Sólo Lorena Fries y Ana María Gazmuri, ambas del Frente Amplio, rechazaron el test debido al recurso de protección que presentaron ante la justicia.
El test consiste en una muestra de pelo para detectar restos de cocaína, cannabis, benziodiacepinas, opiáceos o anfetaminas.
Los resultados del test de drogas que se realizó el segundo grupo de diputados elegidos por sorteo revelaron que ninguno de quienes se sometió a la prueba dio positivo.
De los 77 diputados sorteados, solo dos se negaron a someterse al examen, cuyos resultados se conocieron la noche del lunes. Lorena Fries y Ana María Gazmuri, ambas de la coalición del Frente Amplio, rechazaron el test debido al recurso de protección que presentaron ante la justicia.
En septiembre se dieron a conocer los resultados de la prueba realizada al primer grupo de parlamentarios, en el que tampoco se encontraron positivos, aunque también hubo tres legisladores que rechazaron el examen. Dos de ellos pertenecen al oficialismo, la comunista Marisela Santibáñez y Clara Sagardia, de Convergencia Social, junto a Jorge Durán, miembro de la coalición de derecha Chile Vamos.
Fries, Gazmuri, Santibáñez, Sagardía y Marcela Riquelme, otra diputada frenteamplista que sí se hizo el examen, acudieron a los tribunales para evitar la difusión de los resultados. El recurso fue rechazado en primera instancia, pero las parlamentarias apelaron a la Corte Suprema, que aún debe resolver el caso.
El procedimiento, que excluye el consumo de alcohol, cigarro y cannabis sativa -consideradas drogas blandas en el reglamento–, se llevó a cabo en el marco de un nuevo reglamento interno que busca prevenir el consumo de sustancias y aumentar los estándares de transparencia en las labores parlamentarias.
Consiste en una muestra de pelo para detectar restos de cocaína, cannabis, benziodiacepinas, opiáceos o anfetaminas.
La iniciativa, impulsada por la derecha, se aprobó el pasado julio por una amplia mayoría tras casi dos décadas de discusión, aunque parte de la izquierda critica que "vulnera el derecho a la vida privada".
Los congresistas que se niegan a someterse al control, se arriesgan a ser sancionados por la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara.
La prueba será semestral y se aplicará al menos dos veces a cada parlamentario dentro su gestión de cuatro años.
En caso de que algún parlamentario dé positivo y no haya justificado su consumo, se le levantará el secreto bancario para evidenciar que no haya movimientos de dinero injustificables y evitar así delitos relacionados con el narcotráfico.
Además, deberán justificar las transacciones superiores a 28.000 dólares que hayan realizado en un mismo mes y, si no pueden hacerlo, serán sancionados con entre el 2 por ciento y el 15 por ciento de su dieta parlamentaria.
