La tramitación comenzó en la Comisión de Seguridad del Senado, donde la ministra del Interior expuso sus 14 observaciones.
La ministra Carolina Tohá admitió que inicialmente, el Gobierno pretendía vetar todo el proyecto.
El Gobierno puso suma urgencia a la discusión del veto presidencial aplicado al proyecto de ley de usurpaciones, obligando al Senado a votarlo en un máximo de 15 días a partir de este miércoles, que comenzó a tramitarlo en la Comisión de Seguridad.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, que expuso en detalle las 14 observaciones que contiene esta iniciativa en la sesión de hoy, aprovechó la oportunidad para sostener que "originalmente, el Ejecutivo tenía la idea de hacer un solo veto sustitutivo".
"Creemos que la forma en que se ha presentado este debate a la opinión pública ha sido tan divisiva, tan radicalizadora de las posturas, que era bueno que a propósito del veto, se hiciera una manera de debatirlo como un solo paquete, y no correr el riesgo de terminar con una ley desarmada por todos lados", detalló.
Finalmente, cambiaron de opinión después de que la oposición indicara que "era mejor, para efectos de mantener un buen clima, que cada observación se presentara y se votara por sí misma en su mérito".
El debate de fondo tiene que ver con el peso de las sanciones respecto de la gravedad de las usurpaciones, pues el Gobierno sugiere dejar a criterio del juez si en los casos no violentos aplica una pena de cárcel o una multa.
Durante la sesión, José García Ruminot (RN) reveló que durante el verano, el Presidente Gabriel Boric encargó a él y al PPD Jaime Quintana trabajar por un acuerdo para destrabar el proyecto, y si bien tal consenso no está firmado, afirmó que "la palabra hay que respetarla, y todo tipo de usurpaciones contemplaba delito de presidio" en el mismo.
Después de que la ministra Tohá notara que la moción presentada por el senador Felipe Kast (Evópoli) proponía un castigo menor, el aludido explicó que "cuando ingresamos los trabajos comunitarios, muchos penalistas nos dijeron que era mejor que hubiera penas de cárcel, por la proporcionalidad de la pena, porque no puede ser que un robo de un celular o de una mochila tengan pena de cárcel, y un delito que es más grave, como la usurpación, tenga una pena menor".
En cuanto a la posibilidad de un acuerdo, cuando algunos sectores del oficialismo se oponen a que estos hechos se castiguen con presidio, Kast dijo haber manifestado a la ministra "nuestra disposición a construir un acuerdo, siempre y cuando se mantenga la voluntad del Congreso de que esto tenga pena de cárcel en todo tipo de usurpaciones".
Volviendo a las penas, su par del PS Paulina Vodanovic insistió en que "no es lo mismo que una persona sin casa ingrese a un lugar que esté deshabitado y abierto, que alguien que entra armado o ejerciendo violencia contra las personas. Si equiparamos las penas, no estamos penalizando de manera más robusta a aquellos que cometen un delito con violencia o con fuerza sobre las cosas".
Dadas las críticas opositoras, la timonel socialista admitió que "no sé si vamos a llegar a acuerdo; creo que si todas estas polémicas van a dilatar la aprobación de la ley, es algo perjudicial para el país".
