Hospital de La Florida contrató a empresas cuyos dueños son médicos del recinto
Informe de la Contraloría fue presentado ante la comisión de Salud de la Cámara Baja.
El órgano contralor no pudo acreditar que las asesorías efectivamente se hayan realizado.
La auditoría al recinto fue presentada ante la comisión de Salud de la Cámara de Diputados por el contralor Jorge Bermúdez.
La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades al interior del Hospital de La Florida, entre las que destaca que el recinto asistencial contrató la consultoría en gestión de dos empresas cuyos dueños son médicos del propio establecimiento.
El informe del órgano contralor estableció que las sociedades Servicios Médicos Pediuci SpA y Servicios Médicos GS Ltda. fueron contratadas para asesorar al Servicio de Pediatría y al Centro de Responsabilidad (CR), y que pertenecen a los jefes de Pediatría y de Pabellón del recinto.
De acuerdo a lo informado por La Segunda, en su documento, la Contraloría asegura que por estas asesorías se pagaron 52 millones 500 mil pesos a la primera empresa y 22 millones a la segunda y que "los respaldos no acreditan que las labores (para las que fueron contratadas) hayan sido efectuadas por tales entidades".
La auditoría, que fue presentada ante la comisión de Salud de la Cámara de Diputados por el contralor Jorge Bermúdez, también establece que "las tareas encomendadas a estas dos sociedades médicas consultoras son de similar naturaleza a las que se describen como funciones propias de dichos centros de responsabilidad".
El órgano contralor también detectó durante su auditoría la compra de medicamentos por trato directo, sin licitaciones públicas, por un monto mayor a 225 millones de pesos, lo que significó un sobreprecio de hasta 600 por ciento respecto al valor ofrecido por la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast).
Además se constataron errores en las bases de datos de intervenciones quirúrgicas; cheques caducados, protestados y nulos no considerados en conciliaciones bancarias; falta de procedimientos de control en pagarés emitidos y facturas no registradas en el sistema informático de la oficina de partes.