Suprema rebajó condenas para cúpula de DINA por asesinato de Carlos Prats

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Autor: Cooperativa.cl

Manuel Contreras fue condenado a 17 años por doble homicidio calificado.

El fallo de Rubén Ballesteros sentencia a los ex represores por asociación ilícita.

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La sala penal de la Corte Suprema entregó este jueves el fallo final por el doble asesinato del ex general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, rebajando las condenas de cárcel contra la cúpula de la DINA.

ImagenEn el caso del delito de doble homicidio calificado, Manuel Contreras, quien estaba condenado a doble cadena perpetua según el dictamen del juez Alejandro Solís, cumplirá una sentencia de 17 años.

Misma pena para el ex brigadier Pedro Espinoza, condenado en primera instancia a 20 años de prisión. Bajo el cargo de asociación ilícita, además, las principales cabezas de la DINA fueron sentenciados a tres años y un día de cárcel.

Raúl Iturriaga Neumann, José Octavio Zara, Cristoph Willike y Juan Morales Salgado fueron condenados a 15 años y un día de presidio menor en su grado máximo, también sin beneficios. Por el delito de asociación ilícita en tanto, recibieron penas de 100 días tras las rejas.

Un proceso de ocho añosCon esto, el máximo tribunal modificó, aplicando la medida de media prescripción, la pena de doble cadena perpetua y 20 años para Manuel Contreras, en su carácter de jefe de la asociación ilícita terrorista como fue calificada la Dirección de Inteligencia Nacional.

Esto también benefició a los ex brigadieres Pedro Espinoza y Raúl Iturriaga Neumann, quienes habían sido condenados dos penas de 20 años y dos sentencias de 10 años de cárcel, respectivamente.

En el caso de Mariana Callejas, ex esposa del autor material del crimen, Michael Townley, y Jorge Iturriaga Neumann, fueron sentenciados a cinco años de presidio con beneficios, en calidad de cómplices. Reginaldo Valdés Alarcón, en tanto, obtuvo dos penas de 541 de preisdio menor en su grado medio con beneficio de remisión condicional de la pena.

Así, se pone fin a un proceso que se inició en 2002, cuando la Corte Suprema aceptó una extradición por parte del gobierno argentino y abrió una investigación por doble homicidio calificado y crimen de lesa humanidad ejecutado en territorio extranjero, señalando que el principio de ejecución de este delito comenzó en el país, con la planificación del atentado.

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