Diputados brasileños piden que Corte Suprema decida sobre proceso contra Temer
Uno de los miembros del máximo tribunal ordenó al Congreso abrir un juicio político contra el presidente.
Los partidos políticos se han negado a nombrar representantes para llevarlo a cabo, alega el líder de la Cámara Baja.
Michel Temer sustituyó en agosto a Dilma Rousseff y podría enfrentar un proceso político bajo los mismos cargos que le costaron el puesto a la ex presidenta.
La Cámara de Diputados de Brasil pidió este lunes al pleno de la Corte Suprema que se pronuncie de forma definitiva sobre la acción cautelar de uno de sus miembros que obliga al Congreso a abrir un juicio político con fines destituyentes contra el presidente Michel Temer.
En una resolución emitida hace ocho meses el magistrado Marco Aurelio Mello, uno de los 11 miembros de la Corte Suprema, determinó que la Cámara de Diputados diera los primeros pasos para abrirle a Temer un proceso similar al que concluyó en agosto con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.
Rousseff fue despojada de su mandato tras ser sometida en el Senado a un juicio político en el que fue declarada culpable de maquillar las cuentas fiscales. Una de las pruebas contra la ex jefa de Estado fueron unos decretos que firmó y en los que contrató préstamos sin la previa autorización del Congreso.
Como los decretos también fueron firmados por Temer, que fue elegido en 2014 como vicepresidente, Marco Aurelio Mello pidió que la Cámara de Diputados evaluara si también debe ser sometido a un juicio político bajo los mismos cargos.
Acción podría tener "elevado costo institucional"
La petición al Supremo Tribunal Federal, máxima corte del país, fue hecha hoy por el líder de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, quien explica que intentó cumplir la orden judicial y creó una comisión parlamentaria para iniciar el proceso contra Termer, pero que la mayoría de los partidos se negó a nombrar representantes para la instancia.
Dice, en consecuencia, que el curso del proceso está fuera de sus manos, porque no puede obligar a los partidos a que nombren los miembros de la comisión investigadora.
"Teniendo en cuenta el elevado costo institucional que puede ser provocado por la instalación de una comisión que pueda autorizar la apertura de un juicio destituyente contra el presidente y considerando que la cautelar completó ocho meses de vigencia, solicito que, de ser posible, el asunto sea juzgado en el plenario de ese tribunal este mismo año o lo más breve posible", solicitó el presidente de los diputados brasileños