Familias damnificadas del 27-F en Rancagua se querellaron por estafa

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Autor: Cooperativa.cl

Se trata de 416 grupos familiares de los conjuntos habitacionales Doña Sofía I, II y III.

Acusan falsificaciones de firmas, exoneración de personas y modificaciones de los proyectos.

Familias damnificadas del 27-F en Rancagua se querellaron por estafa

La querella se interpuso en el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua.

Llévatelo:

Unas 416 familias de los conjuntos habitacionales Doña Sofía I, II y III, damnificados por el terremoto del 27-F en Rancagua, se querellaron este lunes en contra de quienes resulten responsables por presunta estafa y falsificación de firmas.

Esto debido a ciertas modificaciones en las obras de reparación sin autorización de los vecinos, así como el cambio de Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) que significó, según consideran ellos, una importante pérdida en la calidad de construcción de viviendas.

Los vecinos acusaron a las EGIS Codeh y Crucero de adulterar las firmas para aceptar estos cambios

"Nos sentimos engañados, porque como toda persona deseábamos tener la casa propia. Tenemos familias hacinadas, tenemos damnificados, regulares, gente que renunció al proyecto, gente que sacaron del proyecto sin autorización de asamblea", dijo la dirigenta Helga Sepúlveda.

"En realidad se adulteraron las firmas, se adjuntaban fotocopias de firmas de la gente que asistía a la asamblea para cambiar proyecto, para sacar gente, para tomar decisiones importantes. Serviu está al tanto de todo", añadió la mujer.

En tanto, el diputado del PS Juan Luis Castro calificó la situación como grave por no mediar ningún tipo de fiscalización de parte del Serviu.

"Estas familias han confiado en dos empresas de gestión inmobiliaria de la zona, han colocado sus dineros, ha habido montos millonarios en subsidios y curiosamente de la noche a la mañana se les adultera la firma aceptando una modificación restrictiva de los hogares y se configura un presunto delito de adulteración de firma, de estafa", dijo el parlamentario.

Estas personas corren el peligro de perder sus subsidios de más de 16 millones de pesos al no aceptar lo que consideran poco dignas viviendas.

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