Este miércoles tiene lugar en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la tercera jornada de discusión de la suspensión condicional del procedimiento para los seis acusados por el caso tsunami.
La Fiscalía y también las defensas buscarán validar el acuerdo al que llegaron para no ir a juicio oral, que incluye un pago de 235 millones de pesos a repartir entre las víctimas -en tres cuotas- y pagar 10 millones de pesos para un seminario sobre el 27-F, además de la lectura de una declaración pública sin reconocimiento de culpa.
Tras esto, la jueza Carolina Gajardo deberá dar a conocer si acoge o no la suspensión condicional del procedimiento.
En la jornada de ayer martes, los querellantes realizaron sus alegatos y pidieron que el Tribunal rechace la salida alternativa que implica que no vayan a juicio oral.
El abogado Leonardo Mello dijo que "no hemos escuchado ningún argumento serio. Acá, insisto, esta decisión incluso entiendo es perjudicial para los imputados, que se han visto sobreexpuestos más allá de lo necesario a un hecho simple, concreto, en el cual el fiscal (José Luis Pérez Calaf) ha adoptado una decisión imprudente, injustificada y derechamente arbitraria".
La pasada jornada estuvo marcada por la polémica de que la mayoría de los familiares de las víctimas no pudo declarar ante el Tribunal por no haber tenido alojamiento en Santiago. De hecho, sólo una persona habló durante la audiencia del martes, pese a que faltaban más de 100 por dar su testimonio.
Solo 35 de los 141 que aparecen como querellantes en la causa hablaron en la sala.
