El organismo encargado de dar a conocer oficialmente a la empresa de capitales chilenos que debe dejar de realizar sus vuelos está a cargo de un organismo limeño, que se opone terminantemente a la medida.
La aerolínea Lan Perú, del grupo chileno afirmó a través de un comunicado que, pese a que la considera una medida "arbitraria" e "injusta", acatará el cese de sus operaciones dictado por la justicia del vecino país tan pronto sea notificada por la autoridad aeronáutica.
La autoridad aeronáutica es la Dirección General de Aeronáutica Civil, que depende del ministerio de Transportes y Comunicaciones, y éste se ha negado hasta el momento a acatar la orden judicial esgrimiendo que debe defender los intereses de miles de usuarios, tomando en cuenta que Lan Perú cubre más del 25 por ciento del mercado doméstico.
La renuencia del ministerio de Transportes ha enfrentado a los poderes Ejecutivo y Judicial, que ha llevado a éste último a advertir que no se está respetando la independencia de poderes.
"Las medidas judiciales están para cumplirse. Si una empresa no tiene accionariado que le corresponde por ley a los peruanos, la consecuencia lógica es que no cumple con la ley, y si no cumple con la ley no vuela. Es todo lo que se ha resuelto", dijo el martes el juez Eloy Zamalloa, titular del Cuarto Juzgado Civil de Arequipa.
Zamalloa dictó la medida cautelar acogiendo una demanda de la aerolínea Aviandina -de la empresa AeroContinente, actualmente operando bajo el nombre Nuevo Continente- que acusaba a su rival de no cumplir con el requerimiento legal de contar con 30 por ciento de capital peruano para poder operar en ése país.
"A pesar de considerar esta medida arbitraria e injusta, Lan Perú la acatará tan pronto le notifique la autoridad aeronáutica que han quedado suspendidos sus permisos de operación", aseveró al respecto la empresa en un comunicado.
Agregó que con la aplicación de esa medida, se afectará el servicio de transporte de pasajeros y carga a 11 destinos nacionales y 11 internacionales, lo que significa que serán perjudicadas 5.500 personas. (Agencias)
