Los 23 reos están en presión preventiva, algunos de ellos hace más de un año.
Familiares acusaron al Gobierno de un "doble estándar" tras la postura adoptada con Cuba.
Un grupo de 23 presos mapuches inició este lunes en cárceles de Concepción y Temuco una huelga de hambre líquida "hasta las últimas consecuencias" para exigir garantías ante la Justicia, confirmaron a la agencia EFE familiares de los reos.
En la cárcel El Manzano, en Concepción, se encuentra internados 15 de los y otros ocho permanecen en el centro de detención de Temuco.
Todos ellos están en prisión preventiva, algunos desde hace más de un año y medio, imputados por la Ley Antiterrorista.
Esta medida se conoce después de que el disidente cubano Guillermo Fariñas abandonara la semana pasada la huelga de hambre que mantuvo durante más de cuatro meses tras el anuncio de la inminente excarcelación de varios presos políticos.
"La postura del Gobierno central ha sido de completo apoyo (a los presos políticos de Cuba). No se dan cuenta del problema interno que están creando. Es un doble estándar", dijo María Tralcal, esposa de uno de los reos mapuches.
Estos reclusos exigen, entre otras medidas, el término de las causas abiertas en la Justicia Militar, la libertad de todos los que denominan "presos políticos mapuches" y el fin de la aplicación de la Ley Antiterrorista en su contra.
Más de un centenar de encarceladosSegún un informe de la Comisión Etica contra la Tortura, hasta el pasado 23 de junio había en Chile un total de 106 indígenas encarcelados, condenados o procesados en relación con el llamado conflicto mapuche, cifra que supone casi el doble de hace un año.
La ley antiterrorista permite mantener a los acusados en prisión preventiva durante dos años, impedir a los abogados defensores el acceso a la investigación y presentar testigos cuya identidad y rostro es protegido.
La ONU ha criticado la aplicación de esta ley contra los mapuches, que representan la principal etnia indígena del país.
Los presos en huelga de hambre también denuncian ser víctimas de "montajes político-policiales" y exigen acabar con prácticas que violan los derechos humanos, entre las que citan la extorsión, las torturas físicas y psicológicas y las condiciones de reclusión denigrantes.
Asimismo, piden el término de lo que denominan la desmilitarización en las zonas mapuche, situadas en el sur de Chile, donde estas comunidades mantienen un conflicto con empresas agrícolas y forestales por la propiedad de tierras que consideran ancestrales.
