La Sala de la Cámara de Diputados aprobó este martes por 78 votos a favor el proyecto de acuerdo entre Chile y la Unión Europea sobre la permanencia de soldados nacionales en la operación militar de gestión de crisis de la Unión Europea (UE) en Bosnia-Herzegovina, lo que implica un costo para el país de 350 mil dólares, destinados a remuneraciones, traslados, traducción y alimentación e las tropas, fundamentalmente.
La iniciativa establece que Chile se asocia a la acción común del Consejo de la Unión Europea en la denominada "Operación Althea" y sus prórrogas, de existir éstas si así lo decide la UE.
Los antecedentes de este proyecto se remontan a 1996, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU creó la Fuerza Militar Multinacional de Estabilización (SFOR), bajo el mando de la OTAN. Chile fue invitado a participar en 2003, mediante la inclusión de personal en las fuerzas británicas desplegadas en Bosnia, misión que terminó en mayo de 2007.
Sin embargo, en 2004, el Consejo de Seguridad acordó traspasar el mando desde la SFOR a una misión dirigida por la Unión Europea y en la que Chile también fue congregado.
Tras ser aprobada por la Cámara, la autorización de esta misión militar chilena ahora queda en manos del Senado.
Compromisos
De ser ratificado este acuerdo, Chile deberá asumir la totalidad de los costos ligados a su participación en la operación -salvo cuando sean específicamente de financiamiento común con la UE-, comprometiéndose también a indemnizar en caso de muerte, lesiones, daños o perjuicios a personas físicas o jurídicas del o los Estados en que se realice la operación.
Según informó la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, nuestro país debe gastar 350 mil dólares en este operativo, el que viene estipulado en el Fondo para Misiones de Paz.
El proyecto legislativo también establece que Chile deberá informar oportunamente al comandante de la Operación de la UE de cualquier cambio respecto a su participación en la operación, comprometiéndose además a resguardar la información clasificada de la UE de acuerdo con las directrices establecidas por el Consejo del organismo.
Chile tendrá los mismos derechos y obligaciones que los estados miembros de la Unión Europea en la gestión cotidiana de la operación.