El ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), entregó este martes en el Senado los antecedentes sobre el escándalo por el caso convenios, que involucra a seremis de su cartera y fundaciones con militantes oficialistas, advirtiendo que "los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior".
En su participación en la Comisión de Vivienda y Urbanismo, Montes partió haciendo una revisión sobre la gestión de recursos destinados a campamentos, detallando que del total sólo un 30 por ciento ha sido transferido a fundaciones y ONGs.
Además, advirtió que Democracia Viva -fundación apuntada por presuntos tratos irregulares- sólo ha rendido el 3 por ciento.
Respecto al lío de dineros en el Minvu, el secretario de Estado aseguró que "el gobierno anterior dejó totalmente programado el 2022, todos los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior. Se establece un marco de objetivos y prioridades de proyectos en una interacción previa con los respectivos Serviu".
"En el caso del 2022, para esta institución que está en cuestión, que es Democracia Viva, no aparecía como tal, aparecía el proyecto y el monto del proyecto. ¿Cuándo empieza el actual gobierno a dar delegación? Recién el primero de enero de 2023 y esto solamente se ha traducido en dos proyectos", puntualizó.
En su presentación en la Comisión de Vivienda, el exsenador explicó también que "en febrero del 2022 se estableció el conjunto de acciones a desarrollar durante ese año. El gobierno que llega lo que hace es cierta adaptación en el marco de las definiciones que ahí había".
Mientras que "en el 2023 recién estamos pagando lo que viene de arrastre y con solo dos proyectos nuevos", detalló la autoridad, que de todas maneras aseguró que en el Ejecutivo han "tratado durante todo este periodo de no transformar el problema de los buenos y los malos, los de antes y los de ahora".
Por otra parte, Montes advirtió que este escándalo puede seguir creciendo, ya que "es probable que haya otros casos, por eso estamos preocupados de saber más, reunir más información y tenemos que anticiparnos a los casos para que no cundan, pero especialmente para buscar soluciones".
"Nosotros estamos elaborando un nuevo protocolo, una nueva forma de relacionarnos con estas instituciones", destacó el líder de Vivienda.
ESPINOZA (PS) REPROCHA MECANISMOS
El senador socialista Fidel Espinoza, correligionario de Montes y uno de los grandes críticos oficialistas por este caso, comentó que en el Congreso saben que la norma de trato directo se dictó en 2015 y con una primera aplicación en 2019, por lo que el foco del cuestionamiento no apunta a ello, sino a una utilización de un método para cometer fraude al fisco.
"Nunca ha estado en discusión de que los tratos directos partieron el año 2019, lo que está en discusión es lo siguiente: la glosa 4 de la Ley de Presupuestos establece claramente cuál es el orden en el cual deben utilizarse estos recursos para asentamientos precarios", detalló el presidente de la Comisión de Vivienda en la Cámara Alta.
Ante esto, aseguró que "el orden es: primero, municipios; segundo, si los municipios no pueden ejecutar o no quieren ejecutar, el Serviu; y en tercer lugar, de manera excepcionalísima, las fundaciones, a través de trato directo".
"Pero aquí hicieron de lo particular, la generalidad", puntualizó Espinoza.
LA DERECHA ACUSA LÓGICA DEL "EMPATE"
En la derecha interpretan los planteamientos del Gobierno como una lógica del "empate". Las bancadas de Chile Vamos acudieron a la Contraloría General de la República pedir que acelere la investigación administrativa que lleva sobre el caso Convenios.
En la instancia, el diputado Andrés Longton (RN) tachó de "distractor" que la ministra vocera, Camila Vallejo (PC), al anunciar ayer el equipo para la probidad e integridad entre instituciones privadas y el Estado, remarcara que los requerimientos de información relativos a la indagatoria serán entregados "con cinco años de antigüedad (...) caiga quién caiga".
"Está bien que se investigue todo lo que se tenga que investigar, pero los antecedentes que hay hasta ahora, es que militantes de partidos de la coalición de Gobierno están involucrados en estas fundaciones a través de un mecanismo para embolsarse ese dinero para sus bolsillos, o bien como una devuelta de mano o como una caja pagadora para favores políticos", sostuvo.
"Respecto de ese mecanismo, hasta el momento no hay ningún antecedente que involucre a personeros de otros gobiernos, por lo tanto, el abrir el artista me parece más un distractor respecto a esta situación que está afectando principalmente a el Gobierno, que lo tiene en una crisis muy profunda", advirtió.
Para la senadora Paulina Núñez (RN), estas declaraciones de Montes dan cuenta de que "el ministro ha dejado de lado la seriedad y la objetividad con la que estaba actuando, y ha entrado en una arena política donde nos vamos a empezar a mover".
A la vez, coincidió con Longton en que "se investigue todo, pero no vamos a permitir que el ministro cambie su discurso, tratando de salvaguardar su propia responsabilidad".
SENADORA PASCUAL: LA OPOSICIÓN SE OLVIDA DEL GOBIERNO ANTERIOR
En el oficialismo, por su parte, desestiman un intento de "empatar" casos y recordaron situaciones que afectaron al Gobierno anterior, de Sebastián Piñera.
"No me parece que hoy se asuma con tanta virulencia (que se intenta establecer esa lógica), cuando se empiezan a olvidar de que solo en el Gobierno anterior las empresas y fundaciones de los hijos del Presidente recibían fondos públicos y proyectos, gracias a ir, incluso, en los viajes presidenciales", reprochó la senadora Claudia Pascual (PC).
"Por eso adhiero a que, si vamos a investigar, investiguemos todo, porque yo creo que realmente tenemos que parar con esta externalización de funciones públicas del Estado", subrayó.
La bancada de Republicanos junto a diputados de RN evalúan los antecedentes para eventualmente impulsar una acusación constitucional contra el ministro Montes y/o Giorgio Jackson (cuya cartera, Desarrollo Social, se ha visto recientemente involucrada en el caso).
