Cerca de 80 residentes del condominio "Horizonte del Pacífico I" en la comuna de San Pedro de La Paz están sumidos en la incertidumbre luego de que la fundación administradora del recinto haya comunicado su salida del plan "Arriendo a precio justo" en la Región del Biobío.
La organización Urbanismo Social envió una carta este miércoles a los arrendatarios del lugar, informándoles que cesará sus funciones el jueves 29 de febrero debido a que el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) regional no ha cancelado los fondos comprometidos mediante contrato.
"Desde el 15 de mayo (de 2023) como fundación, fuimos contratados por Serviu Biobío tras adjudicarnos una licitación pública en la que fuimos los únicos oferentes. A la fecha nos han pagado menos del 58% de lo comprometido por contrato y con retrasos considerables, lo cual hace inviable actualmente la continuidad de nuestro equipo y la intervención", indicó el comunicado.
"A esto se suman una serie de incumplimientos por parte del Ministerio de Vivienda (Minvu), quien mantiene deudas impagas a la fundación de otros proyectos; ha rechazado unilateralmente rendiciones del 2023 sin revisar de forma previa; y no reconoce el trabajo ejecutado", acusó Urbanismo Social.
Ante esto, Marcelo López, director regional (s) del Serviu en el Biobío, señaló que tomarán "todas las medidas que correspondan para dar continuidad al servicio y velar por el bienestar de las familias residentes", defendiendo que "a la fecha, se han realizado todos los pagos respectivos por los servicios de administración que han sido cumplidos por la fundación Urbanismo Social".
Sin embargo, la autoridad regional sostuvo que "en la revisión de cada estado de pago se han observado servicios que no corresponden a lo establecido por contrato, por lo cual se realizaron los descuentos correspondientes".
"Queremos darles tranquilidad a las familias, las cuales seguirán como parte del programa 'Arriendo a precio justo' y todo seguirá bajo las mismas condiciones que la normativa permite", cerró López.
Cabe recordar que la fundación Urbanismo Social es una de las instituciones cuestionadas en el marco del Caso Convenios, ya que allí trabajó la actual delegada presidencial, Daniela Dresdner, y también su exjefe de gabinete, Vicente Guzmán, quien presidía la fundación y actualmente es encargado del Departamento de Asentamientos Precarios del Serviu.
