Uruguay se alista para liquidar aerolínea Pluna
Este lunes se dará a conocer el proyecto de ley para despejar las dudas en torno al cierre de la empresa.
Siete aviones Bombardier CRJ serán subastados en unos 30 días al mejor postor.
El Gobierno uruguayo, en conjunto con el directorio de la aerolínea Pluna, presentarán este lunes el proyecto de ley que habilitará la liquidación de la compañía, con lo cual esperan despejar las dudas surgidas tras el anuncio de cierre de la citada empresa.
Según trascendió, el plan buscará establecer que la liquidación de la empresa pueda contar con una "condición especial" en la Ley de Concursos, que habilite "el aceleramiento de la subasta de aviones y líneas aéreas", además de incluir alguna medida de ayuda a los trabajadores de Pluna.
Se espera que los bienes de Pluna, particularmente los siete aviones Bombardier CRJ que tiene en propiedad, serán subastados en unos 30 días al mejor postor con la idea de recaudar unos 150 millones de dólares para pagar a los deudores de la empresa y a los ex funcionarios.
A su vez, se otorgará ese mismo lapso de tiempo para permitir que lleguen aerolíneas extranjeras interesadas en comprar los bienes o en instalar una nueva aerolínea en Uruguay.
Además de los aviones, el Ejecutivo charrúa rematará las rutas de vuelo que operaba la aerolínea que unían Uruguay con Argentina, Brasil, Paraguay y Chile, entre ellas el concurrido puente aéreo Montevideo-Buenos Aires, y también podría incluir la ruta Montevideo-Madrid que se mantenía en suspenso desde 2008 por sus elevados costos.
Mientras se espera conocer el contenido del documento, medios uruguayos sostienen que la decisión del cierre se debe a la existencia de juicios desarrollados en Brasil por ex empleados de Varig, aerolínea quebrada que era socia de Pluna en los años 90, exigiendo millonarias indemnizaciones a la compañía uruguaya como socio superviviente de aquella alianza.
Algunos trascendidos sugieren que el presidente José Mujica solicitó a la oposición uruguaya que aprueben su plan sobre Pluna en el Parlamento, ya que de perder estos juicios el Estado debería pagar hasta 3.500 millones de dólares en indemnizaciones.
Una de las mayores dudas con respecto al proyecto del Ejecutivo será si el Estado participará o no en la propiedad de una nueva aerolínea uruguaya.
