La iniciativa contempla la prisión preventiva para quienes agreden a Carabineros.
También agrava las penas para los encapuchados en los desórdenes públicos.
Este martes fue presentado en el Congreso el proyecto de ley que intentará tipificar los saqueos y criminalizar las tomas, en el marco de las manifestaciones ocurridas en los últimos meses en el país.
El proyecto establece una "responsabilidad penal" para que los participen o inciten desórdenes o "cualquier otro acto de fuerza o violencia" que conlleve "paralizar o interrumpir algunos servicios públicos, tales como los hospitalarios, los de emergencia y los de electricidad, combustibles, agua potable, comunicaciones o transporte".
También contempla los "desórdenes públicos penalmente relevantes" como aquellos que mediante la fuerza o violencia invadan, ocupen o saqueen "viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, industriales, educacionales, religiosos o cualquiera otro, sean privados, fiscales o municipales".
Entre estos desórdenes además incluye a aquellos que impiden o alteran "la libre circulación de las personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes; atentar en contra de la autoridad o sus agentes; o si se emplean armas de fuego, cortantes o punzantes, artefactos o elementos explosivos, incendiarios o químicos u otros capaces de producir daños a las personas o a la propiedad para tales efectos".
Encapuchados y protección a Carabineros
El proyecto del Ejecutivo también contempla agravar las sanciones a quienes cometan delitos de desórdenes públicos estando encapuchados "o con otro elemento que impida, dificulte o retarde la identificación".
El texto además propone "eliminar la pena alternativa de multa aplicable para quienes cometan atentados contra la autoridad, manteniendo la actual sanción privativa de libertad contenida en la ley a quienes atenten contra la acción de las autoridades, particularmente, de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones".
Finalmente el proyecto de ley incorpora una nueva facultad para que las Fuerzas de Orden y Seguridad "puedan solicitar la entrega voluntaria de grabaciones, filmaciones u otros medios electrónicos que puedan servir para acreditar la existencia de delitos o la participación en los mismos, sin orden previa del fiscal".
En septiembre de este año fue presentado por la Cámara Nacional de Comercio un proyecto similar al que entregó el Ejecutivo en el Congreso, poniendo énfasis en los desórdenes y la solicitud de que las tomas y saqueos sean castigados.
