Carlos Fairlie, que representa a parlamentarios de la Alianza dijo mantener su tesis jurídica.
Destacó que se haya establecido que en las autoridades hubo "incumplimiento de acciones para evitar pérdida de vidas".
El Séptimo Juzgado de Garantía capitalino rechazó hoy sobreseer a cuatro imputados del caso tsunami, incluyendo a Patricio Rosende y Carmen Fernández.
Carlos Fairlie, abogado querellante por parlamentarios de la Alianza en el caso tsunami, valoró la decisión del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago de rechazar los sobreseimientos solicitados por las defensas del ex subsecretario del Interior Patricio Rosende, la ex directora de la Onemi Carmen Fernández, el ex jefe de Protección Civil y del Centro de Alerta Temprana de Onemi Johaziel Jamett y el ex jefe de Oceanografía del SHOA Andrés Enríquez.
"El fallo es contundente, incluso habla de situaciones que nosotros, como querellantes, tampoco habíamos siquiera informado al Tribunal, y deduce que hubo ocultamiento de información", dijo Fairlie, que aseguró persistir en su argumentación en torno a la ex Presidenta Bachelet no le cabe responsabilidad penal por la fallida alerta de tsunami.
"Nuestra tesis desde un principio fue que los organismos técnicos de coordinación, y también el mando de autoridad tenían que cumplir algún tema de responsabilidad por parte del área penal. Sigo manteniendo mi tesis jurídica: desde el punto de vista constitucional, reglamentario, no podría tener responsabilidad" Michelle Bachelet, dijo el jurista al cabo de la audiencia de hoy en el Centro de Justicia de Santiago.
Fairlie resaltó, en todo caso, que "al escuchar uno el fallo del juez, que hace un análisis completo", se indica que "todas las autoridades -y ahí también incluye, por supuesto, a la ex Presidenta de la República, porque habla de 'autoridades políticas'- incumplieron quizás en alguna medida algún deber que debió haberse tomado, alguna acción para evitar (la pérdida de) algunas vidas el 27 de febrero".
