Doctor Nicolás Jarufe dijo que se necesitan más personas y coordinadores.
Ministro Erazo recalcó que los problemas "no se resuelven de un día para otro".
El especialista en trasplantes del Hospital Clínico de la Universidad Católica, Nicolás Jarufe, dijo que el sistema no está preparado ante lo que significa la puesta en marcha de la Ley de Donante Universal, aprobada el lunes en el Senado.
"Creo que el sistema no está preparado, que se ha trabajado mucho, se ha avanzado mucho pero hay mucho por hacer, hay que contratar más gente, hay que tener más coordinadores en cada centro, que faciliten el proceso de donación", dijo Jarufe.
A pesar de ello, calificó la acción como "un gran paso porque la presión hace que las cosas se vayan desarrollando".
El ministro de Salud, Alvaro Erazo, reconoció que se necesitan más recursos y contratar más profesionales con la llegada de la ley a la Coordinadora Nacional de Trasplantes, por lo que se destinarán 350 millones para trasplantes de pulmón y unos 250 millones para intervenciones cardíacas.
"Indudablemente, si la pregunta es con esto se resuelven los problemas de trasplante de nuestro país, yo digo categóricamente no se resuelven de un día para otro. Tenemos que seguir trabajando duro para que efectivamente se vayan resolviendo", aclaró Erazo.
En ese sentido, el doctor Ricardo Quezada, jefe del Departamento de Redes de Alta Complejidad del Ministerio de Salud, remarcó que uno de los cambios más importantes es que ahora será el Estado el que se ocupará de procurar los órganos cuando se presente la posibilidad de un donante y así asumirá funciones que antes eran realizadas por la ONG Corporación del Trasplante.
"El ministerio decide hacer parte de lo que es el proceso del procuramiento y decide utilizar toda la capacidad instalada que tiene el Estado en sus hospitales y crea la Coordinadora Nacional de Trasplante. La ley por sí sola no va a resolver el problema de la donación ni del procuramiento. Es un aporte", comentó también.
Entre las novedades que trae la ley están las penas de 61 a 541 días de cárcel para quienes faciliten un órgano propio con fines de lucro, y si el delito es cometido por terceros, la pena puede llegar a cinco años.
