La Contraloría decidió no tomar razón del decreto ingresado en agosto por el Gobierno que buscaba doblar el tiempo en que las empresas telefónicas almacenan las comunicaciones de sus clientes, a fin de que estuvieran a disposición de las autoridades con fines de seguridad.
La iniciativa generó en los últimos meses un fuerte rechazo de varias ONGs, que la denominaron como "decreto espía". En concreto, el texto obligaba a las firmas a almacenar por dos años los datos informáticos (hoy el plazo es un año), a conservar direcciones IP y datos de SMS y mensajes a través de diversas aplicaciones de internet, facultando su acceso a cualquier institución facultada por ley para requerirla, sin necesidad de autorización judicial.
"Diversas disposiciones del señalado reglamento regulan materias propias de ley (...) excediendo las normas que del Código Procesal Penal que se invocan como fundamento o resultan aplicables", dice el dictamen firmado por el contralor Jorge Bermúdez, informó esta tarde La Segunda.
Cabe recordar que, si bien el decreto lleva la firma de los ministros del Interior, Transportes y Justicia, su principal defensor público fue el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien en los últimos meses negó que el cambio fuera "para espiar a personas o para vulnerar la privacidad de éstas".
Desde el Gobierno dijeron al vespertino que pedirán a la Contraloría "una aclaración", para que fundamente "adecuadamente" su decisión.
En tanto, el senador del PPD, Felipe Harboe, en conjunto al UDI Hernán Larraín, presentó un escrito al contralor Bermúdez en septiembre de este año mostrando disconformidad del decreto y hoy habló de un triunfo ciudadano.
"Se aumentaba por decreto y no por ley el plazo para poder almacenar el tráfico de comunicaciones que tiene cualquier chilena o chileno. A nosotros no nos parecía que un gobierno de cualquier color que por decreto y sin ningún control de legalidad lo pudiera hacer, por eso estamos contentos de que se haya reservado el principio de legalidad", manifestó.
"Cuando la Constitución establece la inviolabilidad de las comunicaciones y establece también la privacidad lo que corresponde es que cualquier limitación a ellas sea por ley y no por decreto", añadió Harboe.
Organizaciones celebran
Las ONGs y fundaciones que cuestionaban el texto celebraron la decisión de la Contraloría a través de las redes sociales.
"Estamos súper contentos con esta decisión. Es algo que esperábamos porque estábamos convencidos que el decreto era ilegal en los términos que estaba redactado", dijo a La Segunda la directora de la Fundación Datos Protegidos, Romina Garrido.
"La decisión de la Contraloría es por dos motivos distintos: en lo formal, declara que lo que se buscaba regular es materia propia de ley y, por tanto, el Ministerio del Interior se estaba extendiendo en sus facultades. Y por otro lado, la Contraloría llama la atención en conceptos sumamente vagos que caracterizaba al decreto", analizó Pablo Viollier, de la ONG Derechos Digitales, quien argumenta que "la retención tiene que ser respecto de personas sospechosas al interior de un proceso".
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