El gremio criticó la propuesta de Harboe, Larraín y Espina que fuerza a las personas a entregar antecedentes de un acto delictual.
La orden profesional asegura que podría traer consigo aspectos perjudiciales para la labor.
Javiera Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas.
"Un paso en contra de los derechos de la ciudadanía y del ejercicio del periodismo".
Así calificó el Colegio de Periodistas de Chile la indicación a la Ley Corta Antidelincuencia que presentaron los senadores Felipe Harboe (PPD), Hernán Larraín (UDI) y Alberto Espina (RN).
La propuesta en cuestión, destaca el gremio a través de un comunicado, establece que toda persona natural y jurídica "que tenga información o antecedentes que permitan identificar a los responsables de una infracción o delito que se haya producido con motivo u ocasión de la realización de un crimen o simple delito, tales como grabaciones o fotografías, deberá entregarla, a la mayor brevedad, a las policías o Ministerio Público, cuando les serán requeridos por éstos".
Si una persona se niega a entregar estos antecedentes, se "castigará con la pena señalada para el delito establecido en el artículo 269 bis del Código Penal -presidio menor en su grado mínimo y multa de dos a doce unidades tributarias mensuales-".
Dificultades para ejercer el periodismo
Para el Colegio, esta indicación traería consigo una serie de aspectos "perjudiciales para el derecho a la libertad de expresión y la garantía de acceso a la información de la ciudadanía". Entre otros puntos, el resguardo de las fuentes informativas.
El abogado del gremio, Luis Cuello, destacó que si bien la Ley de Prensa estaría por sobre esta legislación, la indicación "podría ser malinterpretada por los órganos persecutores y complicar el trabajo periodístico e informativo, exponiendo a las fuentes a su identificación por parte de terceros".
"Pero más allá de eso, la indicación sigue siendo lesiva con relación a los derechos de los ciudadanos en general", sostuvo el jurista.
"Policías podrían requisar el material"
Por su parte, la directiva de la orden, liderada por Javiera Olivares, dijo que "aunque entendemos que la Ley de Prensa tiene una jerarquía superior, de todas formas sometería a los trabajadores de la comunicación al rechazo, e incluso violencia, cuando cubran situaciones de alta complejidad, ya que podrían ser vistos como una especie de agentes encubiertos o colaboradores de la justicia, como han denunciado en las organizaciones de reporteros gráficos. En concreto, pone en riesgo un derecho ganado hace muchos años por los periodistas y quienes se desempeñan en el sistema informativo".
Todo esto, "redundaría en la autocensura, el evitar registrar hechos de alto impacto informativo por las represalias en esta acción. Y, por último, como está redactada la indicación permitiría a las policías requisar el material, ya que no habla de copia sino de antecedentes. Y esa es una atribución administrativa que vulnera los derechos ciudadanos e, incluso, se podría decir que el derecho de propiedad por lo cual tendría vicios de inconstitucionalidad".
"En concreto se expondría a la ciudadanía y a los periodistas a un control discrecional y exacerbado de parte de las fuerzas policiales, avanzando a una especie de Estado policial, lo cual amedrenta la libre acción en el espacio público", expresó la directiva del Colegio de Periodistas.
