El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) del Ministerio Público, Francisco Bravo, alertó este martes que los persecutores no están en condiciones de hacer un trabajo óptimo debido a la gran cantidad de causas que deben atender, lo que merma "la calidad del servicio de justicia", en un contexto en que "los delitos se duplicaron en la última década".
En conversación con El Diario de Cooperativa, el investigador de la zona Metropolitana Centro Norte dijo que existe alta preocupación en el gremio producto de los resultados que arrojó un estudio de carga laboral que elaboró a petición de la entidad el fiscal José Morales.
De acuerdo a la medición, los persecutores que se desempeñan en O'Higgins, Arica y Parinacota y Los Lagos son los más afectados.
Así, por ejemplo, los 19 profesionales de Arica tienen en promedio 1.485 procesos al año, los 31 de O'Higgins 1.926 y los 32 de Los Lagos 1.723, mientras que en Magallanes 10 persecutores tienen a su cargo 612 causas cada uno.
"La congestión (de causas) no es una simple percepción; es una realidad que tiene base empírica. Esperamos que las autoridades tomen decisiones", advirtió el líder de la ANF.
"Se está funcionando al tope. Hay muchas instrucciones y órdenes de investigar que se demoran más allá de lo que uno desearía (...) Hay colegas de Tarapacá haciendo juicios en la mañana y en la tarde, ¿en qué momento pueden investigar o atender al público?", ejemplificó.
Bravo expuso que "el número de fiscales que falta en Chile" es de al menos 300 persecutores, si es que se considera el número ideal que se discutió en el año 2005 el marco de la ley de responsabilidad penal adolescente.
"El llamado es a ponerse a trabajar en esto, a estudiar con números concretos. Aquí tenemos un insumo, un aporte que hace la asociación con un estudio para decir 'bueno, sentémonos a trabajar con números fríos, con una serie de indicadores no solamente cuantitativos, sino que cualitativos', porque naturalmente que la realidad de una región no es igual a la otra", comentó.
Añadió que "es urgente" que se tomen medidas en torno a fortalecer a los equipos en las regiones con mayor déficit.
"Esto requiere iniciativa de ley y, por lo tanto, quien tiene hoy día la posibilidad de empujar este carro hacia adelante es el Poder Ejecutivo, porque esto también implica dotar recursos, pero también hay que tener una mirada integral; esto tiene que ver también con las policías, con el sistema procesal penal en su conjunto", afirmó Bravo.
"Cuando estamos en este escenario absolutamente de colapso en algunas regiones, naturalmente no se entrega un buen sistema de justicia", subrayó.
DICHOS DEL FISCAL DE ARICA
El presidente de la AFN fue también consultado en Cooperativa sobre los dichos del persecutor regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, quien aseguró el lunes que el "Tren de Aragua" está desarticulado en la zona y que se "sobrerreaccionó" ante las supuestas amenazas que habría recibido Carabineros por parte de la organización delictual.
En entrevista con Radio Universo, el persecutor por Arica explicó ayer que la policía militarizada "no ha recibido amenazas directas de esta organización ni ninguna otra. Lo que ocurre es que distintas instituciones estamos tomando resguardos y frente a cualquier duda, se dictan instructivos internos respecto a formas de actuar".
"Se sobrerreaccionó respecto a una preocupación legitima", agregó Carrera, junto con recalcar que "hoy día yo podría decir un poco desde la labor que hemos realizado que está muy debilitada esta organización en la región, muy debilitada. Pensemos que el último de los detenidos, que nosotros lo teníamos como el líder, fue detenido en el desierto intentando abandonar el país".
Al respecto, Bravo respondió: "No conozco el contexto de las declaraciones del fiscal Carrera. Vi lo que salió un diario electrónico ayer por la tarde, pero desde luego, si es así, suponiendo que efectivamente el fiscal señala que hay una sobrerreacción, no la comparto. Yo creo que no hay sobrerreacción".
"Al final de mayo hicimos una encuesta sobre la situación de los fiscales y la verdad es que quedamos preocupados, porque cerca del 40 por ciento señala haber recibido amenazas o agresiones en el ejercicio de sus funciones y cerca del 90 por ciento percibe que las medidas o condiciones de seguridad son inexistentes o precarias", declaró el dirigente gremial.
"Ese dato es preocupante y revela algo que hemos venido manifestando hace mucho tiempo", enfatizó.
