Tras firmar el decreto, que beneficiará a más de 1.200.000 personas, la Mandataria indicó que es fundamental que el país no tenga "trabajadores de primera y segunda categoría".
La Presidenta Michelle Bachelet promulgó este lunes la ley que norma las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados y que se estima beneficiará a más de 1.200.000 personas.
El nuevo escenario obligará a las empresas a responsabilizarse de dichos trabajadores y a cumplir con el pago de sus cuotas previsionales.
En una ceremonia que encabezó en el Palacio de la Moneda, la Mandataria indicó que la ley es "un paso más" para terminar con las distinciones entre trabajadores.
"Hemos logrado sacar adelante la ley de subcontratación y trabajo transitorio, algo que algunos pensaron que era improbable, algo que la gran mayoría esperaba para mejorar la calidad de vida de muchas y muchos chilenos", señaló.
"Con esto -sostuvo- se busca desterrar prácticas abusivas como el despido y la posterior recontratación bajo peores condiciones, o la pérdida artificial de los derechos de negociar colectivamente y sindicalizarse".
Bachelet agregó que "en un país como el nuestro, en el que las cosas han ido bien y van a seguir caminando bien, es fundamental que no tengamos trabajadores de primera y segunda categoría".
La jefa de Estado indicó que comparte el esfuerzo de las empresas en productividad, pero agregó que eso "no puede traducirse" en la vulneración de los derechos laborales.
"En el Gobierno (...) compartimos el esfuerzo del sector empresarial por avanzar en productividad y en competitividad, pero al mismo tiempo entendemos que eso no puede ser sinónimo de que la reducción de costos se base en la reducción de derechos laborales o en la desprotección de los trabajadores", dijo.
¿En qué consiste la ley?
Las nueva ley determina que las empresas con trabajadores subcontratados deben estar inscritas en la Dirección del Trabajo y dejar una garantía, dependiendo del número de empleados, para enfrentar eventuales multas por no cumplimiento de contratos.
Además, sostiene que las empresas de servicios transitorios deberán capacitar al menos al 10 por ciento de los trabajadores que suministren en el año calendario.
También contempla que las contratistas no podrán mantener ninguna relación de propiedad con las empresas usuarias y constituirán una garantía de 500 UF (9.280.850 pesos a este lunes) por cada operario.
Por otro lado, la ley faculta a la Dirección del Trabajo a pagar, desde ese fondo, las multas por no cumplimiento de contratos de las empresas externas para con sus operarios, además de determinar la cancelación de su inscripción en el registro, en caso de incumplimientos graves y reiterados de la legislación laboral y previsional. (Cooperativa.cl)
