El ministro Andrés Zaldívar subrayó que el Gobierno no aceptará medidas de presión para conseguir una vivienda, porque se "perjudica a otra persona que ha hecho un esfuerzo".
Los dos intentos de toma que se registraron el pasado fin de semana en un fundo de la comuna de Peñalolén sirvieron al Ejecutivo para enfatizar que ordenará el desalojo de cualquier ocupación ilegal de terrenos o viviendas, porque se afecta a personas que han postulado legalmente a su casa propia.
Mientras en el Ministerio del Interior se reconoce en privado que hay posibilidades que este tipo de hechos se repitan, el titular de la cartera fustigó a quienes quieren ser propietarios a través de acciones de violencia.
"Si alguien pretende hacerse de una vivienda por la vía violenta, no podemos aceptarlo", expresó.
Para La Moneda, explicó Zaldívar, una toma "perjudica a otra persona que ha hecho un esfuerzo, un ahorro y que ha tomado todas las medidas del caso como para acceder a una vivienda, eso no lo vamos a permitir".
El jefe del Gabinete también confirmó que a fines de mayo próximo terminará la erradicación de la Toma de Peñalolén, cuyos habitantes lograron una solución habitacional definitiva.
El pasado fin de semana, y en dos oportunidades, un grupo de 200 personas intentó tomarse un terreno en Peñalolén alto, en la franja entre Grecia y Las Torres.
Durante el desalojo, 85 manifestantes fueron detenidos y una veintena de Carabineros resultó lesionada por pedradas de los pobladores.
En tanto, la Intendencia de Santiago presentó una querella, por los delitos de asociación ilícita, usurpación de terrenos e interrupción del orden público, contra quienes resulten responsables de los intentos de toma del fin de semana.
La acción judicial fue interpuesta ante el 13º Juzgado de Garantía de Santiago.
En la comuna Peñalolén ha habido varios intentos de toma de terreno, desde que en 1999, un grupo de pobladores se instalara en un terreno desocupado, propiedad del empresario Miguel Nasur, quien autorizó el ingreso de allegados, para intentar vender a un precio superior al de mercado su predio al Estado.
En el Gobierno también se analiza la situación de los líderes de los movimientos de allegados, que dirigen las tomas, pues en su mayoría -detallaron en el Ejecutivo- son personas que no tienen problemas de vivienda y sólo actúan como activistas. (Cooperativa.cl)
