El sondeo, elaborado por la firma Quaest, muestra a Lula como vencedor en todos los posibles escenarios de la primera vuelta de los comicios presidenciales, previstos para el próximo 4 de octubre.

No obstante, Flávio Bolsonaro redujo la distancia al líder progresista en siete puntos con respecto a la encuesta anterior, divulgada en enero.

En uno de los panoramas planteados por la encuestadora, en el que se evalúan varios aspirantes, Lula lidera con un 35 % de los apoyos, frente al 29 % que obtendría el primogénito del líder de la ultraderecha, el expresidente Jair Bolsonaro.

Por detrás aparecen los gobernadores conservadores de Paraná, Carlos Roberto Massa, conocido como Ratinho Jr (8 %); y de Minas Gerais, Romeu Zema (4 %).

Sin embargo, en la primera encuesta del año, divulgada a mediados de enero, Lula lideraba con el 36 % de los apoyos, frente al 23 % que obtendría Flávio.

La intención de voto de Lula, en el caso de que se de una segunda vuelta entre ambos aspirantes, mantiene su tendencia a la baja en las últimas encuestas.

En este nuevo sondeo, Bolsonaro permanece con el 38 %, pero Lula cayó al 43 %, perdiendo dos puntos, mientras que los votos en blanco, nulos o la intención de no ir a votar subieron dos puntos porcentuales.

Flávio Bolsonaro fue nombrado candidato en diciembre desde la cárcel por su padre, que se encuentra cumpliendo una pena a 27 años y tres meses de prisión por orquestar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula.

Los resultados de esta última encuesta, que cuenta con un margen de error de 2 puntos, se obtuvieron a partir de 2.004 entrevistas presenciales realizadas entre el 5 y el 9 de febrero a brasileños de más de 16 años.

Lula obtendría el 51% de los votos en una segunda vuelta y el primogénito del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022) apenas un 36%, es decir, 15 puntos de diferencia, de acuerdo con la encuesta del Instituto Datafolha, realizada antes de que Flávio anunciara su precandidatura.

Otros nombres barajados por la derecha saldrían mejor parados que el senador, pero también caerían derrotados ante el actual mandatario.

El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, y la esposa del expresidente, Michelle Bolsonaro, obtendrían un 42% y un 39% de los votos, respectivamente, en una hipotética segunda vuelta.

Quién terminará representando a la derecha en las elecciones de octubre del año que viene es la gran incógnita de la política brasileña, después de que Jair Bolsonaro empezara a cumplir su condena a 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado.

Las divisiones dentro de la familia del líder ultraderechista quedaron expuestas esta semana tras un cruce público de críticas entre Michelle y sus hijastros, fruto del matrimonio del expresidente con su primera esposa.

Lula, por su parte, expresó durante un reciente viaje a Indonesia su intención de presentarse a la reelección, pese a ya tener 80 años y a haber padecido problemas de salud durante este mandato, entre ellos una operación por una hemorragia intracraneal provocada por una caída.

Pese a la incertidumbre que reina en el campo de la derecha, la popularidad del Gobierno de Lula se encuentra estancada en un 32% de aprobación, frente a un 37% de desaprobación, números parecidos a los de la encuesta anterior, según Datafolha.

La elección de Flávio como candidato cuenta con el respaldo de su padre, quien cumple una condena de cárcel de 27 años por intento de golpe de Estado, según aseguró el dirigente del PL.

"Confirmado. Flávio me dijo que nuestro capitán (Jair Bolsonaro) ratificó su candidatura. Bolsonaro habló, está hablado. Estamos juntos", señaló Costa Neto, en declaraciones al medio Poder 360.

Flávio Bolsonaro, de 44 años, es el hijo mayor del líder de la extrema derecha brasileña, abogado de profesión y ocupa un escaño en el Senado desde 2019.

En las elecciones de octubre de 2026 se enfrentará al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para aspirar a un mandato de cuatro años que iniciará en enero de 2027.

Su elección como candidato despeja las dudas que se habían abierto en la derecha tras la inhabilitación política de su padre, por haber cometido delitos electorales en 2022, y su posterior condena de cárcel por liderar un golpe de Estado para tratar de retener el poder tras su derrota en los comicios de ese año.

Flávio es un firme defensor de un proyecto de ley que propone amnistiar a los implicados en el golpe de Estado, incluyendo a su padre, un proyecto que lleva meses estancado en el Legislativo por falta de apoyo político.

Fux es el tercero de los cinco jueces de la Primera Sala de la corte que presenta su voto y defendió la tesis de las defensas, que consideran que el caso debía ser juzgado en otras instancias, después de que el relator del caso, Alexandre de Moraes, y el magistrado Flávio Dino ya se han pronunciado por la culpabilidad de Bolsonaro y otros siete reos.

El juez Fux consideró que las acusaciones de haber conspirado para impedir la toma de posesión del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones de 2022, han sido "bien señaladas por la Fiscalía".

Sin embargo, sostuvo que Bolsonaro y los otros acusados ya carecían de "pregorrativa de foro" el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado en un intento de derrocar al nuevo Gobierno.

Según Fux, la Corte Suprema solo puede juzgar a un exmandatario por delitos cometidos durante su mandato, por lo que lo ocurrido el 8 de enero de 2023, cuando Bolsonaro ya no estaba en el poder, queda al margen de la jurisdicción de ese tribunal.

Tras esas consideraciones iniciales, dijo que en su voto concluye "por la incompetencia absoluta de este tribunal" y que, en virtud de eso, sugiere declarar la "nulidad de todos los actos decisorios practicados".

En ese marco, consideró que el juicio debería ser realizado desde la primera instancia y no comenzar en el más alto tribunal del país.

Según Fux, "al contrario del Poder legislativo o el Ejecutivo, no compete a esta corte hacer un juicio político" y sí pronunciarse con "rigor técnico, minimalismo interpretativo" y con "la Constitución como punto de partida, camino y punto de llegada".

En contra de la opinión de Fux, los otros jueces y la Fiscalía consideran que la trama golpista comenzó en realidad en junio de 2021, con una dura campaña contra las instituciones dirigida por Bolsonaro desde el poder, y que los sucesos del 8 de enero de 2023 fueron solamente el corolario de la conspiración.

A un voto de la condena

El exmandatario, en prisión domiciliaria desde el pasado 4 de agosto, está a un solo voto de que la corte tenga una mayoría favorable a su condena.

El martes emitieron sus votos el propio Alexandre de Moraes y Flávio Dino.

El primero pidió la condena de todos los imputados, a los que acusó de utilizar las estructuras del Estado para propagar noticias falsas, vigilar adversarios políticos, instigar actos violentos y por tratar impedir la investidura de Lula mediante el uso de la fuerza.

De Moraes, quien discursó durante casi cinco horas, alertó de que el grupo buscó "perpetuarse en el poder" a través de la imposición de medidas excepcionales y la intervención del Poder Judicial con el objetivo de "gobernar sin frenos ni contrapesos".

Dino, por su parte, siguió el voto del juez instructor, pero consideró que algunos de los acusados merecen un castigo menor.

Lo que sigue

Tras el voto de Luiz Fux, expondrán sus análisis Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala del Supremo, donde se celebra el juicio oral desde la semana pasada.

Posteriormente, los cinco magistrados discutirán la fijación de pena para cada uno de los acusados que hayan sido condenados.

Bolsonaro responde por cinco delitos: abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado, con el agravante de comandar la tentativa.

La pena máxima de esos delitos supera ligeramente los 40 años de prisión.

"La absolución del expresidente Bolsonaro es imperiosa", dijo el abogado Paulo Cunha Bueno ante los cinco jueces de la Primera Sala del máximo tribunal, donde se celebra el juicio por golpismo contra ocho acusados, entre ellos el líder ultraderechista.

El Supremo analiza si Bolsonaro y siete de sus aliados, entre ellos antiguos ministros y militares, conspiraron para dar un golpe de Estado, tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula.

El fiscal general, Paulo Gonet, sitúa a Bolsonaro en el centro de la trama y pidió en la víspera la condena de los ocho, a los que acusó de orquestar un "proyecto autoritario de poder".

La defensa de Bolsonaro remarcó hoy el hecho de que los cinco crímenes que le imputa la Fiscalía -por los que podría ser condenado hasta a 40 años de prisión- requieren "violencia o grave amenaza", lo que no está probado en este caso.

"¿Donde está la violencia y la grave amenaza en una transmisión en directo por las redes sociales?", se preguntó Celso Vilardi, otro de los abogados de Bolsonaro, que acusó al Ministerio Público de "subvertir" el Código Penal.

Vilardi subrayó además que, en caso de que la tesis de la Fiscalía fuera cierta, el complot golpista no pasaría de "meros actos preparatorios" que no pueden ser objeto de castigo.

"Por más extensa que sea la denuncia y use adjetivos fuertes, no se puede afirmar que hay algún acto que atribuya a Bolsonaro violencia o grave amenaza", reforzó Cunha Bueno.

"Suposiciones"

Este punto es clave en el juicio, pues la acusación plantea que Bolsonaro y el resto de acusados también están detrás del asalto a Brasilia del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes de extrema derecha invadieron y vandalizaron las sedes de los tres poderes para incitar una intervención militar contra el actual presidente, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

La defensa insistió en que Bolsonaro, tras perder la elección de 2022, autorizó la transición del poder para que asumiera Lula, cambió los comandantes de las Fuerzas Armadas a petición del Gobierno entrante e incluso "desincentivó a sus seguidores" de tomar el camino de la violencia.

En esta línea, Cunha Bueno sostuvo que "faltan elementos" para condenar al expresidente, pues la acusación de la Fiscalía está basada en "narrativas y suposiciones".

Concluida la fase de sustentación oral de las defensas de los reos, el juicio quedará listo para una sentencia que se dictará la semana próxima, en sesiones previstas para los días 9, 10 y 12 de septiembre.

Defensa admite "planes golpistas"

Este miércoles también se escuchó a los abogados del exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira, quien sostiene haber reaccionado "activamente" contra los "intentos" de una ruptura democrática que se discutían en el Gobierno de Bolsonaro.

Esos planes habrían sido alentados por las alas más radicales del bolsonarismo, pero Nogueira -supuestamente- convenció al entonces mandatario de "no avanzar por ese camino", según el defensor Andrew Fernandes.

Nogueira "asesoró al presidente en el sentido de que nada podría ser hecho tras el resultado de las elecciones" de 2022, ganadas por Lula: "Se mostró contrario siempre a cualquier medida de excepción" después de los comicios, enfatizó Fernandes.

El abogado también subrayó que esos "planes de golpe" no se concretaron en ningún momento y no pasaron de "discusiones" promovidas por sectores radicales, que fueron ignorados tanto por Bolsonaro como por los propios militares, con lo que concluyó que todos los acusados deben ser absueltos.

El general de la reserva del Ejército está acusado de intentar convencer a las Fuerzas Armadas de sumarse a la aventura golpista y de haber puesto a los militares al servicio de una campaña para sembrar dudas sobre el sistema electoral, a fin de crear un clima apropiado para anular los comicios de 2022 por supuestos fraudes.

Nogueira, quien conoce a Bolsonaro desde la década de 1970, fue nombrado ministro de Defensa en abril de 2022 y una de las voces más críticas del Gobierno al proceso electoral que concluyó en octubre de ese mismo año con la victoria del actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

En la fase de instrucción del proceso, Nogueira llegó a pedir disculpas por su intervención en una reunión ministerial de junio de 2022, en la que tildó a las autoridades electorales de "enemigo".

Según la acusación, el general fue clave en los planes golpistas, al haber avalado la instalación de campamentos frente a cuarteles en los que miles de activistas ultras exigían una intervención militar para impedir la investidura de Lula.

"Solo queda lamentar que en la historia republicana haya habido un nuevo intento de golpe contra instituciones y contra la democracia para instalar un estado de excepción y una verdadera dictadura", dijo el juez en la primera de las sesiones de la fase final del juicio, que empezó este martes y se extenderá hasta la próxima semana, en Brasilia.

De Moraes empezó la lectura del informe del caso afirmando que una "verdadera organización criminal" intentó romper el orden democrático en momentos en el que el país atravesaba "una nociva radical y violenta radicalización política".

El magistrado citó que desde el grave asalto a las instituciones del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes de Bolsonaro vandalizaron las sedes de los tres poderes para incentivar una intervención militar contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, el Supremo ha dictado cerca de 700 condenas relacionadas con ese episodio.

En este sentido, pidió no confundir la pacificación del país con la impunidad.

"La historia enseña que la impunidad, la omisión y la cobardía no son opciones para la pacificación porque el camino más fácil, el de la impunidad, deja cicatrices traumáticas y corroe la democracia", añadió.

Con la lectura del informe del proceso, por parte de De Moraes, la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil inició este martes la fase final del juicio contra Bolsonaro y otros sietes acusados de orquestar el complot golpista tras perder las elecciones de 2022 ante Lula.

El magistrado de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes. Foto: EFE

Fiscal general pide condenar por golpismo

El fiscal general, Paulo Gonet, pidió este martes a la Corte Suprema que Jair Bolsonaro y los otros siete acusados sean declarados culpables de cinco delitos contra el orden democrático, aunque no llegó a sugerir una pena, que pudiera llegar a 40 años de cárcel.

La Fiscalía General "espera que el juicio acepte la procedencia de la acusación producida", dijo Gonet tras presentar los cargos por golpismo frente a los cinco jueces de la Primera Sala de la Corte, donde se celebra el proceso penal cuya fase final comenzó este martes.

Aseguró que todo fue "debidamente constatado" y "ratificado" por muchos de los 52 testigos escuchados por el tribunal durante la fase de instrucción.

Gonet presentó un pormenorizado relato sobre la actividad de lo que calificó como "organización criminal", que tenía el objetivo de "desconocer la voluntad popular" e impedir que el progresista Lula da Silva asumiera el poder tras derrotar a Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022.

"Las pruebas de la acusación resultan de testimonios y documentos que bastan para afirmar la convicción segura de prácticas repudiadas por la legislación penal", afirmó Gonet, quien agregó que "el golpe no se consumó porque no tuvo la adhesión de los jefes del Ejército y la Aeronáutica", que se negaron a respaldar la ruptura democrática.

Según el fiscal, "el grupo liderado por el presidente Bolsonaro y compuesto por figuras claves del Gobierno, las Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia, desarrolló e implementó un plan progresivo y sistemático de ataque a las instituciones democráticas con la finalidad de impedir la alternancia legítima del poder".

El fiscal general, Paulo Gonet. Foto: EFE

La preparación de un "proyecto autoritario de poder"

El fiscal afirmó que "desde 2021 se adoptó la táctica de generar un clima de desconfianza en las instituciones democráticas" y en favor de un "proyecto autoritario de poder" y "con fines de golpe", en alusión a una dura campaña contra el sistema electoral del país que Bolsonaro encabezó desde el Gobierno.

En su relato, citó manifestaciones convocadas por el líder de la ultraderecha contra las autoridades judiciales y electorales, que pretendían "incitar a una rebelión popular" frente a las elecciones y tomaron forma tras la victoria de Lula en octubre de 2022.

El fiscal responsabilizó a Bolsonaro por las protestas tras las elecciones y por los campamentos frente a cuarteles del Ejército en los que se exigía un golpe para impedir la investidura de Lula.

Sostuvo que, además, la investigación desveló un intercambio de mensajes "constante" entre algunos acusados, todos del entorno más íntimo de Bolsonaro, y los "líderes" de esas protestas, en los que los revoltosos eran animados a "mantenerse firmes y no ceder".

Según Gonet, eso condujo a los sucesos del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el propio Supremo en Brasilia, exigiendo una "intervención militar" para derrocar al Gobierno elegido en las urnas.

Lo que viene

Tras la presentación del fiscal, tendrán la palabra los abogados de los ocho acusados, que dispondrán de una hora cada uno para exponer sus alegatos.

Según las previsiones del tribunal, esa fase concluirá este miércoles y el juicio quedará entonces listo para una sentencia que deberá ser dictada durante tres sesiones que se celebrarán la semana próxima, los días 9, 10 y 12 de septiembre.

En esta primera audiencia, sólo está presente uno de los reos: el general de la reserva Paulo Sérgio Nogueira, quien fue ministro de Defensa durante la gestión de Bolsonaro.

El líder de la ultraderecha, de 70 años y quien está en prisión domiciliaria, alegó motivos de salud y ni siquiera solicitó la autorización que requeriría para asistir a estas sesiones.

"No me presento aquí como candidato a uno u otro cargo", sino "como alguien dispuesto a ayudar al país a reencontrarse, a levantar la cabeza y a creer en sí mismo", dice el hijo del líder de la ultraderecha en un vídeo publicado en sus redes sociales.

El mensaje fue divulgado dos días después de que la revista Veja publicara una entrevista con el diputado, quien admitió que aspirará a la Presidencia en 2026 si su padre se lo pide.

Ainda há esperança🙏
Venceremos🇧🇷 pic.twitter.com/uFZYimtYt1

— Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) June 1, 2025

"Si fuera una misión dada por mi padre, voy a cumplir", dijo Eduardo en esa entrevista, concedida desde Estados Unidos, donde está desde marzo pasado, liberado de su escaño y, según sostiene, buscando "justicia" para el expresidente, que responde por acusaciones de golpismo ante la Corte Suprema.

Las elecciones serán en octubre de 2026 y todo el arco conservador busca un candidato para sustituir a Jair Bolsonaro, en tanto que el actual presidente, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, de 79 años, aún no decide si aspirará a otro mandato.

En su mensaje de este domingo, el hijo de Bolsonaro habló en un tono inusualmente conciliador y dijo que en un "momento tan delicado" para el país, con "una fractura social profunda y sentimientos de cansancio y desconfianza", se debe rescatar "el verdadero espíritu brasileño".

En ese marco, sostuvo que Brasil "no nació ayer" y pidió hacer una revisión de la historia y sus figuras con una "mirada nacional, no partidaria".

Llegó a reconocer "virtudes" en algunas figuras de la historia habitualmente criticadas por la extrema derecha, como los expresidentes Getúlio Vargas (1930-1945 y 1951-1954), Juscelino Kubitschek (1956-1961) y João Goulart (1961-1964).

Sobre este último, socialista derrocado por militares que implantaron una dictadura que se prolongó durante 21 años y es considerada como "modelo" por la ultraderecha, Eduardo declara que, si bien puede discrepar de sus posiciones, "es injusto negar que muchas de ellas nacieron de la intención de responder a las ansias populares".

Sobre la dictadura, a la que se refiere como "período militar", admite que "hubo autoritarismo", pero afirma que "tampoco se puede decir que todo fueron tinieblas, porque existieron proyectos de infraestructura que sustentan a Brasil hasta hoy".

Según el diputado, "negar las virtudes de cualquier período de la historia es negarnos a nosotros mismos" y "no habrá unión nacional si cada uno de los lados quiere borrar al otro", pues Brasil "precisa reconciliación y no resentimiento".

El hijo de Bolsonaro se ofrece también para "caminar lado a lado con quienes creen en eso" y pide "reencontrar la grandeza por encima de las vanidades, la unidad por encima de los rencores, la construcción por encima de la destrucción".

También cita al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, "el líder conservador más longevo de la actualidad, con quince años en el poder", de quien dice haber aprendido que es necesario "tener aliados y concentrarse en lo que se converge".

Nunes, de la formación Movimiento Democrático Brasileño (MDB) de centroderecha, se impuso en la mayor ciudad de Brasil y de Sudamérica por una diferencia de casi un millón de votos, según los resultados difundidos por el Tribunal Superior Electoral con más del 90 % de las actas escrutadas.

Con la amplia victoria, este político relativamente desconocido revalida el cargo que ocupa desde hace casi tres años y medio, tras la muerte en 2021 del alcalde Bruno Covas por un cáncer.

El resultado da alas al exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), quien había apoyado al alcalde, si bien de forma tímida.

Al mismo tiempo, la derrota de Boulos, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), supone un varapalo para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien manifestó su apoyo público y notorio al candidato y participó en varios actos de campaña a su lado.

Los resultados confirmaron la condición de favorito del actual alcalde que ya había sido apuntada por las encuestas hace semanas y que se mantuvo pese a un reciente apagón eléctrico que dejó a 3,1 millones de personas sin luz.

Boulos no consiguió remontar la segunda posición que le daban las encuestas, lastrado por un pasado como activista considerado radical por una parte del electorado, así como por una serie de bulos vertidos por la derecha en su contra.

Poco después de la apertura de los colegios electorales, el gobernador del estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, un aliado de Nunes, afirmó sin presentar pruebas que el PCC, la mayor facción criminal de Brasil, había pedido el voto para Boulos.

El candidato de la izquierda tachó la declaración de "mentirosa" e interpuso una demanda ante la Justicia electoral contra el mandatario regional por "abuso de poder político" y "uso indebido de los medios de comunicación".

São Paulo, con 12 millones de habitantes sin contar la región metropolitana, era la principal batalla política de la segunda vuelta de las municipales y era vista como un termómetro sobre la fuerza de Bolsonaro y de Lula, quien ha sugerido que se presentará candidato a la reelección en 2026.

Cerca de 33 millones de electores brasileños estaban llamados este domingo a las urnas para elegir a 51 alcaldes de grandes ciudades, tras una primera vuelta celebrada a principios de mes.

El magistrado Benedito Gonçalves dio por comprobado que Bolsonaro usó su entonces posición de jefe de Estado para "degradar el ambiente electoral", "incitar un estado de paranoia colectiva" y fabricar "teorías de conspiración" con "informaciones falsas" y "mentiras atroces".

"No es posible cerrar los ojos ante los efectos antidemocráticos de los discursos violentos y las mentiras que ponen en jaque la credibilidad de la Justicia electoral", afirmó el juez instructor en la lectura resumida de su voto, de 382 páginas en total.

Con el primer voto a favor de que Bolsonaro pierda sus derechos políticos, el juicio, que parte de una denuncia del Partido Democrático Laborista, fue suspendido y se reanudará el jueves con el análisis de los otros seis magistrados que componen la corte electoral y que definirán el futuro político del líder ultraderechista.

#AIJE ⚖️ Relator vota pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro por 8 anos a partir das Eleições 2022: https://t.co/mrWdJNCZ2p • pic.twitter.com/6WfaanaO0O

— TSE (@TSEjusbr) June 28, 2023

El punto central de la causa es una reunión a la cual Bolsonaro convocó a medio centenar de embajadores extranjeros en la residencia oficial de la Presidencia, el 18 de julio de 2022, para descalificar de manera grave el sistema electoral y acusar a la Justicia de maniobrar en favor del hoy mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Ese encuentro, calificado hoy de "aberrante" por Gonçalves y en el que el entonces mandatario vertió sospechas infundadas sobre las urnas electrónicas que Brasil usa sin denuncias de fraude desde 1996, fue transmitido por la televisión pública y las redes sociales del capitán de la reserva del Ejército.

No obstante, Gonçalves optó por la absolución del que fue compañero de fórmula de Bolsonaro, el general Walter Braga Netto, al "no haber sido demostrada su responsabilidad" en el caso.

"INTEGRAL RESPONSABLE"

En este contexto, señaló a Bolsonaro, de 68 años, como "el integral responsable" del evento con los embajadores, en función de los testimonios recabados en la investigación, entre ellos varios de sus más próximos ministros.

A su juicio, Bolsonaro, a partir de argumentos "completamente distorsionados", "flirteó peligrosamente con el golpismo" e intentó "convencer" a los representantes diplomáticos de que "su relato merecía más confianza que las informaciones oficiales del TSE".

"Intentó convencer a la comunidad internacional de que las elecciones estaban marcadas por el fraude sistemático y la actuación corrupta del TSE, exponiendo una imagen falsa de la democracia brasileña", sentenció.

Asimismo, tumbó los argumentos de la defensa del líder ultraderechista que querían reducir el alcance de la acusación, que sostiene que la campaña de Bolsonaro contra el sistema electoral fue el inicio de un movimiento que llevó al violento asalto a los tres poderes de la Nación ocurrido el pasado 8 de enero.

En este marco, Gonçalves defendió la incorporación al proceso del borrador de un decreto presidencial encontrado en enero pasado en la residencia del exministro de Justicia Anderson Torres para anular la victoria de Lula y mantener a Bolsonaro en el poder mediante una "intervención militar", ya que "no se pueden disociar los hechos del contexto en que ocurrieron".

Mientras se celebraba el juicio, Bolsonaro, que se declara inocente, sacaba pecho en su canal de Telegram de su gestión (2019-2022) frente a "narrativas maliciosas".

"En 2026, si estoy todavía vivo y también elegible y si es el deseo del pueblo, voy a disputar nuevamente la presidencia", afirmó Bolsonaro en un evento del derechista Partido Liberal (PL) en Porto Alegre, capital de Río Grande do Sul.

El exmandatario, que ya tildó de "politiquero" y "malintencionado" el juicio al que fue sometido tras ser acusado de supuesto abuso de poder y, en caso de ser condenado, puede ser inhabilitado, expresó su deseo de continuar en la política.

"Es lógico que no quiero perder mis derechos políticos. Hasta ya dije que estoy pensando en ser candidato a concejal en Río de Janeiro (en las municipales de 2025). ¿Cuál es el problema? No es demérito ninguno", añadió Bolsonaro.

El jueves, el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, afirmó en una propaganda de televisión del partido que el candidato de la formación para disputar la presidencia dentro de tres años era Bolsonaro.

ORIGEN DE LA ACUSACIÓN

El punto central de la acusación contra Bolsonaro es una reunión que él convocó en la residencia oficial de la Presidencia con medio centenar de embajadores extranjeros el 18 de julio de 2022 para descalificar el sistema electoral y la propia democracia.

Ese encuentro, en el que el entonces mandatario difundió sospechas infundadas sobre las urnas electrónicas que Brasil usa -sin denuncias de fraude desde 1996-, fue transmitido por la televisión pública y las redes sociales del capitán de la reserva del Ejército.

Bolsonaro acabaría perdiendo las elecciones de octubre de ese año por un estrecho margen ante el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, que asumió el poder el 1 de enero.

El juicio fue suspendido el jueves y será retomado el próximo martes por la corte electoral.

"Si llega el momento y estamos en una situación delicada y estoy bien de salud, puedo (disputar la reelección)", afirmó el líder progresista en una entrevista que concedió a la televisión RedeTV.

El jefe de Estado aclaró que inicialmente pretende cumplir su propósito de solo ejercer el mandato para el que fue elegido hasta 2026 pero que, dependiendo de las condiciones, aspiraría a otro cuatrienio, hasta 2030, cuando tendrá 85 años.

"Si yo pudiera decírtelo ahora, te diría: 'no seré candidato en 2026'. Tendré 81 años de edad. Necesito aprovechar un poco mi vida porque tengo 50 años de vida política. Eso es lo que te diría ahora", afirmó el mandatario, que asumió su tercer mandato el 1 de enero pasado.

Aclaró que, en caso de que el país esté en una situación delicada, puede intentar la reelección dependiendo de su salud, porque "solo puedo ser candidato si estoy con la salud perfecta a los 81 años y con energía de 40 y ganas de 30".

Sus declaraciones contradicen las que pronunció durante toda la campaña electoral del año pasado, en las que insistió que, por su edad, todos los brasileños saben que tan solo aspira a un mandato y que nadie puede pretender ser reelegido con 81 años.

"Si me eligen será presidente de un solo mandato", afirmó en un debate.

La posibilidad de que el exlíder sindical intente un cuarto mandato tras el actual y los dos que ejerció entre 2003 y 2010 ya había sido admitida en enero por su ministro de la Presidencia, Rui Costa.

"Ustedes parten del presupuesto de que Lula no irá a disputar la reelección. Yo no parto de ese presupuesto", afirmó el ministro en declaraciones a la prensa.

La decisión del magistrado Alexandre de Moraes, uno de los once miembros del Supremo Tribunal Federal, fijó un plazo de cinco días para que la Policía federal escuche a Costa Neto sobre posibles planes golpistas durante el Gobierno del líder ultraderechista.

El interrogatorio fue solicitado por la propia Policía Federal luego de que el diario O Globo publicara una entrevista en la que el dirigente partidario afirma que recibió diversas propuestas para intentar revertir el resultado de las elecciones de octubre pasado pero que trituró los documentos.

"Nunca lo comenté, pero recibí varias propuestas, por correo y en eventos políticos, sobre cómo sacar a Lula del Gobierno. Abogados me mandaban (propuestas) sobre cómo hacerlo con base en el artículo 142 (de la Constitución), pero todo fuera de la ley. Tuve el cuidado de triturarlo", dijo el presidente del PL en la entrevista.

"La propuesta que estaba en la casa del (ex)ministro de Justicia, estaba en la casa de todo el mundo", agregó.

El presidente del PL, partido que postuló al líder ultraderechista a la reelección, hizo alusión a un proyecto de decreto encontrado por la Policía en un allanamiento a la casa del exministro de Justicia Anderson Torres considerado como evidencia de que Bolsonaro pretendía dar un golpe de Estado.

El polémico texto es el borrador de un decreto que habría permitido a Bolsonaro instaurar un estado de excepción para intervenir el máximo tribunal electoral y revertir el resultado de las elecciones del 30 de octubre, en las que fue derrotado por el líder progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

"Las afirmaciones de Valdemar Costa Neto de que recibió proyectos semejantes, de carácter manifiestamente ilegal e inconstitucional tienen que ser aclaradas en el contexto más amplio de las investigaciones, especialmente las que se refieren a la adhesión, por parte de terceras personas, a una eventual intentona golpista", alegó Moraes en su decisión.

El Tribunal Superior Electoral incluyó el denominado "documento golpista" hallado en la casa de Torres en una investigación que se adelanta contra el exmandatario por supuesto abuso de poder durante su campaña a las elecciones presidenciales de octubre.

El expresidente también fue incluido por la Corte Suprema en la lista de investigados por el asalto a las sedes de los tres poderes el 8 de enero pasado, cuando miles de bolsonaristas intentaron forzar un golpe de Estado contra Lula.

El cerco judicial se estrecha sobre el exmandatario, quien se encuentra desde el 30 de diciembre en Estados Unidos y del que se sospecha que incitó a sus partidarios a invadir y destrozar las sedes del Parlamento, la Presidencia y el Supremo.

Bolsonaro, investigado en al menos siete acciones en la Corte Electoral, puede ser condenado a un período de inhabilitación política y quedar inelegible con el nuevo proceso.

La decisión fue del magistrado Benedito Gonçalves en respuesta a una solicitud del Partido de lo Trabajadores (PT), la formación liderada por Lula, y de los demás partidos que apoyaron la candidatura del dirigente progresista.

El proceso abierto investiga un posible abuso de poder político y económico del líder ultraderechista por haber realizado actos de campaña en el Palacio presidencial de Planalto y en el Palacio de la Alvorada, residencia oficial de los jefes de Estado, incluyendo el anuncio de apoyo a su candidatura en la segunda vuelta de las elecciones de 2022.

Según la coalición, al utilizar los palacios como "escenario de encuentro" con gobernadores, diputados federales y celebridades, Bolsonaro tergiversó el propósito de los bienes públicos para apalancar su candidatura.

De acuerdo con la decisión del magistrado, la legislación electoral no otorga "autorización irrestricta" para el uso de los bienes públicos con fines privados.

Para el juez, espacios como el utilizado para las conferencias de prensa del Presidente de la República sirvieron para realizar "ostensivos actos de campaña", que buscaban "proyectar una imagen de fuerza política" de la candidatura de Bolsonaro.

Después de la primera vuelta, Bolsonaro realizó anuncios diarios en la sede de la Presidencia, en los que recibió el respaldo público de gobernadores reelegidos en la primera, y que fueron ampliamente difundidas por las redes sociales.

En la decisión, el magistrado destacó que Bolsonaro ya responde a otras dos investigaciones por uso electoral de bienes públicos.

El expresidente, que está desde el 30 de diciembre en Estados Unidos, también fue incluido en otra investigación por su presunta participación en la intentona golpista del 8 de enero.

Ese día miles de sus seguidores atacaron las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema, dejando un manto de destrucción a su paso.

Por los hechos han sido detenidas más de 1.800 personas, de las cuales una tercera parte fue liberada por asuntos humanitarios y responderá al proceso en libertad.

Esto ocurre a una semana del asalto de los bolsonaristas a los tres poderes en Brasilia y luego de dos meses de haber perdido las elecciones ante Luiz Inácio Lula da Silva, quien en este nuevo periodo es el presidente número 39.

Su biografía no había cambiado desde su campaña para la reelección, y hasta el 14 de enero se refería a que era "Capitán de Paracaidistas del Ejército Brasileño. Presidente de la República Federativa de Brasil. Candidato a la reelección con el número 22".

Mientras aún se encuentra en Florida, EEUU, donde viajó dos días antes de la asunción de Lula, la Corte Suprema de Brasil autorizó investigarlo por su presunta participación como autor intelectual del asalto que hicieron sus simpatizantes.

Asimismo, es investigado por cuatro procesos penales abiertos que se encuentran en fase inicial, y no se han presentado cargos en su contra.

La demanda fue presentada por el Partido Liberal (PL), que apoyó la candidatura del líder de la ultraderecha a la reelección, y pone en duda al 61 por ciento de las urnas electrónicas utilizadas en la segunda vuelta de las elecciones, celebrada el pasado 30 de octubre.

Según el resultado oficial, Lula se impuso en esa segunda vuelta con el 50,9 por ciento, frente al 49,1 por ciento que obtuvo Bolsonaro, en un proceso avalado y reconocido como transparente por todas las misiones de observadores nacionales e internacionales que participaron.

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes, respondió de inmediato a la demanda del PL y dijo que sólo puede ser analizada si también se presentan dudas sobre la primera vuelta, realizada cuatro semanas antes.

En esa primera vuelta también se celebraron las legislativas, en las que el PL obtuvo 99 diputados, que le darán la primera minoría en la Cámara baja a partir del año próximo.

El presidente del PL, Valdemar Costa Neto, en una declaración ambigua, aclaró que el informe en que se apoya la demanda "no representa la opinión del partido", pero consideró que "debe ser analizada" a fin de "fortalecer la democracia".

Sin embargo, De Moraes aclaró que las urnas puestas bajo sospecha se usaron en ambas rondas, por lo que instó al PL a "cuestionar también el resultado de la primera vuelta en un plazo de 24 horas".

AUDITORÍA ARROJÓ "INDICIOS DE MAL FUNCIONAMIENTO"

En los últimos veinte días, Bolsonaro no ha sido visto en público y ha desaparecido de sus redes sociales, en las que era febrilmente activo, pero aunque no ha aceptado su derrota públicamente, ha dado inicio al proceso de transición con el equipo designado por Lula para ese fin.

Sin embargo, la demanda del PL fue interpretada como una nueva arremetida contra las urnas electrónicas, sobre las cuales el líder de la ultraderecha siembra sospechas desde que Lula comenzó a despuntar en las encuestas, hace más de un año.

El PL dijo haber encargado una auditoría a una empresa privada, la cual concluyó que un 61 por ciento de las 577.125 urnas usadas en la segunda vuelta de las elecciones, fabricadas entre 2009 y 2015, "no pueden ser auditadas", a diferencia de otras, modelo 2020, y que si se toman en cuenta solo esas urnas más modernas, Bolsonaro ganó las elecciones, con el 51,05 por ciento de los votos.

El ingeniero Carlos Rocha, responsable del informe, explicó que existen "indicios muy fuertes de mal funcionamiento" en las urnas antiguas y que debería realizarse "una posible fiscalización, una verificación extraordinaria, frente a un hecho extraordinario".

La demanda del PL generó algarabía en los campamentos que miles de ultraderechistas mantienen hace tres semanas en las puertas de decenas de cuarteles, en demanda de un golpe de Estado que impida la investidura de Lula, el próximo 1 de enero.

EL PARTIDO DE LULA PIDE ACABAR CON LA "MALICIA"

El Partido de los Trabajadores (PT), que encabezó la coalición electoral abanderada por Lula, rechazó la acción intentada por el PL y la consideró una "artimaña" que no puede prosperar en la Justicia.

"El recurso de Bolsonaro ante el TSE es una artimaña que tiene que ser sancionada como litigio de mala fe. Basta de malicia, de irresponsabilidad y de insultos a las instituciones y a la democracia", afirmó la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, en un mensaje publicado en Twitter.

"La elección fue decidida con el voto y Brasil necesita paz para construir un futuro mejor", agregó Hoffmann, una de las jefas del equipo de transición designado por Lula, quien se recupera de una pequeña cirugía en la garganta.