Tribunal Constitucional paralizó preparación de juicio por crimen del cabo Moyano

El Tribunal Constitucional paralizó la preparación del juicio oral por el crimen del cabo de Carabineros Luis Moyano Farías, al acoger a trámite un recurso de inaplicabilidad presentado por el abogado de la familia del suboficial, muerto el 18 de octubre de 2007 al repeler un asalto a una sucursal del Banco Security en la calle Agustinas, en el centro de Santiago.

Según explicó el abogado Jorge Parra, durante las primeras audiencias preparatorias del juicio, el juez Patricio Álvarez, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, decidió excluir de manera "indebida" una serie de pruebas presentadas por la parte querellante, que ellos consideran "vitales".

Entre éstas se encuentra la declaración de una testigo presencial, una mujer venezolana que observó el asalto a la sucursal bancaria; también registros de los pórticos de autopistas por donde habrían pasado los autores del asalto.

Según Parra, el magistrado no ha aplicado de manera correcta las normas de exclusión de pruebas contempladas en la ley 20.477, y por esto, "el Tribunal Constitucional ha dictado una presunción ajustada a derecho, ha admitido a tramitación el requerimiento de inaplicabilidad que nosotros hemos presentado".

"Es, desde luego, una posición correcta en relación con las discusiones en torno a exclusión de pruebas que se han ventilado en el tribunal, que a nuestro juicio se caracteriza por ser extremadamente compleja, pero que indudablemente requiere de criterios especiales, porque la causa es una causa especial: nace en la Justicia Militar y es traspasada a la Justicia ordinaria Penal, y desde nuestra perspectiva el tribunal de garantía, el magistrado Álvarez no ha considerado esa situación y , a nuestro juicio, dictado resoluciones erróneas respecto a la exclusión" de evidencias, explicó.

Viuda dispuesta a esperarLa resolución del Tribunal se suma a los problemas de salud que mantienen alejado de la investigación al fiscal Ricardo Peña. Sin embago, la viuda del cabo, Paola Riveros, dice estar dispuesta a seguir esperando, a cambio de que finalmente se haga justicia para su marido.

La decisión del TC "es un alivio para nosotros. El juez en el momento que excluyó las pruebas de nosotros dijo que no eran importantes, relevantes. Entonces, si no son relevantes para un juez, ¿qué me queda a mí?", dijo Riveros.

"Para mí es importante, (por) el problema familiar (que originó el baleo), que mis hijos hayan quedado solos, que hayamos tenido que empezar a vivir de nuevo, todo un caos", explicó.

"He esperado cinco años para que se haga justicia. Esperar un poco más no me molesta", sentenció Riveros.

Por este caso están inculpados tres ex lautaristas: Juan Aliste Vega, para quien la Fiscalía pide cadena perpetua calificada por su participación directa en el hecho más 20 años por su participación en otros tres asaltos; Freddy Fuentevilla Saa, para quien se pide presidio perpetuo simple más 15 años por dos asaltos bancarios, y Marcelo Villarroel Sepúlveda, para quien se han solicitado 18 años de cárcel por su presunta participación en tres asaltos a bancos.