El ex presidente egipcio Hosni Mubarak compareció este sábado en la apertura de su nuevo juicio y negó su implicación en varios casos de corrupción y en la muerte de manifestantes durante la revuelta de 2011 que le obligó a abandonar el poder.
Un gesto de negación con la mano le bastó a Mubarak para rechazar las acusaciones, que también negaron los demás inculpados en la sala durante el juicio, que finalmente se pospuso para el 8 de junio.
En el banquillo volvieron a sentarse por la muerte de manifestantes Mubarak y el ex titular egipcio de Interior Habib al Adli, a quienes se anuló en enero pasado su anterior condena a cadena perpetua; y los seis ayudantes del ex ministro, que fueron absueltos y ahora afrontan igualmente la repetición del proceso.
El representante de la Fiscalía, Mustafa Jater, les acusó de participar "con premeditación y alevosía" en los asesinatos de personas durante las protestas que llevaron a la caída de Mubarak, en febrero de 2011.
Refiriéndose a Mubarak, Jater dijo que este permitió a Al Adli el uso de la fuerza para la comisión de tales crímenes y no intervino para detenerlos.
Además, el ex mandatario compareció junto con sus hijos Alaa y Gamal por la supuesta venta a Israel a precios por debajo de los del mercado, lo que -según la Fiscalía- supuso al estado pérdidas por 714 millones de dólares.
En esta causa también está involucrado el empresario fugado Husein Salem, quien supuestamente entregó a Mubarak cinco mansiones por valor de 5,6 millones de dólares a cambio de fincas cuya extensión totalizaba más de dos millones de metros cuadrados en Sharm el Sheij, en la costa de la península del Sinaí.
El nuevo juicio
El nuevo tribunal que lo juzga, presidido por el magistrado Mahmud el Rashidi, decidió hoy sábado extender la prisión preventiva para Mubarak, sus hijos y Al Adli.
La sesión discurrió en el ya tradicional ambiente caótico, entre los gritos de los abogados de ambas partes -con los de la acusación quejándose de una supuesta discriminación en el trato- y los intentos del juez por poner orden.
El proceso, al que se han añadido nuevas pruebas y cuyo sumario ya ocupa unos 55.000 folios, unirá a partir de ahora las dos causas: la referida a las muertes de más de 800 manifestantes y la de delitos de enriquecimiento ilícito y daño premeditado a los fondos públicos.
Además, El Rashidi pidió a la acusación que unificara sus demandas para no tener que atender por separado a más de 2.000 abogados.