Carabineros y la PDI rechazaron informar a la Fiscalía sobre remuneraciones en Mutualidad

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Autor: Cooperativa.cl

Ambos argumentaron que se trataba de antecedentes de carácter privado.

Solicitud fue realizada por el fiscal que investiga el millonario fraude en la institución uniformada.

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El general director de Carabineros, Bruno Villalobos, y el director de la PDI, Héctor Espinosa se negaron a informar sobre sus remuneraciones en la Mutucar.

El general director de Carabineros, Bruno Villalobos, y el director de la PDI, Héctor Espinosa, rechazaron la solicitud emanada por el fiscal Eugenio Campos, quien investiga el millonario fraude al interior de la policía uniformada, para conocer las remuneraciones que ambos reciben en la Mutualidad de Carabineros (Mutucar).

La petición fue realizada en el marco de la arista que busca recabar antecedentes sobre los sueldos percibidos por los directores de la Mutucar, entidad que presta servicios de aseguradora a los funcionarios de ambas policías y que es liderada por el general director de Carabineros.

Según lo informado por La Tercera, el diputado PS Leonardo Soto, de la comisión investigadora del fraude, dio a conocer que el estatuto de la Mutucar consigna que el 40 por ciento de los excedentes es para ayudar a los servicios de bienestar social de Carabineros, PDI y organizaciones de personal en retiro, y el dos por ciento restante para el Departamento de Bienestar de los trabajadores de la Mutualidad.

Mientras tanto, el ex general director de Carabineros Gustavo González Jure aseguró en junio pasada ante la mencionada instancia parlamentaria que "por estatuto, los integrantes del directorio reciben un porcentaje que corresponde al 0,0025 por ciento de los excedentes, porque tienen una responsabilidad pecuniaria respecto del manejo y la administración de la corporación".

Debido a esto, el Ministerio Público ofició a los integrantes del directorio para que les informaran sobre sus remuneraciones en la Mutualidad, pero ni Villalobos ni Espinosa entregaron los antecedentes solicitados, argumentando que se trataba de información de carácter privado.

Al respecto, el diputado Soto apuntó que el hecho "que gestionen en los tiempos en que son funcionarios públicos estas corporaciones privadas y se distribuyan los excedentes es absolutamente irregular, y si lo han hecho tendrían que devolverlo".

"Nosotros hemos intentado durante seis meses averiguar cuánto es lo que obtienen por sobresueldo de estas corporaciones privadas el alto mando de Carabineros y nos han negado toda la información. Los balances de esta institución establecen que tienen tremendas utilidades y los recursos que reciben, yo los estimo en alrededor de 30 millones de pesos al año por cada uno", apuntó el parlamentario.

Presentaciones en Contraloría

Tras una presentación realizada por el diputado Soto ante Contraloría, el ente contralor advirtió que "no corresponde que las autoridades que conforman su consejo de administración lo integren en atención a los cargos públicos que ejercen, pues no se encuentra dentro de sus funciones el dirigir la Mutualidad aludida ni existe autorización legal que habilite a la administración a participar en esa entidad privada".

Sin embargo, luego de este dictamen, Carabineros realizó una presentación a la Contraloría para justificar la situación del general Villalobos en la Mutualidad, quien, según explicaron, actúa en representación de todos los funcionarios de la institución uniformada.

Sobre este punto, el diputado RN Gonzalo Fuenzalida comentó que el hecho que reciban estos dineros "no se ve bien, para eso los generales o las personas que están en directorios, si es que son parte de la institución reciben una remuneración por su trabajo, no corresponde que reciban otro tipo de remuneración por participar en otro tipo de situaciones".

"Si la Contraloría establece una incompatibilidad tiene que establecerse desde ya la imposibilidad de participar en ese directorio. Me parece bien que la Contraloría fije un criterio en esto. Muchas cosas suceden en las instituciones públicas bajo la lógica que la ley no es clara o no aparecen imposibilidades de realizarlo", agregó.