Este lunes firmaron un acuerdo con el que "cierran" sus disputas.
El documento estableció el control ambiental conjunto del río que separa a ambos países.
Uruguay y Argentina pusieron punto final este lunes al largo conflicto bilateral causado por la instalación de una fábrica de celulosa, el más grave en varias décadas, con la firma de un acuerdo que estableció el control ambiental conjunto del río que separa ambos países.
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| Los cancilleres de Argentina y Uruguay firmaron este lunes el acuerdo. (Foto: EFE) |
El canciller uruguayo, Luis Almagro, y su par argentino, Héctor Timerman, sellaron el acuerdo, que establece la puesta en marcha del un comité científico ambiental esta misma semana tras una reunión en Montevideo.
En declaraciones a los medios, Timerman manifestó que tras esta firma, Argentina da por "resuelto" el conflicto con Uruguay y enfatizó que este acuerdo, con el tiempo, será considerado "un hito" en el cuidado del medio ambiente.
"El acuerdo priorizó el control medioambiental por encima de todo, y que se llevara adelante el fallo de La Haya, estamos satisfechos, estamos convencidos de que hemos hecho lo mejor para la gente que vive en el río Uruguay", afirmó el ministro.
Comité científico ambiental
Según el acuerdo, el comité, formado por dos científicos uruguayos y dos argentinos, tendrá como misión primaria controlar la calidad ambiental tanto dentro como en las inmediaciones de la planta papelera de UPM (ex Botnia), germen del conflicto, así como en general de las aguas del río Gualeguaychú, del río Uruguay y de todos los centros urbanos, agrícolas e industriales de la zona.
El cronograma presentado por los ministros establece que el comité científico, que formará parte de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el organismo bilateral encargado de controlar el uso de las aguas, iniciará sus trabajos el jueves próximo y tendrá 60 días para elaborar una agenda.
El documento firmado señala explícitamente que el comité podrá entrar hasta 12 veces al año dentro de la fábrica acompañando a las autoridades uruguayas para tomar muestras de los vertidos que analizarán de forma independiente.
El conflicto bilateral surgió en 2006 cuando se puso en marcha en la ribera uruguaya del río fronterizo la planta de Botnia, que con 1.800 millones de dólares se convirtió en la mayor inversión individual en la historia de Uruguay.
