El senador Felipe Kast (Evópoli) afirmó que nunca quiso que la ley de usurpaciones, de la que figura como uno de sus autores, estableciera la posibilidad de que las familias que viven en campamentos puedan terminar en prisión.
Si bien intención transversal era eximir de la aplicación de la legislación a quienes ya se encuentran instalados en asentamientos precarios, una norma transitoria visada en la tramitación de la ley los protege sólo de no ser detenidos o desalojadas, pero no de ser formalizados, juzgados y eventualmente condenanos; pues la usurpación será considerado un delito de acción permanente.
Con esa disposición, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), hizo ver en la víspera que esas miles de familias estarán expuestas a la cárcel, penas que son el mínimo que exige la derecha contra las usurpaciones.
"Es lo que nos presentó el Gobierno"; "nos dijeron que así quedaba todo resuelto"; "yo no soy abogado, nadie nos advirtió", han sido parte de los descargos que, fuera de micrófono, han expresado parlamentarios de oposición y algunos del oficialismo, sorprendidos por el escenario.
La derecha apunta sólo a la responsabilidad del Gobierno, pues fue quien propuso la referida norma transitoria, aprobada luego por la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado.
"Ella sabe que además lo conversamos, que aquí había un acuerdo. Le dijimos el Gobierno que no nos interesa jamás que la personas que hoy están en campamentos se vayan presas. De hecho, la indicación la redactaron ellos, y que hoy digan que sí podrían ser condenadas, pero no detenidas, es una contradicción en sí misma", sostuvo el senador Kast, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Alta.
El veto presidencial ingresado por el Ejecutivo no modifica el artículo transitorio, pero pretende establecer la atribución de que el juez determine no aplicar la pena de presidio, sino sólo una multa en casos donde la usurpación hubiere sido no violenta.
"Es cierto que la ley dice que no pueden ser detenidos, pero no significa que no puedan ser imputadas, juzgados y condenados a penas de cárcel, de acuerdo con la ley de Kast. Hay un error de él por razones de desconocimiento probablemente de la diferencia entre una detención, una imputación y una condena", reprochó el senador socialista José Miguel Insulza, extimonel de la instancia parlamentaria.
Mientras que el diputado Gonzalo Winter (CS) fustigó que "que la derecha a estas alturas no se haya dado cuenta que esos son los efectos de su propia ley después que se les ha dicho en todos los tonos, es la mejor ilustración de los significa para este país legislar a lo Felipe Kast".
AL MENOS 71 MIL FAMILIAS VIVEN EN CAMPAMENTOS
La ministra Tohá insistió hoy en la necesidad de avanzar en el veto para corregir la ley: "Si no cambiamos las penas, a todas las personas que están en campamentos se les puede aplicar cárcel".
El ministro de Viviendas y Urbismo, Carlos Montes (PS), precisó que "hoy hay distintos estudios que indican que hay por lo menos 71 mil familias viviendo en campamentos, y cuando la Justicia toma decisiones de ese tipo hay que las implicancias que tiene porque estamos frente a un problema humano serio, social y político".
Asimismo, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS), indicó que "si nosotros no hubiéramos vetado el proyecto esto significa que todas las personas que viven hoy día en campamentos podrían ser sancionadas con pena de presidio, así lo advertimos en la comisión, al parecer algunos no habían leído el texto aprobado".
Desde la organización Techo, que trabaja con quienes viven en asentamientos precarios, su capellán Héctor Guarda alertó que la disposición señalada "efectivamente podría afectar gravemente a las familias que se encuentran en campamentos".
"Tal como se ha señalado, la excepción que hace el artículo transitorio de la ley original es sólo respecto de algunas disposiciones de la ley, que es bastante dura y establece penas altas para todos los casos de usurpaciones sin distinción", reprochó.
"En este sentido, parece razonable que el veto permita distinguir un caso de otro, no es lo mismo una usurpación comercial, una usurpación violenta y la usurpación que las familias de ir a vivir en un campamento porque no han tenido otra opción en la vida", remarcó.
Con todo, ante las tensiones por la discusión del veto, el senador Rojo Edwards (Republicanos) anticipó que "si se llegara a caer cualquier parte de la ley, incluida la legítima defensa privilegiada, nosotros vamos a hacer un nuevo proyecto para que se respeten las ideas centrales con las cuales se aprobó esta ley".
En la víspera, el Gobierno le puso suma urgencia al veto presidencial, que propone 14 observaciones a la ley original, 10 de fondo y cuatro formales: el Senado tiene un plazo máximo de 15 días para votarlo y despacharlos a la Cámara Baja.
