La polémica reforma a la ley de propiedad intelectual

Uno de los temas que más polvareda ha levantado en los medios de comunicación y, especialmente en la blogósfera, es la reforma a la ley Nº 17.336 sobre propiedad intelectual, que data de 1970.

En medio de acusaciones y descalificaciones entre ambas partes, el tema de fondo está quedando en un tercer plano. El problema es que puede afectar directamente a las personas en un corto plazo.

Las fotocopias y la banda ancha podrían encarecerse con la reforma legal.

El proyecto de reforma pasó por la Cámara de Diputados y ahora se encuentra en el segundo trámite constitucional en el Senado, donde la comisión unida de educación y economía está revisando las más de 250 indicaciones. Algunas más complejas que otras.

Hace unos meses, los senadores decidieron armar una mesa de asesores e interesados, con varias organizaciones como la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), la ACTI, la ONG Derechos Digitales y el movimiento ciudadano Liberación Digital, entre otros. Fueron varias reuniones provechosas, hasta que algo pasó.

"A través del blog de los artistas, me enteré que la SCD se reunió con el ministro Viera Gallo y la ministra Urrutia y llegaron a ciertos puntos de acuerdo", relató Claudio Ruiz, abogado y presidente de la ONG de Derechos Digitales, a Cooperativa.cl.

Esto generó molestia en las organizaciones que participaban de la mesa, que renunciaron en bloque a la instancia. "La ministra reconoció que el acuerdo existía y que ésos iban a ser los lineamientos del Gobierno ", contó Ruiz, con decepción.

"La reunión nunca fue secreta. El ministro Viera-Gallo invitó a los artistas a una reunión para ver cuáles eran los puntos que les interesaban. Hemos sido absolutamente claros y transparentes", refutó Jorge Mahú, abogado y director de estudio de la SCD, a este medio.

En ese punto se entramparon las negociaciones y la mesa se quebró. A continuación revisaremos algunos de los tópicos que contenía el punteo de la SCD y el gobierno, y que aparecen como barreras infranqueables para llegar a un consenso.

Un punto que queda fuera de la ley con la propuesta de los artistas son los "usos justos" de ciertas piezas, que permite a las personas utilizar incidentalmente obras intelectuales, sin incurrir en una infracción del derecho de autor.

Uno de ellos son las fotocopias de libros o capítulos de ellos. "Este tipo de reproducciones constituyen un problema para la industria del libro. Los países nórdicos establecieron que por cada fotocopia se paga una ínfima cantidad de dinero, lo que me parece una buena medida", propuso Mahú.

Una de las excepciones que se elimina es hacer traducciones de textos que no estén en castellano. "Si un profesor toma un texto y lo traduce, estaría fuera de la ley, aunque su finalidad no sea comercial", dijo Ruiz.

"Lo que la ley necesita es determinar de forma concreta cuáles cosas están permitidas para que el público pueda acceder a la cultura. Lo que queremos es que las excepciones se regulen de forma clara para no crear un forado que permita burlar la ley", contó, vehemente, Mahú.

"Se ha dicho que esta ley intenta legalizar la piratería y otras cosas, pero el uso justo sólo trata ciertos puntos determinados", explicó Ruiz.

Responsabilidad de los proveedores

Otro punto polémico es el establecimiento de la responsabilidad de los proveedores de internet (conocidos como ISP por sus siglas en inglés), por los actos de sus clientes.

"Hoy día hay un tremendo negocio con las obras en internet, donde los autores no están recibiendo ninguna compensación. No queremos exonerar desde ya a los ISP, porque si no nunca vamos a tener una retribución. Lo que más circulan son obras musicales y películas. Hoy día la banda ancha no se justifica para mandar un mail", explicó el abogado de la SCD.

"Lo que nosotros sostenemos es que la responsabilidad debe estar dada por la vía judicial, dado que estamos hablando de derechos fundamentales. La SCD intenta eliminar la exención de responsabilidad y hacer responsable a los ISP en un montón de casos por hechos de terceros", dijo Ruiz.

Un tema que preocupa a las organizaciones es la condición de ente único de la SCD como recaudadora de pagos por los derechos de autor. Si un local comercial, como almacén o discoteque no está de acuerdo con los montos que le corresponde cancelar, no puede apelar.

"En su condición de monopolio, la SCD fija su presupuesto y no hay nadie que lo discuta. La SCD está buscando que no haya arbitraje forzoso, y para esto se refugia en los artistas que aparecen como víctimas", dijo Rodrigo Rojas, abogado de la ACTI, a Cooperativa.cl.

Para zanjar esta situación, el proyecto original proponía un "arbitraje forzoso" al no haber acuerdo entre las partes por el monto de la tarifa. Un tercero iba a dictaminar la tarifa a pagar.

Para Mahú, "el sistema de arbitraje como se está planteando busca judicializar las relaciones entre las partes. Además, lo peor que le puede pasar al local es que pague la tarifa original propuesta por la SCD".

Por último, uno de los temores es que, eventualmente, se instaure en nuestro país un "canon digital", un gravamen que se aplica sobre los productos que potencialmente se pueden emplear para reproducir obras con derechos de autor, como CD y DVD vírgenes.

Rodrigo Rojas señaló a Cooperativa.cl que le preocupa que se establezca este tipo de impuestos. "Si hay un canon digital, el costo de la banda ancha va a subir", dijo.

Sobre este punto, Mahú cree que "es un tema a discutir. Como país debemos estar abiertos a conversarlo. Yo creo que lo que corresponde es ponerlo en la mesa y debatirlo".

En un tópico en que finalmente coinciden los entrevistados es que se está perdiendo la oportunidad de tener una buena ley, con la participación de los distintos actores de la sociedad.

Ahora, la ley número 17.336 está en la cámara alta, donde los senadores deberán decidir cómo será la nueva norma que rija la propiedad intelectual en Chile y cuáles de estos puntos pueden perjudicar a los artistas y ciudadanos chilenos.