El organismo determinó que no procede reembolsar el gasto que los empleados fiscales hagan -por trabajo- en este tipo de servicios, no regulados.
La advertencia no rige para los alojamientos en Airbnb, ya que tal ítem se cubre con viáticos, que no están sujetos a rendición.
La Contraloría General de la República emitió un pronunciamiento que determina que no procede reembolsar los gastos de traslado en que incurren los funcionarios públicos -en cumplimiento de su trabajo- cuando usan servicios de transporte terrestre distintos de los regulados en el ordenamiento jurídico vigente.
Según informó el Diario Financiero, el ente contralor señaló que el Estado ha establecido diversas exigencias para la prestación de tales servicios y, por tanto, "se entiende que las mismas son idóneas para que la actividad de transporte remunerado de pasajeros, tanto público como privado, se desarrolle en condiciones adecuadas de seguridad, calidad, comodidad, eficiencia y racionalidad".
De este modo, "no procede que la administración reembolse a sus empleados los gastos en que incurran para su traslado utilizando servicios de transporte terrestre diversos de los reglamentados, como sería el caso de los servicios requeridos a través de plataformas tecnológicas tales como Uber o Cabify".
La Contraloría también precisó, respecto a la pertinencia de restituir a empleados fiscales los gastos de alojamiento por uso de la plataforma Airbnb, que "es menester aclarar que ese tipo de gastos se encuentra cubierto por el viático, el cual no está sujeto a rendición, ello conforme a lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley del Ministerio de Hacienda".
