Se trata de las indagatorias administrativas realizadas en Talcahuano, Constitución, San Antonio y Juan Fernández.
Contienen el listado de las personas que fueron sancionadas por su actuación durante el 27-F.
La Armada hizo llegar a la fiscal Solange Huerta, en forma reservada, una serie de documentos relativos a la investigación que el Ministerio Público desarrolla por la muerte de 156 personas y la desaparición de otras 25 debido al tsunami del 27 de febrero de 2010.
Según informa este lunes el diario La Tercera, los documentos contienen los resultados de las diligencias que realizó la Armada a nivel regional con el objeto de esclarecer las posibles responsabilidades administrativas en las gobernaciones marítimas y capitanías de puerto del país.
Fuentes citadas por el diario indican que estos informes corresponden a las pesquisas administrativas realizadas en las localidades de Talcahuano, Constitución, San Antonio y Juan Fernández, y fueron entregados a la fiscal a fines de mayo.
Las mismas fuentes indican que no se trata de una sola carpeta, sino que corresponden a indagaciones independientes que se efectuaron en cada uno de estos puntos.
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| El equipo liderado por Solange Huerta está justamente empeñado en determinar las responsabilidades penales "a nivel local". (Foto UPI) |
Éstas contienen el listado de las personas que fueron sancionadas en los procesos internos, entre otros puntos.
La entrega de esta información no fue solicitada por la Fiscalía, sino que se entregó por iniciativa propia de la Armada, añade el diario.
El fiscal Luis Tapia, que es parte del equipo de Solange Huerta, declaró al medio que el Ministerio Público está trabajando para determinar las responsabilidades penales en las "Fuerzas Armadas" y a nivel comunal: "todos aquellos casos en los cuales hay responsabilidad, a nuestro juicio, a nivel local. Eso involucra a todas las comunas y regiones donde se originó el sismo y posterior tsunami", dijo en esa oportunidad.
La entrega de los documentos a la fiscal tuvo como propósito facilitarle antecedentes de hechos que, eventualmente, pudieran constituir delitos, pese a que el propósito de los rastreos internos era buscar responsabilidades administrativas y no penales, dicen quienes conocieron del traspaso de información.
Se considera que los informes podrían servir a Huerta como elementos de contexto.
