Luego de varios meses de protestas de los gremios de taxistas, el Gobierno ingresó el martes al Congreso un proyecto de ley que "moderniza la legislación sobre transporte remunerado de pasajeros" y regula el servicio que ofrecen empresas como Uber y Cabify.
Pese a que en un principio el Ejecutivo combatió a ambas firmas, llamándolas "piratas". dentro de los "fundamentos" del texto se reconoce que estos servicios son "bien valorados" por los usuarios "en términos de seguridad, disponibilidad y transparencia en los mecanismos de cobro y calidad de servicio" (ver archivo adjunto).
Dentro de sus disposiciones el proyecto señala que las empresas deben operar "con vehículos que reúnan elevados estándares de confort y tecnología" y tendrán que pagar "un valor por kilómetro recorrido que permita una asignación eficiente del uso del espacio vial", a fin de que las compañías "internalicen los costos por las externalidades negativas que producirán, especialmente en materia de congestión".
Agrega, además, que "en ningún caso estos vehículos podrán recoger pasajeros en la vía pública si éstos no han concertado una reserva previa, mediante las referidas plataformas tecnológicas" y que "sus conductores no podrán, bajo circunstancia alguna, solicitar o aceptar pagos en efectivo".
El pago que harán las empresas por usar la vía pública será determinado por el Panel de Expertos del Transantiago.
Fondo compensatorio
Una de las disposiciones más llamativas del proyecto es la creación de un "Fondo para la Innovación del Transporte Remunerado de Pasajeros", que compensará a los taxistas por el perjuicio creado por esta nueva competencia.
Con cargo a este Fondo se podrán "renovar vehículos que presten servicios de transporte de taxis por otros que incorporen tecnologías más eficientes y mejoras en seguridad", "incorporar tecnologías en los taxis que permitan un uso más eficiente del espacio vial y mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad", además de "retribuir la adquisición de inscripciones de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, cuando corresponda".
La Confenatach valoró "la retribución por el mal causado", pero alertó que los ingresos de los taxistas "han bajado un 45 por ciento". (Foto: Agencia UNO)
Los diarios de circulación nacional traen esta mañana varias reacciones a la propuesta legislativa del Gobierno, entre ellas de las propias empresas involucradas, de expertos y de los taxistas.
"Nos preocupan algunos requisitos que limitan la posibilidad de los chilenos de acceder y elegir viajes seguros, confiables y con precios cómodos", señaló Uber en un comunicado.
Agustín Guillisasti, gerente general de Cabify, dijo a La Tercera que el fondo de innovación "es un impuesto" y "hay que ver cuánto van a cobrar por kilómetro, porque la idea es que los pasajeros no paguen más por usar estas aplicaciones".
"La retribución está bien por el mal causado, pero no sabemos si nos van a cubrir el 100 por ciento de los recursos. Nuestros ingresos han bajado un 45 por ciento", alegó en El Mercurio Luis Reyes, presidente de la Confederación de Taxis de Chile (Confenatach).
Dudas de expertos
Enrique Navarro, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Chile, señaló que el mentado fondo operará como "un tributo y los tributos no pueden tener un destino específico; (pues) deben recaudarse e ir a un fondo común".
Gloria Hutt, ex subsecretaria de Transportes del Gobierno de Sebastián Piñera, señaló al matutino que cobrar a los autos de Uber y Cabify por congestionar "es discriminatorio, porque los taxis también congestionan", y "tampoco se entiende por qué no se exige un auto de alto estándar a los taxis".
