En un comunicado, Naciones Unidas trasladó la condena de su secretario general, António Guterres, por la masacre perpetrada por las bandas armadas en la comuna de Kenscoff, a las afueras de Puerto Príncipe, que dejó "al menos 47 muertos".

Entre ellos se encontraban "22 que fueron presuntamente ejecutados en el recinto de una iglesia donde se habían refugiado".

"Los incesantes ataques de pandillas contra las comunidades y la pérdida de vidas ponen de manifiesto la alarmante situación de seguridad en Haití y refuerzan la urgente necesidad de intensificar los esfuerzos de seguridad haitianos e internacionales para combatir a las pandillas", subrayó la nota.

Situación de inseguridad

El secretario general, según el comunicado, pidió además a las autoridades haitianas "que garanticen que los responsables de estos ataques rindan cuentas ante la justicia, incluso a través de las unidades judiciales especializadas, creadas recientemente con apoyo internacional para investigar crímenes masivos".

La agencia de noticias EFE había podido contabilizar el lunes en el lugar de la masacre al menos una veintena de cadáveres.

La Organización de las Naciones Unidas confirmó que al menos 47 personas murieron tras una violenta incursión de bandas criminales en la comuna de Kenscoff. (FOTO: EFE)

La violencia provocó protestas, cuando cientos de habitantes se concentraron después de la masacre frente al comisariado de Kenscoff para denunciar la situación de inseguridad y reclamar una respuesta de las fuerzas del orden.

Los manifestantes cuestionaron la gestión estatal y denunciaron la falta de medidas concretas para frenar la violencia que afecta a la comuna desde hace más de 20 meses.

Violencia en Haití

Las bandas, integradas en la coalición armada Viv Ansanm, buscan consolidar su presencia en Kenscoff, una zona estratégica por su proximidad al departamento del Sudeste y a la ciudad de Jacmel, que hasta ahora ha permanecido relativamente al margen de la violencia que afecta a gran parte del área metropolitana de Puerto Príncipe.

Tras los ataques, los grupos armados suelen replegarse hacia barrios fronterizos con Kenscoff, entre ellos Carrefour, zonas donde la presencia del Estado es muy limitada.

 Indignados por la inacción gubernamental, cientos de residentes salieron a las calles a protestar frente a la comisaría local. (FOTO: EFE)

Según datos de la ONU actualizados este martes, la violencia en Haití causó en los primeros seis meses del año al menos 3.050 muertos y 1.401 heridos.

A esto se suma que unos 5,8 millones de haitianos, aproximadamente un 52% de la población, sufren de inseguridad alimentaria (en categoría 3 sobre 5), mientras que la cantidad de personas desplazadas alcanzó el año pasado 1,4 millones, un nivel sin precedentes, según datos de organismos internacionales.

Los requirentes acusan que completar el proceso puede demorar hasta seis años, lo que ha derivado en protestas como la ocurrida el reciente fin de semana.

Si bien las huellas dactilares se toman en la sede consular en Chile, la validación depende directamente de la policía de Haití, por lo que los solicitantes necesitan realizar distintas gestiones para que el documento llegue a sus manos.

Los ciudadanos haitianos también denuncian cobros excesivos por la obtención del certificado, que oscilan entre los 30 mil hasta 300 mil pesos dentro de la embajada, y desde 150 hasta 500 mil pesos en el exterior, además de estafas externas.

Asimismo, acusan al consulado de cerrar sus puertas a propósito para que los trámites se tengan que realizar en el exterior del recinto, situación que causa incertidumbre en la comunidad debido al aumento de los valores y a la falta de certeza de que el documento sea verídico.

Desde la comunidad haitiana en Chile hicieron un llamado al Servicio Nacional de Migraciones a ampliar el plazo para presentar los documentos, puesto que el Estado establece un período de 60 a 90 días para presentar el certificado de antecedentes.

Pese a la alta afluencia y la evidente frustración de los usuarios por los costos de fotocopias, fotografías y turnos, que varían entre 5.000 y 20 mil pesos, la jornada de este lunes ha transcurrido de manera pacífica.

Asimismo, Carabineros mantiene una vigilancia constante en el sector para evitar nuevos desórdenes.

Peleas con machetes e insalubridad

El presidente de la junta de vecinos del Barrio República, Patricio Navarro, explicó a Cooperativa los problemas que sufren los vecinos del lugar debido a esta situación.

"Han habido algunos hechos de violencia bien puntuales donde ellos se enfrascan en discusiones y un par de veces han llegado hasta a pelear con machetes. La cantidad de gente y las incivilidades que hay en torno ellos es, por ejemplo, que no cuentan con servicio higiénico y tienen que hacer (sus necesidades) en la calle", afirmó el dirigente.

"(También) hay venta de comida con unos carritos afuera, entonces todo eso ocupa el espacio público donde los vecinos deberíamos tener libre acceso para ir a comprar o ir a tomar la micro", cuestionó.

"Ya puedo dar cuenta hoy que hemos ubicado a los 64. De ellos, 63 se encuentran en Chile y una adolescente en México", detalló la máxima autoridad de la policía civil.

Respecto a este último caso, Cerna explicó que "los oficiales tomaron contacto con el padre que está en Chile y una videoconferencia con la madre y la niña, verificando que se encuentra bien".

"Con eso cerramos el ciclo de que tenemos todos ubicados respecto de esta nómina acotada que estábamos verificando. Mucha de esa información se pudo hacer a través de los cruces de base de datos, que es lo que arrojó esta situación de que el Estado tenía mucha información, pero quizás faltaba la articulación precisa para poder trabajar con ella y también los resguardos que significan datos sensibles como es el caso de los menores", agregó el jefe policial.

Gobierno: "Los resultados son exitosos"

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, indicó que "hemos terminado una primera etapa de búsqueda y los resultados son exitosos. Yo me quedo tranquila con que los niños y adolescentes se encuentren bien, ese es el foco de nuestro Gobierno, trabajar por la infancia y despejar cualquier duda".

"Ahora pasamos a una nueva fase, donde aparte de tener que verificar el estado general de las reunificaciones familiares en términos preventivos, asegurarnos de que los niños estén escolarizados estén bien y podamos también eliminar las diferentes brechas que demuestra el Estado de Chile en sus diversas instituciones", añadió.

Los menores fueron reportados como desaparecidos tras ingresar al país mediante vuelos chárter en 2025 bajo programas de reunificación familiar.

Al comienzo de una semana clave para el devenir del caso, a la espera del informe final de la Contraloría General de la República, la trabajadora social y activista haitiana reveló que las visitas domiciliarias de la fuerza de tarea han sembrado el pánico en los barrios, transformándose en una herramienta de presión migratoria indirecta que daña la convivencia y estigmatiza a las familias de su nacionalidad.

"Tenemos que hablar de miedo que se generó en las familias. Tenemos que decir que las personas están con terror. De hecho, no quieren salir sin sus documentos y cuando alguien toca su puerta tienen un miedo fuerte y piensan que están siendo víctimas como de acosos (...) Las personas hoy están con miedo, están con terror y se sienten perseguidas", dijo la también expresidenta del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) del Servicio Nacional de Migraciones de Chile. 

"Las personas quisieran que el Estado ubique más tranquilamente a los niños en vez de utilizar el nombre de ellos para hacer este escándalo público diciendo que los niños desaparecieron, siendo que hasta el día de hoy no ha habido reporte de desaparición de niños ni en nuestra comunidad ni en nuestras organizaciones", señaló la líder social.

Enfatizó que "existe esta preocupación (por las expulsiones). De hecho, he recibido la llamada de varias personas controladas, me han escrito por Facebook que la autoridad aprovecha hacer control migratorio: solicita documentos regulares o de todas las personas que viven en la casa. Están pidiendo carnet y aprovechan esto. Las personas ya sabían que el Gobierno quería deportar a las personas en situación irregular y no estarían listos tampoco para ser deportadas, porque en Haití no existen las condiciones mínimas".

La justificación de los traslados grupales

Uno de los puntos centrales que detonó la alerta de los organismos fiscalizadores fue el registro de adultos que ingresaban al país en reiteradas ocasiones acompañando a nutridos grupos de menores haitianos.

Al respecto, la directora de la Fundación Cónclave aclaró que la precariedad del transporte y las restricciones de conectividad obligan a las familias a delegar el cuidado del viaje en terceros de confianza.

"Una de las cosas que tenemos que tener claro es que no existen vuelos comerciales sobre Chile y Haití y sobre Haití y ningún país de la región (...) Muchas familias no han podido desplazarse para ir a buscar los niños ya sea por fondo, por dinero o por otras razones, porque con el límite que tiene el pasaporte haitiano a nivel mundial tampoco podemos hacer conexión ni escala en casi ningún país de la región y las personas de la misma comunidad se coordinan de alguna manera, ellos se ponen de acuerdo para poder viajar", argumentó la líder social.

Añadió que, "si el Estado chileno encuentra que es irregular que una sola persona acompañe a varios, que lo detengan desde el mismo aeropuerto y hagan sus respectivas búsquedas. Eso es normal, está bien. No podemos decir que un Estado no haga investigación ni controle su frontera, pero el uso político que se dio a este asunto es realmente preocupante, porque las personas que acompañaban a menores de edad eran personas individuales y no toda la comunidad".

"El fallo institucional es 100% responsabilidad del Estado chileno"

Joseph también apuntó a las deficiencias administrativas del propio Estado chileno, recordando que el consulado en Puerto Príncipe lleva cerrado bastante tiempo, lo que entrampa severamente las legalizaciones y fomenta que redes informales lucren con la necesidad de reencuentro familiar en un contexto de grave crisis humanitaria en la isla.

"El fallo institucional es 100% responsabilidad del Estado chileno, de todas sus instituciones. Las personas individuales o los ciudadanos no tenemos la responsabilidad de regular lo que está irregular dentro de un mismo sistema. Y el procedimiento de reunificación familiar para las personas haitiana es uno de los procedimientos más engorrosos que existen", advirtió.

Con este fallo, ya son nueve los implicados condenados en EE.UU. por el magnicidio a manos de un grupo de mercenarios, entre ellos 17 exmilitares colombianos.

Otros cinco acusados ya habían sido sentenciados a cadena perpetua, mientras que una sexta persona recibió una pena de nueve años de prisión tras determinarse que no conocía el plan al financiar el envío de chalecos antibalas.

Los condenados en esta jornada, que se habían declarado no culpables, enfrentan ahora posibles cadenas perpetuas.

El veredicto fue emitido por un panel de 12 jurados tras 39 días de juicio en un tribunal federal de Miami, bajo la supervisión de la jueza de distrito Jacqueline Becerra.

Según la acusación, los condenados conspiraron en el sur de Florida para organizar el secuestro y posterior asesinato de Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021 en su residencia privada en Pétion-Ville, a las afueras de Puerto Príncipe, a manos de un grupo de mercenarios.

Documentos judiciales señalan que entre febrero y julio de 2021, el sur de Florida funcionó como centro de planificación y financiamiento del complot para derrocar al mandatario haitiano y reemplazarlo por alguien alineado con los intereses políticos y económicos de los conspiradores.

El objetivo era que el médico haitiano Christian Sanon asumiera la presidencia y posteriormente adjudicara contratos a una empresa con sede en Doral vinculada a Intriago y Ortiz, mientras que Solages actuaba como enlace en Haití. Por su parte, Veintemilla habría financiado la operación a través de su compañía Worldwide Investment Development Group.

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Estaba previsto que Sanon también fuese juzgado en este caso, pero su proceso fue separado por motivos de salud y se celebrará en una fecha aún por determinar.

Las autoridades indicaron que el plan fue inicialmente presentado a los mercenarios colombianos como una operación de arresto legal con respaldo de agencias estadounidenses, en parte debido a que algunos implicados tenían vínculos previos como informantes del FBI y de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Sin embargo, según testimonios, la operación derivó en asesinato tras fallidos intentos de captura.

Más de 50 personas han sido acusadas en Haití por el magnicidio, incluyendo la viuda de Moïse, aunque el proceso judicial en ese país permanece estancado debido a la grave inseguridad.

El asesinato del mandatario desató una profunda crisis en Haití, con un vacío de poder que facilitó el control de bandas armadas y agravó la situación humanitaria.

Esto ha impulsado una ola migratoria hacia otros países, especialmente hacia EE.UU, donde unos 350.000 haitianos dependen del Estatus de Protección Temporal (TPS) para evitar la deportación, en medio de intentos del gobierno del presidente Donald Trump por revocar esa medida, bloqueados hasta ahora por tribunales.

El vuelo con los deportados despegó alrededor de las 04:30 de la madrugada de estes viernes, desde el aeropuerto del Grupo 10 de la Fuerza Aérea (FACh), en el primer tramo del operativo para trasladar a los ciudadanos expulsados hacia Colombia, República Dominicana y Haití.

En cuanto al perfil de los pasajeros, el prefecto general Ricardo Gatica, subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, detalló: "21 son expulsados por temas administrativos, y 19 por orden judicial. Dentro de estos últimos, hay sujetos que cometieron delitos graves, como secuestros y robo con intimidación".

"A su vez, hay dos personas de nacionalidad colombiana que presentaban órdenes de detención en su país", apuntó el funcionario.

Al respecto, el ministro (s) Máximo Pavez indicó que “que en el vuelo de hoy fue expulsado el ciudadano haitiano, Emmanuel Bony quien protagonizó graves incidentes en el Aeropuerto de Santiago en 2024 y 2025. Ha sido expulsado y ya no está en territorio nacional”. pic.twitter.com/cFT7lfJH4e

— Subsecretaría del Interior (@SubseInterior) May 8, 2026

Entre los migrantes expulsados destaca Emmanuel Bony, ciudadano haitiano, quien en dos ocasiones provocó daños y destrozos en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, hechos que derivaron en su prisión preventiva.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez detalló que si bien Bony "tenía residencia definitiva, esa residencia fue cancelada (...) Todo el país pudo ver los graves daños producidos a la infraestructura pública de transporte en el aeropuerto y, por lo tanto, con mucha satisfacción, damos cuenta de que ese ciudadano haitiano ha sido expulsado".

Las autoridades destacaron que desde 2024 no se realizaban expulsiones hacia Haití, debido al delicado escenario político que atraviesa el país y a las complejidades diplomáticas y logísticas que dificultan este tipo de procesos.

Avance en las órdenes de expulsión pendientes

Esta semana, el Ejecutivo informó que cerca de 1.400 inmigrantes irregulares abandonaron el país de forma voluntaria desde que Kast asumió la Presidencia, mayoritariamente personas de nacionalidad venezolana.

En 2025, último año completo de mandato del expresidente Gabriel Boric, un total de 1.117 extranjeros fueron expulsados, mientras que diversos reportes estiman que más de 75.000 órdenes de expulsión siguen pendientes de ejecución, de las cuales cerca de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.

Según el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, la mayoría de las órdenes sin ejecutar son administrativas, y un porcentaje menor es judicial, mas "el Presidente Kast nos ha dado la instrucción de priorizar (la salida de) quienes han cometido delitos en Chile o en países vecinos".

"También estamos permanentemente haciendo trámites de expulsión: esta Administración ha firmado 1.800 expulsiones nuevas desde el 11 de marzo", informó la autoridad.

En cuanto al operativo concretado hoy, señaló que "estas expulsiones demuestran una capacidad mayor de ejecución de expulsiones administrativas y también judiciales, lo que se suma a una baja bien significativa de las denuncias por ingreso clandestino por paso no habilitado; y también con una disminución importante de las reconducciones", resaltó.

Por mandato del Presidente de la República, José Antonio Kast, este viernes se concretó el segundo vuelo masivo de expulsión de 2026.

Mediante una operación liderada por la Subsecretaría del Interior y gracias al trabajo coordinado junto a @MigracionesCL, @PDI_CHILE y la… pic.twitter.com/9ih1LojnkK

— Subsecretaría del Interior (@SubseInterior) May 8, 2026

Caracas rompió relaciones diplomáticas con Chile tras las elecciones de 2024 en el país caribeño, por lo que ahora mismo no hay servicios consulares y resulta imposible deportar a esos ciudadanos con órdenes de expulsión.

Desde La Moneda, han señalado que se encuentran a la espera de una "respuesta positiva" para retomar relaciones con el gobierno venezolano "al menos a nivel consular", para poder agilizar los procesos de deportación.

El Presidente Kast prometió en campaña mano dura contra la delincuencia, el crimen organizado y la migración irregular, para lo que construye una franja en el desierto de Atacama, en la frontera con Perú y Bolivia.

En Chile, hay actualmente más de 330.000 extranjeros en situación irregular, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El llamado "Plan Escudo Fronterizo" del exmilitante del Partido Republicano incluye también la aprobación de un proyecto de ley en trámite para tipificar la migración irregular como delito.

Los primeros informes indicaron que la causa de las muertes fue la falta de oxígeno en las galerías de la fortaleza, también conocida como Ciudadela Laferrière, en medio de condiciones meteorológicas adversas provocadas por fuertes lluvias y vientos.

El alcalde de Cap-Haitien, Patrick Almonor, dijo a la agencia de noticias EFE que el número de víctimas podría aumentar, dado que las labores de rescate no habían concluido.

En videos que circulan sin cesar por redes sociales como Facebook y WhatsApp, se ven cadáveres tendidos en el suelo, mientras que otras personas son trasladadas al principal centro hospitalario de la ciudad.

La Ciudadela Laferrière está situada en las alturas de Bonnet à l'Évêque, en el municipio de Milot.

La fortaleza fue construida por orden del rey Henri Christophe, fundador del Reino de Haití, a principios del siglo XIX, tras la independencia del país de Francia en 1804.

La denominada Fuerza de Represión de las Pandillas (FRG), con una dotación de 5.500 efectivos, tomará el relevo de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) dirigida por Kenia que ha permanecido casi dos años en el país con pobres resultados en la lucha contra las bandas armadas, que dominan prácticamente todo Puerto Príncipe y se han expandido al interior.

Al menos 5.915 personas murieron y otras 2.708 resultaron heridas en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas, según datos de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh).

En este contexto se espera que el 1 de abril comience el despliegue de la FRG, según reveló el pasado 16 de marzo el canciller de la vecina República Dominicana, Roberto Álvarez, citando el cronograma de la ONU, y detallando que uno de los primeros batallones estará integrado por tropas provenientes de Chad.

Sin embargo, ninguna autoridad haitiana informó, al menos hasta el mediodía de este martes, sobre el inicio del despliegue o actos en torno a ello el miércoles.

"No espero nada de la Fuerza"

Jean Pierre es un músico local que cuenta sus vivencias a través del rap, un género muy popular en Haití. Se muestra escéptico sobre el despliegue multilateral.

"No espero nada de la fuerza que va a llegar. Cuando vuelven al país es para empeorar la situación. La MSS estaba ahí por su propio interés", declara a EFE.

En su opinión, estas fuerzas internacionales se alían con la policía para impedir que la población se haga oír, como ocurrió, según asegura, con la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), aprobada en 2004 y que se retiró en 2017.

"En términos generales, estas fuerzas no vienen a ayudarnos, sino simplemente a continuar la labor del Gobierno. No es para ayudar al pueblo, sino para proteger a ciertas personas", prosigue Pierre.

Una opinión muy parecida manifiesta Alix Jean, quien vive en el campamento de desplazados de Lycée Marie Jeanne, en Puerto Príncipe. Él creyó que los kenianos iban a hacer un buen trabajo, pero no fue así, según relata.

"Ahora pensamos que va a pasar exactamente lo mismo con la nueva fuerza que va a llegar. (...) Cuando envían fuerzas, rara vez es para traernos soluciones. Al contrario, es para empeorar la situación, para explotarnos aún más, como lo han hecho desde la época colonial", subraya este joven que se dedica a la música.

"Tengo la impresión de que es una especie de manipulación, algo más fuerte que nosotros que aún no comprendemos. Es algo que, en cualquier caso, no favorece a los haitianos", señala.

Garantizar la seguridad para avanzar hacia elecciones

Las fuerzas de la MSS ya empezaron a abandonar Haití, según contó a EFE su responsable de comunicación, Jack Ombaka, una retirada que tiene como objetivo garantizar una transición armoniosa mientras trabajan "para alcanzar la dotación de 5.500 efectivos prevista" en la misión de la Fuerza de Represión de las Pandillas (FRG).

La llegada de la FRG al terreno supondrá la duodécima misión de paz y estabilización que ha conocido el país desde 1990. Unas iniciativas que a pesar de su coste económico no han logrado resolver de forma duradera el problema que enfrenta el país.

Desde 2018, Haití se enfrenta a una crisis de seguridad sin precedentes, caracterizada por la proliferación de ataques armados, masacres, robos y violaciones por parte de las bandas armadas.

El año 2026 es crucial para Haití debido a la urgencia de restablecer la seguridad para organizar elecciones generales, celebradas por última vez en noviembre de 2016 y previstas para el 30 de agosto del presente año en su primera vuelta.

Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages están acusados de conspirar en el secuestro y asesinato de Moïse, cometido por un grupo de mercenarios, 17 de ellos colombianos, el 7 de julio de 2021 en su residencia privada del sector capitalino de Pétion-ville, en las afueras de Puerto Príncipe.

Otro acusado, Christian Sanon, pastor y presunto autor intelectual, iba a ser juzgado en este mismo caso, pero no comparecerá por problemas de salud y será juzgado en una fecha aún por determinar.

Documentos judiciales revelan que, entre febrero y julio de 2021, el sur de Florida "sirvió como lugar central para planificar y financiar el complot para derrocar al presidente Moïse y reemplazarlo con alguien que sirviera a los objetivos políticos e intereses financieros de los conspiradores".

Otras cinco personas fueron condenadas a cadena perpetua entre 2023 y 2024 por su participación en el magnicidio, mientras que una sexta recibió una pena de nueve años de prisión tras entender el juez que no tenía conocimiento del plan cuando financió el envío de chalecos antibalas a los conspiradores en Haití.

Se espera que los seis testifiquen en contra de los acusados junto con agentes federales.

Además, más de cincuenta personas han sido acusadas en Haití en relación con el magnicidio, incluida la viuda de Moïse y los 17 exmilitares colombianos, aunque el proceso se encuentra en un punto muerto por la inseguridad extrema en el país.

El inicio del juicio en EE.UU. se retrasó por la enorme cantidad de evidencias, así como por las dificultades de la defensa para recoger las declaraciones de algunos de los colombianos detenidos en Haití debido a la violencia de las bandas y la crisis política en el país.

Supuesto visto bueno de Estados Unidos para la operación

Según la acusación, el objetivo de los conspiradores era que Sanon reemplazase a Moïse como presidente de Haití. Una vez en el poder, adjudicaría contratos a una empresa en Doral vinculada a Intriago y Ortiz, y de la que Solages actuaba como enlace en Haití.

Además, Veintemilla supuestamente prestó dinero para la operación a través de su empresa Worldwide Investment Development Group, también con sede en Florida.

El plan se vendió inicialmente a los militares colombianos como una operación de arresto legal respaldada por agencias de Estados Unidos, puesto que Ortiz y Joseph Vincen, uno de los primeros cinco condenados, tienen pasado como exinformantes del FBI y de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Este extremo será un punto de fricción durante el juicio, puesto que los abogados defensores alegan que sus clientes estaban convencidos de que contaban con el visto bueno de Estados Unidos.

Según el relato de algunos de los condenados, el plan cambió cuando los líderes de la trama dieron la orden directa de matar al mandatario tras intentos infructuosos de captura.

La crisis humanitaria tras el asesinato

La muerte de Moïses dejó un vacío de poder en Haití que permitió que las bandas tomasen el control del país, lo que ha desencadenado una crisis humanitaria y de inseguridad.

Ambos factores dispararon la migración de haitianos hacia otros países, entre ellos a Estados Unidos, especialmente en Florida, donde muchos de ellos se enfrentan al temor de que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, elimine el Estatus de Protección Temporal (TPS) que protege de la deportación a 350.000 haitianos.

Aunque la Administración ha realizado varios intentos por revocar esta medida, varios tribunales se han opuesto por entender que el retorno de los migrantes a Haití los expondría a la violencia.

Esta remodelación se produce casi un mes después de que el actual primer ministro asumiera en solitario la gobernanza del país, tras el fin del mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT), el pasado 7 de febrero. Y una semana después de la firma por parte de los partidos y agrupaciones políticas del Pacto Nacional para la Estabilidad y la Organización de las Elecciones.

El jefe del Gobierno reafirmó que la acción gubernamental se articulará en torno a la seguridad, la recuperación económica y social y la organización de elecciones, anunció este martes en la noche en una comparecencia.

Haití celebró sus últimos comicios entre 2015 y 2016, durante un período de transición que culminó con la elección de Jovenel Moïse, quien asumió la presidencia el 7 de febrero de 2017 y fue asesinado el 7 de julio de 2021, meses después de que el Consejo Superior del Poder Judicial diera por terminado su mandato.

Reparto de cargos

En el nuevo Gobierno de transición, con once ministros nuevos y seis ratificados, figuran Serge Gabriel Collin, nombrado ministro de Economía; Sandra Paulémon, ministra de Planificación, y Raina Forbin, al frente de Asuntos Exteriores.

El antiguo director de la Policía Nacional, Mario Andrésol, asume como ministro de Defensa, mientras que Marcelin Aubourg asume la cartera de Agricultura.

El Ministerio de Asuntos Sociales está a cargo de Marc Elie Nelson, y el de Medio Ambiente lo asume Valery Fils-Aimé, mientras que Emmanuel Ménard adopta el mando del Ministerio de Cultura; Stéphanie Smith asume como líder de Turismo, Pythagore Dumas del Ministerio de Deportes y Vijonet Demero del Ministerio de Educación.

Se mantienen en el Gobierno los ministros del Interior, Paul Antoine Bien-Aimé; de Justicia, Patrick Pelissier; de Sanidad, Bertrand Sinal; de la Condición Femenina, Pédrica Saint Jean; de Comercio, James Monazard, y de los Haitianos Residentes en el Extranjero, Kathia Verdier.

Además, en esta remodelación, Sharina Lochard fue nombrada como secretaria de Estado de Colectividades Territoriales y Jean Willio Patrick Chrispin, secretario de Estado de Comunicación.

Medidas del nuevo gobierno

El primer ministro elogió "el sentido del compromiso y el espíritu de superación de los miembros del Gobierno saliente, que han trabajado en un contexto de crisis particularmente difícil, dando prioridad al interés superior de la nación haitiana".

Fils-Aimé insistió también en la necesidad de pasar decididamente a la acción. "Se acabó el tiempo de los discursos bonitos", declaró, e instó a los nuevos ministros a adoptar una gestión "sana, rigurosa y transparente de los recursos públicos".

Precisó que se deberán reforzar las capacidades operativas de la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas de Haití y la Fuerza de Represión de Pandillas para recuperar el control total de las zonas bajo el dominio de los grupos criminales y restablecer de forma duradera la autoridad del Estado.

A nivel económico, señaló que el nuevo ejecutivo deberá poner en marcha medidas concretas después de dialogar con representantes del sector privado y socios financieros, así como acompañar a agricultores y empresarios, reactivar la producción nacional y crear un clima propicio para la inversión, en particular la extranjera.

Asimismo, tendrá que establecer los mecanismos institucionales, logísticos y de seguridad necesarios para la organización de elecciones "libres, honestas y creíbles", con vistas a la renovación del personal político y al restablecimiento completo del orden constitucional.

En su comparecencia, también hizo un llamamiento al compromiso ciudadano para la construcción de un Haití próspero, basado en la unidad, la solidaridad y la paz; al tiempo que agradeció el apoyo de socios internacionales para solucionar la crisis que vive el país.

"Este 7 de febrero finaliza el mandato del Consejo Presidencial de Transición. A partir de hoy deja de existir y de ejercer el Poder Ejecutivo. Haití no entra en un vacío: el Consejo de Ministros, bajo la dirección del primer ministro, asumirá las responsabilidades", declaró Saint-Cyr, presidente del CPT.

La noche del viernes se realizó una reunión entre el alto mando de la Policía Nacional de Haití, los directores departamentales y el comandante en jefe de la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG), el general Godfrey Otunge.

Jounen 7 fevriye 2026 lan, yon gwo seremoni te òganize nan Viladakèy pou make fen manda Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an (KPT). Nan okazyon sa a Ekselans Laurent Saint-Cyr te fè pasasyon pouvwa a bay Konsèy minis lan ki genyen nan tèt li Premye minis Alix Didier Fils-Aimé, menm… pic.twitter.com/jpuRkRzxPX

— Présidence d’Haïti (@PresidenceHT) February 7, 2026

"El objetivo de esta reunión es tomar medidas para aumentar la seguridad en todo el territorio para el final de esta semana especial", escribió el director general de la PNH, André Jonas Paraison, en su página de Facebook.

El CPT fue establecido en abril de 2024 con el respaldo de Naciones Unidas para enfrentar a las bandas armadas —que controlan cerca del 90 % de Puerto Príncipe y otras localidades—, encauzar la crisis institucional, organizar elecciones generales e impulsar un referendo constitucional.

Ninguna de estas metas fueron cumplidas y el CPT concluyó su misión con notas negativas.

"Pongamos a Haití en primer lugar"

Tras asumir, Fils-Aimé afirmó estar "consciente" de las responsabilidades que enfrenta y aseguró que iniciará de inmediato su labor.

"Las prerrogativas del Ejecutivo se ejercerán escrupulosamente, respetando las instituciones y el interés superior de la nación. Pongamos a Haití en primer lugar. ¡Viva Haití!", expresó.

Asimismo, valoró la gestión de Saint-Cyr y el Consejo Presidencial: "Aprovecho para elogiar su compromiso con la continuidad del Estado y la estabilidad institucional. Señor presidente, usted es un hombre de Estado. Toda la nación lo reconoce".

Las autoridades han desplegado dispositivos de seguridad en los alrededores del Palacio Nacional, situado en la plaza Campo de Marte, y también cerca de la Villa D'accueil, sede del CPT, donde se ha convocado, para la mañana de este sábado, una ceremonia de fin de mandato del Consejo Presidencial de Transición.

Entre la población se hace presente la incertidumbre sobre lo que sucederá este 7 de febrero, fecha en la que se esperaba que tomaran posesión las autoridades electas en unos comicios generales que siguen retrasándose -ahora están programados para agosto- en un país sacudido por una crisis severa en prácticamente todos los órdenes.

Hasta este viernes, los actores principales haitianos no alcanzaban un acuerdo sobre la gobernanza del país, cuya capital está tomada en un 90 % por pandillas armadas.

La semana pasada, el CPT informó del inicio de un proceso para cambiar al actual primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, y sustituirlo por un primer ministro del Gobierno interino con un plazo máximo de 30 días, una propuesta rechazada por organismos internacionales y varios países, entre ellos Estados Unidos que, incluso, informó de la revocación de visados a dos consejeros, así como a sus familiares, por su presunta implicación con "pandillas y otras organizaciones criminales" en el país caribeño.

Esta misma semana, la Embajada de Estados Unidos en Haití informó de la llegada a Puerto Príncipe de tres barcos de la Marina de Guerra estadounidense, como parte de la Operación Lanza del Sur y para garantizar un Haití "más seguro y próspero".

El Consejo Presidencial de Transición no ha podido organizar elecciones en el país, ni tampoco ha logrado restablecer la seguridad pública, y el referéndum para la revisión de la Constitución del país ha quedado en el olvido. El restablecimiento del Estado de Derecho y la Justicia no han logrado materializarse.

La economía sigue empeorando en el país más deprimido de América, y Haití se encamina hacia una tercera ronda de transición tras el asesinato del presidente Jovenel Moise, en julio de 2021.

"Estas acciones se toman debido a la participación de los miembros del CPT en las operaciones de pandillas y otras organizaciones criminales en Haití, incluyendo la interferencia con los esfuerzos del Gobierno de Haití para combatir a las pandillas designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) por Estados Unidos", informó en un comunicado el portavoz principal adjunto, Tommy Pigott.

Los afectados, según el Departamento de Estado, son dos miembros del CPT y sus familiares directos, cónyuge e hijos.

El texto resalta que Estados Unidos mantiene "su compromiso de apoyar la estabilidad de Haití y de colaborar con las autoridades haitianas para combatir la violencia de las pandillas en el país".

"El pueblo haitiano está harto de la violencia de las pandillas, la destrucción y las luchas políticas internas. La Administración Trump promoverá la rendición de cuentas de quienes continúan desestabilizando Haití y la región", concluye el comunicado.

El CPT, compuesto por representantes de partidos políticos, sociedad civil y el sector privado, se instaló en abril de 2024 después de que el primer ministro, Ariel Henry, quien asumió las riendas del país tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021, anunciara en marzo de ese año su dimisión en medio de una ofensiva sin precedentes de la coalición de bandas armadas Vivre Ensemble (Vivir Juntos), del poderoso Jimmy Chérizier, alias 'Barbecue'.

Después de que el jueves se revelara el plan de los cinco consejeros y pese al rechazo de la comunidad internacional, en especial de Estados Unidos, el asesor presidencial, Edgard Leblanc Fils, confirmó el viernes en rueda de prensa que "la decisión" sobre Fils-Aimé "está tomada".

"Se están siguiendo los procedimientos normales para que se publique en la imprenta nacional" la destitución, afirmó.

A continuación algunas claves de esta nueva crisis.

Origen del Consejo Presidencial de Transición

El CPT, compuesto por representantes de partidos políticos, sociedad civil y el sector privado, se instaló en abril de 2024 después de que el primer ministro, Ariel Henry, quien asumió las riendas del país tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021, anunciara en marzo de ese año su dimisión en medio de una ofensiva sin precedentes de la coalición de bandas armadas Vivre Ensemble (Vivir Juntos), del poderoso Jimmy Chérizier, alias "Barbecue".

El CPT asumió entonces el rumbo de Haití con la misión de restablecer la seguridad en los territorios en poder de las bandas armadas, organizar elecciones generales inclusivas, honestas y democráticas, celebrar un referéndum sobre un proyecto de Constitución y favorecer la reanudación de las actividades económicas, algo que no se ha logrado.

Intentos por sostener la transición

El académico y político haitiano Garry Conille, quien ya había ocupado el cargo de primer ministro entre 2011 y 2012, fue nombrado por el CPT en el cargo el 28 de mayo de 2024 y juramentado seis días después con el objetivo de liderar la transición hacia las elecciones, las cuales se han ido aplazando.

Cinco meses después, el 11 de noviembre, fue destituido y reemplazado por el empresario Alix Didier Fils-Aimé, en medio de acusaciones de corrupción y diferencias con miembros del CPT.

Fils-Aimé tomó entonces el cargo y se fijó como tarea esencial "la seguridad de la gente, seguridad de los bienes y de las infraestructuras, seguridad alimentaria y libertad de circulación en todo el país", unos puntos que están lejos de lograrse en un país que el año pasado registró más de 8.100 asesinatos y en el que las bandas armadas siguen controlando una buena parte del territorio, principalmente la capital, Puerto Príncipe.

Fils-Aimé, respaldado por la comunidad internacional

Tras conocerse los planes de la mayoría del CPT, organismos internacionales y varios países expresaron este viernes su preocupación por los últimos acontecimientos, pero también sus respaldos al actual primer ministro.

En un comunicado, la Delegación de la Unión Europea en Haití y las embajadas de Alemania, España y Francia instaron a las autoridades haitianas de transición a que actúen "con responsabilidad y sentido del interés general".

Además, señalaron que "cualquier cambio en la cúpula del Gobierno a pocos días de que finalice el Consejo Presidencial de Transición pondría en peligro la dinámica alentadora de las fuerzas de seguridad contra las bandas criminales".

En tanto, Estados Unidos acusó a políticos "corruptos" de Haití de usar las bandas criminales armadas para sembrar el caos en el país, y expresó su apoyo "indefectible" al primer ministro y a la estabilidad y la seguridad en Haití.

Celebrar elecciones, el gran reto de Haití

Las últimas elecciones presidenciales se celebraron en 2016, cuando resultó elegido Jovenel Moïse, asesinado por mercenarios en su residencia en 2021, por lo que el país no cuenta con autoridades electas en las urnas.

Después de varios aplazamientos, las autoridades han previsto la celebración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 30 de agosto de 2026 y la segunda el 6 de diciembre.

Sin embargo, el Consejo Electoral Provisional ha señalado dos requisitos previos para el cumplimiento del calendario: un clima de seguridad aceptable y la disponibilidad de recursos financieros, algo poco probable de momento.