El Gobierno ingresó a Contraloría un decreto para que los registros "puedan ser conservados y estar disponibles en procesos judiciales".
"No es para espiar a personas", aseguró el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.
Expertos en materia constitucional y digital consideran que las modificaciones deberían discutirse en el Congreso.
El 4 de agosto el Ministerio del Interior ingresó a la Contraloría una actualización del decreto 142 sobre metadatos, que regula la forma en que las empresas proveedoras de telecomunicaciones manejan la informacion sobre sus usuarios.
La iniciativa generó resquemor en organizaciones no gubernamentales, que alertan que el proyecto podría vulnerar la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones, según reportó El Mostrador.
En este contexto, abogados expertos en el ámbito constitucional y digital consideran que las modificaciones deberían discutirse en el Congreso y no a través de un reglamento, junto con abarcar otro tipo de comunicaciones como mensajes de texto y WhatsApp, entre otros medios.
"Que estén disponibles para procesos judiciales"
Ante estas inquietudes, el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, afirmó que el decreto sólo busca actualizar el actual reglamento, que data de 2005.
"En los últimos 12 años las telecomunicaciones han experimentado avances significativos, y lo que se procura es actualizar la norma para mejorar la herramienta investigativa de interceptación, y que los registros de los metadatos de diferentes tipos de comunicaciones puedan ser conservados para estar disponibles en procesos judiciales, a petición del Ministerio Público", explicó Aleuy, en declaraciones reproducidas por Las Últimas Noticias.
El subsecretario recalcó que "el cambio no es para espiar a personas o para vulnerar la privacidad de éstas, porque el reglamento no innova en eso", y afirmó que lo que se hace es establecer un plazo más amplio para la conservación de los registros a dos años, puesto que en el actual decreto es de al menos un año.
Segundo, se precisa el tipo de registros permitidos, que corresponden a datos numéricos (como origen, destino, duración, ubicación, entre otros) y no a contenidos.
Tercero, "define un procedimiento estandarizado para que las instituciones legalmente habilitadas requieran los datos a las empresas", a objeto de facilitar el trabajo de las policías, que a veces debían esperar meses por información solicitada y terminaban recibiendo como respuesta que ya no era posible acceder a los datos.
Hay "deber de confidencialidad"
En este contexto, Aleuy insistió en que "las empresas no pueden registrar el contenido de las comunicaciones" y, además, el decreto "señala el deber de confidencialidad, resguardo y seguridad de los datos conservados".
La normativa tiene su origen en 2014, cuando era ministro del Interior Rodrigo Peñailillo y cuando el debate por los bombazos se concentró en mejorar la capacidad investigativa de las policías.
El reglamento fue trabajado por Aleuy y actualmente se encuentra en la Contraloría.
