorios que tenga", dijo Harboe.
"Una vez que conozcamos esa información podemos tener mayor opinión", expresó.
"No obstante lo anterior, lo que sí ha quedado absolutamente claro de todas las investigaciones -tanto de la comisión investigadora como de la investigación judicial- es que el organismo que tenía que dar la alerta lamentablemente no la dio", afectando las decisiones de las autoridades políticas, dijo Felipe Harboe.
