Los abogados de los empresarios vinculados al factoring Factop pidieron postergar la audiencia hasta por un año, argumentando que ambos acusados cambiaron recientemente de defensa.

Según plantearon, el nuevo equipo necesita tiempo para revisar los antecedentes de la investigación, que comprende más de 12.000 páginas.

Si bien el tribunal desestimó conceder un año entero por exceder un plazo razonable en función de la agenda judicial, aceptó reprogramar la audiencia para el próximo año.

La causa reúne las investigaciones por las operaciones de Factop y por el audio en que Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer conversaban sobre el pago de sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Modificación de medidas cautelares y sorpresiva petición del CDE

La jornada judicial trajo consigo importantes modificaciones en las medidas cautelares de parte de los imputados:

• Ariel Sauer: rebajó su arresto domiciliario total a arresto domiciliario nocturno.
• Antonio Jalaff: quedó con arraigo nacional y firma mensual.
• Luis Flores: modificó su régimen a arraigo nacional y firma mensual (antes cumplía firma quincenal).

En contraste, el tribunal desestimó una solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE) —que sorprendió al Ministerio Público y a las defensas— orientada a rebajar las cautelares de Hermosilla —para quien la Fiscalía pidió 17 años de cárcel tras concluir la investigación—, Daniel Sauer y Villalobos para que cumplieran sus medidas en libertad.

Al no ser respaldada por los intervinientes, la petición fue rechazada, por lo que los tres imputados mantendrán el arresto domiciliario total.

Críticas del Ministerio Público

Tras la suspensión, la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, cuestionó la estrategia de las defensas y defendió el trabajo del organismo persecutor.

"Estábamos listos para empezar la audiencia de preparación del juicio oral. El Ministerio Público, la Fiscalía Oriente, ha realizado una investigación seria, robusta, rápida... ¿Qué es lo que vimos hoy día? Vimos, en realidad, maniobras dilatorias respecto de algunos de los imputados, solicitando que se reprograme la audiencia pidiendo plazos de un año, y la verdad es que encontramos que eso es un exceso", aseveró la persecutora.

"La magistrada resolvió entendemos que en consecuencia, porque fijó una audiencia en cuatro meses, que es un plazo razonable y no en un año. Desde ese punto de vista tranquilos, y además todas las otras peticiones que se hicieron en la audiencia fueron rechazadas", puntualizó.

En paralelo, la causa contempla una nueva formalización en contra de Villalobos fijada para el próximo 14 de diciembre por el delito de prevaricación.

Las defensas prevén discutir en dicha instancia la legalidad de la grabación original del polémico audio.

Al respecto, Luis Hermosilla valoró que el debate sobre el origen del registro se adelante: "Nos vamos muy contentos de la audiencia. Ese era el objetivo central de nuestra presentación hoy día, que era justamente poner las cosas en orden. Primero, que se discuta respecto de qué es lo que ocurrió con ese audio y si ese audio es consecuencia de un delito, como lo entiende una parte de la Fiscalía Oriente", sostuvo.

Hermosilla admite intervención en nombramiento judicial del juez Ulloa

En el marco de las investigaciones del caso Audios por presuntas irregularidades y tráfico de influencias en la designación de ministros del Poder Judicial, el abogado Luis Hermosilla admitió haber participado de manera directa en las gestiones para la designación del exministro Antonio Ulloa en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Frente a los antecedentes que lo vinculan con presiones indebidas para ubicar a jueces afines en distintas cortes del país, el jurista desestimó una actuación coordinada de carácter amplio, circunscribiendo su accionar a un único episodio puntual tras recibir comunicaciones por vía telefónica.

Al ser consultado por sus intervenciones ante el Poder Judicial, Hermosilla detalló que "hay una vez que se me mandó un WhatsApp en el cual se me señalaba ciertos nombres respecto a los cuales yo planteé que a mí no me interesaba tener ninguna injerencia en esa materia, salvo en una designación en la cual yo reconozco haber participado, que es la designación de Antonio Ulloa en la Corte de Santiago".

Según publicó CIPER este martes, el testimonio de 12 páginas fue entregado el 3 de septiembre y contradice las declaraciones anteriores de ambos, en las que negaron que Vivanco conociera los pagos.

De acuerdo con el reportaje, la Fiscalía reconoció esta declaración como una colaboración con la investigación de la trama bielorrusa, lo que le permitió salir de prisión preventiva el miércoles 30 de septiembre.

Migueles situó la conversación con Vivanco antes de que los abogados Eduardo Lagos, Gabriel Silber y Mario Vargas presentaran, el 21 de septiembre de 2023, un recurso ante la Corte Suprema por las pérdidas generadas al consorcio por la desmovilización de su maquinaria.

Según declaró, fue en "dicha oportunidad, en que conversé de los movimientos de máquina, cuando le cuento a Ángela que si le iba bien a Eduardo Lagos en la causa, este me participaría de los honorarios de la causa. Le señalé que era una causa grande para Eduardo Lagos y me había pedido que lo ayudara en la tramitación".

"No le señalé a Ángela Vivanco cuáles eran los montos que había acordado con Eduardo Lagos, ya que nunca hablé de montos con él, ya que solo había acordado con Eduardo que me iba a pasar dineros cuando obtuviera resultados positivos y pagos de la empresa", afirmó.

"Es en ese momento y no antes en que ella toma conocimiento de los pagos que yo recibiría por esta causa", puntualizó.

Una semana después de la presentación del recurso, la Tercera Sala acogió la solicitud a favor de Belaz-Movitec con el voto de Vivanco, lo que obligó a Codelco a realizar un desembolso millonario.

Según este nuevo relato, Vivanco participó en la resolución del recurso sin inhabilitarse, pese a conocer el acuerdo de pagos entre Migueles y Lagos.

El contador auditor también sostuvo que Mario Vargas y Gabriel Silber "no tenían conocimiento de los acuerdos que yo tenía con Eduardo, ya que él me había señalado que no debía decirle a nadie, eso incluía a ambos".

• [Lea también] Trama bielorrusa: Tras formalización, Silber quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional

Gestiones de Vivanco y los cinco pagos, según Migueles

En su declaración, Migueles reconoció haber recibido cinco pagos vinculados a la tramitación del caso, que suman 95 mil dólares según su relato. Cuatro de ellos fueron posteriores a septiembre de 2023, cuando -de acuerdo con su versión- Vivanco ya conocía el acuerdo con Lagos.

También describió las gestiones que habría realizado ante su entonces pareja para acelerar la revisión de la causa, situándose como intermediario entre ella y el abogado.

• [Lea también] Caso Vivanco: guía para entender la acusación por coimas que sacude a la Corte Suprema

"Yo hablo con Ángela Vivanco y le cuento que el recurso ya estaba en la Corte Suprema y que era importante que se viera lo antes posible, y como ella estaba de presidenta, podía hacer que se viera rápido. En esos días Eduardo Lagos me insistía todo el día, me preguntaba si había conversado con Ángela y me hacía una serie de indicaciones para que yo se la diera a Ángela", aseveró.

Agregó que "yo le iba contando a Eduardo Lagos lo que iba sucediendo y lo que me decía Ángela. Ángela cuando le pedía y le contaba lo del recurso me señalaba que haría lo posible, que no veía problemas en hacerlo porque de ella dependía la rapidez con que se viera la protección".

Sobre las gestiones anteriores a la conversación de septiembre, Migueles relató que recibió un primer pago de 15 mil dólares el 3 de julio de 2023.

Ese día, según declaró, "Eduardo Lagos me contacta cerca del mediodía y me señala que concurra a la oficina en la tarde, que era importante".

"Eduardo estaba muy contento, eufórico y me señala que ya estaba listo el fallo y que les había ido bien en el recurso. No sé cómo Eduardo supo del resultado del recurso. Me agradece las gestiones y me señala que, como me había dicho, acá ganábamos los dos y me entrega un sobre con 15 mil dólares en efectivo", afirmó.

Un relato que contradice las declaraciones anteriores

La nueva versión de Migueles contradice su testimonio anterior y la declaración prestada por Vivanco ante la Fiscalía, en las que ambos negaron que la exmagistrada conociera los pagos.

CIPER contactó a Vivanco para conocer su versión, pero la exjueza señaló que no conocía el contenido de la nueva declaración de Migueles y que, por ello, no podía referirse al tema.

Por su parte, Marcelo Abujiar, abogado de Eduardo Lagos, también declinó entregar una respuesta.

La muerte de Aliste se produjo este domingo, a solo días de haber solicitado un indulto humanitario al Presidente José Antonio Kast debido a que padecía un cáncer terminal con metástasis.

El recluso permanecía internado en el Hospital Penitenciario de Santiago. Ante su delicado estado de salud, su defensa solicitó formalmente a los tribunales que pudiera pasar sus últimos días en su domicilio junto a su esposa e hijos. Sin embargo, dicha petición fue rechazada tanto por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago como por la Corte Suprema.

"Cuando se hizo la solicitud de indulto, era porque (Aliste) entró a una fase mucho más complicada (de su enfermedad). De hecho, cuando se cierra la primera posibilidad, o una de las posibilidades donde se decide hacer esta presentación de indulto, para él nunca fue una prioridad", explicó su abogado, Ricardo Bravo.

"Él estaba desde hace bastantes meses en el hospital penitenciario, no puede existir un peligro para la seguridad de la sociedad y eso es una crítica que yo constantemente he hecho. Aquí hay una discusión más importante, que no he escuchado a ningún actor político hablar: ¿Por qué Juan Aliste llegó en ese estado de salud sin poder ser tratado en estas condiciones?", enfatizó el defensor.

Debate por indultos humanitarios

La solicitud y posterior muerte de Aliste abrieron una amplia discusión sobre la procedencia de los indultos por enfermedades terminales. El Partido Republicano había respaldado previamente su requerimiento -apuntando a un indulto humanitario de carácter transversal-, mientras que en Chile Vamos se desprenden posturas similares.

• [Lea también] Tras presión del oficialismo: Kast afirma que indultos y plan de seguridad "van por carriles separados"

"Los indultos deben verse caso a caso, independientemente del crimen que haya cometido esa persona y del sector político que venga. Una persona que está en etapa terminal, o que tiene sus facultades mentales tan perturbadas que ni siquiera recuerda el horror que cometió, debe morir acompañado de la familia", argumentó la diputada Ximena Ossandón (RN).

"Justicia no es venganza. Esta es una buena oportunidad para que Chile avance en humanidad", señaló la vicepresidenta de la Cámara.

FA: "Una ofensa a la democracia"

Desde la oposición, el diputado Jaime Bassa (FA) manifestó su preocupación ante el precedente que este tipo de discusiones pudiera abrir la posibilidad de beneficiar a condenados por violaciones a los derechos humanos.

"Ni siquiera los más graves delitos comunes, como un asesinato, pueden compararse con los delitos de lesa humanidad. Aliste Vega no recibió indulto presidencial y esperamos que tampoco lo reciban aquellos violadores de derechos humanos que han cometido los crímenes más graves que conoce nuestra historia", aseveró el parlamentario.

"Indultarlos es una ofensa a la sociedad, es una ofensiva a la democracia, no solo a sus víctimas. Y esperamos que tanto el Presidente y el Gobierno no cometa tremenda injusticia", puntualizó el abogado.

Respecto a las medidas preventivas para el funeral de Aliste Vega, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que se están adoptando resguardos, pero que no se espera un eventual funeral de alto riesgo.

Guzmán ya había fijado una posición similar -en condicional- hace una semana, cuando aún no se confirmaba el referido estatus judcial del representante de Chile en Israel, y lo reforzó ahora, tras el pronunciamiento del martes de la Fiscalía.

"A misma razón, misma disposición: a mí me ha tocado en los anteriores cuatro años referirme a situaciones de personas que estaban en la agenda pública sometidas a investigaciones, imputadas, y si bien es cierto hay una presunción de inocencia respecto a estas personas, yo siempre he sido muy categórico en que no pueden seguir ejerciendo funciones desde el Estado mientras son investigados por hechos que pueden ser constitutivos de delito", dijo Guzmán en Cooperativa.

"Creo que corresponde aplicar la misma lógica, y que el embajador (Zaliasnik) deje su cargo, se remita con toda su fuerza y capacidad a defenderse ante los tribunales de justicia, que sean éstos los que determinen si existen o no responsabilidades, pero que no perjudique, no afecte (con su presencia) la imagen del Gobierno", opinó el exjefe de bancada.

Guzmán recordó que Chile Vamos, en la última negociación parlamentaria, rechazó incluir como candidato a senador a Miguel Ángel Calisto -hoy desaforado- "porque estaba siendo objeto de una investigación penal; investigado solamente, pero pusimos ese criterio, y creo que debe ser el criterio que acompañe las decisiones del Gobierno".

"Si (un personero) está siendo imputado o investigado, lo mejor es que se defienda desde fuera del aparato estatal, desde fuera del Gobierno", reiteró el diputado, que integra el Grupo Interparlamentario Chileno-Palestino.

"Activista del genocidio palestino"

Más dura fue la diputada frenteamplista Emilia Schneider, que forma parte de este mismo Grupo: "Esto no solo es grave porque afecte la imagen internacional de nuestro país; por tener a una persona imputada por estar trenzada con las redes de corrupción, mencionada por Luis Hermosilla en el nombramiento de jueces".

"La imagen que el Gobierno le muestra al mundo es que tolera que una persona esté acusada por eso, y la Justicia determinará si está involucrado o no en la red de corrupción", pero "ése no es el único problema" con el expresidente de la Comunidad Judía de Chile, advirtió.

"También me parece intolerable que el embajador Zaliasnik represente a Chile en un país del que ha sido un activista: él no es un embajador de carrera, es una persona cuyo vínculo con el cargo es haber defendido los intereses del Estado de Israel. Entonces, ¿cómo una persona va a representar al Estado de Chile, pero tiene una trayectoria de defender los intereses de otro Estado, que hoy está protagonizando un genocidio en contra del pueblo palestino? (...) Me parece inaceptable este conflicto de interés en la representación de nuestro Estado", argumentó Schneider.

"El canciller (Francisco Pérez Mackenna) es el responsable, pero esto está en manos del Presidente Kast, que  es el que tiene que decidir si deja o no a una persona imputada representando a nuestro país; si deja a un activista del genocidio palestino o no", remarcó.

La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, apuntó que "los estándares políticos y éticos de la diplomacia son más altos que los alcances del tema penal".

El caso Hermosilla es una "investigación especialmente grave, de gran envergadura, importancia y relevancia por la afectación que significa haberse inmiscuido en (los nombramientos de) un poder del Estado".

"Yo, de verdad, no creo conocer que hayamos tenido embajadores imputados y que hayan permanecido en el cargo, e insisto en que los estándares que un Gobierno debe tener para designar embajadores o ministros de Estado son mucho más altos que lo penal", agregó la exministra.

"Jugada política" 

Discrepó de estas opiniones el diputado republicano José Carlos Meza, quien integra el Grupo Interparlamentario Chileno-Israelí, y puso énfasis en que la calidad de imputado de Zaliasnik nace de una querella presentada por la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri.

"Aquí hay un principio de presunción de inocencia. Yo comparto buena parte del análisis que hace Alejandra (Krauss) de que en materia de relaciones diplomáticas los estándares son distintos, más altos. Pero hay un elemento que no podemos pasar por alto, y es que esta investigación comienza y se deriva de una presentación que hicieron dos parlamentarios de oposición, lo que, para mí por lo menos, no es inocuo: hemos visto cómo a nivel internacional -de lado y lado- se utilizan los tribunales de justicia para intentar anular a los adversarios políticos, como ocurrió en Brasil, por ejemplo, con Jair Bolsonaro y el mismo Lula da Silva", afirmó.

Por tal motivo, "mientras no exista una decisión institucional que se materialice en una actuación judicial por parte del Ministerio Público, esto, para mí, no pasa de ser una movida o una jugada política... En el momento en que exista una formalización, obviamente que cambia el escenario", dijo Meza.

Por lo demás, "yo no tengo ninguna duda de que si la calidad procesal cambiara -porque hoy día es una investigación desformalizada-, el propio embajador va a manifestar su intención de salir. Pero mientras eso no oocurra, para mí no pasa de una jugada política", insistió el legislador oficialista.

De acuerdo con La Tercera, la parlamentaria ingresó la acción ante el Séptimo Juzgado Civil de Santiago y su representación la asumirá el abogado Leonardo Cofré.

Si bien el referido sumario de Contraloría -emitido el 14 de mayo- no impuso medidas disciplinarias a Hassler, sí estableció que, "con su actuar, infringió el principio de probidad administrativa, al suscribir el decreto alcaldicio N°810, de 20 de enero de 2023, autorizando la adquisición por parte de dicho municipio de los inmuebles ubicados en esta ciudad, calle Sierra Bella N°1.181, y Ventura Lavalle N°431".

La transacción de los edificios involucró "un monto de $8.248.886.210, en circunstancias que la vendedora los había adquirido con una antelación de seis meses aproximadamente en tan solo $2.231.855.090, sin haber adoptado acciones o medidas suficientes conducentes a justificar dicha diferencia excesiva, y sin que dicho acto administrativo hubiese sido sometido al previo y obligatorio control de legalidad y visado por parte de la Dirección de Control del ente municipal", señaló el sumario.

• [Lea también] Caso Sierra Bella: Fiscal Cooper decidió no perseverar en investigación contra Hassler

Los reproches de Hassler: Vicios de ilegalidad y excesos de atribuciones contraloras

Ante esto, Hassler reprocha en su demanda que el texto contiene fundamentos, conclusiones y decisiones que, a su juicio, "son contrarios al ordenamiento jurídico y adolecen de graves vicios de ilegalidad que justifican declarar su nulidad".

Acusa además que Contraloría excedió sus atribuciones, por cuanto estableció responsabilidades respecto de hechos que fueron conocidos en sede penal.

Asimismo, la militante comunista sostiene que la diferencia de precios no puede ser considerada por sí misma una infracción; y que, antes de aprobarse la adquisición, se solicitaron tres tasaciones comerciales que se encargaron a profesionales independientes, además de los antecedentes relativos al avalúo fiscal y al estudio de títulos.

Junto con ello, Hassler manifestó que no se ha demostrado un perjuicio patrimonial efectivo para el municipio derivado de la fallida compraventa, dado que la operación finalmente no se concretó y, según sostiene en el escrito, los recursos municipales no fueron transferidos.

La demanda también hace hincapié en que la entonces alcaldesa sí adoptó medidas para detener la operación una vez que Contraloría le ordenó abstenerse de materializarla.

La hoy diputada PC explicitó que no tiene una pretensión indemnizatoria con esta demanda, y por eso no exige ninguna reparación en dinero.

Tras los alegatos de apertura y la declaración de los acusados -todos bajo prisión preventiva y conectados de manera remota-, el fiscal de la causa, Osvaldo Ossandón, comenzó a presentar su prueba de cargo, que contiene 115 testigos, además de peritos y documentos.

Entre quienes darán testimonio durante el proceso, el persecutor mencionó a "los policías que llevaron la investigación, que van a llevar la parte más extensa. También civiles que tuvieron participación en la operación que llevó a la detención de los sujetos (involucrados en primer lugar), y después al resto de la célula".

Según reveló el Ministerio Público el año pasado, el fiscal solicita aplicar penas de presidio perpetuo calificado -40 años de prisión efectiva, sin acceso a beneficios- contra el llamado "cartel del fuego", por el delito de incendio con resultado de muerte en carácter reiterado.

También pide imponerles condenas adicionales de siete años por el delito ambiental que significó la quema de más de 8.000 hectáreas de vegetación natural protegida (parte importante de ella perteneciente a la Reserva Nacional del Lago Peñuelas); la destrucción del Jardín Botánico y de 4.500 casas, además de una cifra sin determinar de vehículos.

🔴 EN VIVO: TOP de Valparaíso inicia juicio oral contra 9 acusados, como autores de megaincendio que afectó a las comunas de Viña del Mar y Quilpué, en febrero de 2024.

🎥 https://t.co/85wVdt4AzA pic.twitter.com/jfiP8qndSJ

— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) October 2, 2026

Asimismo, solicita otros cinco años de cárcel por el delito de integrar la asociación criminal que, de acuerdo con el ente persecutor, entre diciembre de 2021 y febrero de 2024 provocó alrededor de 21 incendios forestales de manera intencional.

De ese total de siniestros, el fiscal Ossandón atribuyó cinco a todos los integrantes de la agrupación, y el resto a miembros determinados.

Según publicó la Fiscalía Regional de Valparaíso en su cuenta de X, está previsto que el juicio se extienda por 60 días hábiles.

📢Se espera que el juicio por #Megaincendio demore 60 días hábiles. Tras los alegatos de apertura y la declaración de los imputados, Fiscal Ossandón @FRValparaiso iniciará la presentación de su prueba de cargo, que contiene 115 testigos, además de peritos y documentos. pic.twitter.com/FPkI7rBUAL

— Fiscalía Regional de Valparaíso (@FRValparaiso) October 2, 2026

Durante esta mañana, se registraron manifestaciones por parte de familiares de las víctimas de la tragedia en las afueras del tribunal.

Una de las presentes fustigó que en "un caso tan trágico como el que hemos vivido", los afectados tuvieran que esperar "dos años y medio para que partiera esta audiencia", mas clamó por que "haya justicia" al cierre del juicio.

"Quiero que se haga justicia", insistió otro manifestante, relevando que a inicios de febrero de 2024 "hubo un incendio, negligencias y muerte".

El primer condenado por esta causa es Maickel Villegas, por su intervención en los hechos que derivaron en la muerte del exoficial, quien fue declarado culpable de realizar labores de apoyo durante el secuestro, como recolección de información y ayuda en la huida de los victimarios.

La Fiscalía Metropolitana Sur había solicitado que se le imponga una pena de 20 años de presidio por el delito consumado de secuestro con homicidio. La sentencia será revelada el próximo 15 de octubre a las 13:00 horas.

"Estamos muy conformes con lo que se resolvió", señaló el fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros, aseverando que se trata de "un veredicto contundente en cuanto a la participación que (Villegas) tuvo en el secuestro con homicidio".

Fiscal Regional @fiscalia_RMSur Héctor Barros y Fiscal Jefe Alta Complejidad Alex Cortez lograron veredicto condenatorio en primer juicio oral por secuestro con homicidio del ex teniente venezolano Ronald Ojeda. Acusado fue Maickel Villegas Rodríguez extraditado desde Costa Rica pic.twitter.com/4tZWZtEHAn

— Fiscalía Metropolitana Sur (@fiscalia_RMSur) October 1, 2026

"Las pruebas que la Fiscalía presentó durante estos días dieron cuenta exactamente de los hechos que hemos establecido a partir del 21 de febrero de 2024", relevó el persecutor, citando la fecha en que decenas de falsos policías raptaron a Ojeda desde un domicilio en la comuna de Independencia, previo a darle muerte y sepultar sus restos en Maipú.

Por otro lado, manifestó que "lo que más nos conforma es que la familia ya obtuvo justicia con el primer imputado que hemos traído a juicio oral".

Presunto encargo desde Venezuela

En este primer proceso, no se acreditó que el régimen de Venezuela ordenara el asesinato de Ojeda, como ha planteado el Ministerio Público, pero el ente persecutor adelantó que la arista de la motivación política forma parte de otra investigación más amplia.

A pesar de que está pendiente esclarecer aquel aspecto, el abogado de la familia Ojeda, Juan Carlos Manríquez, admitió que "para nosotros, es sumamente impactante que un tribunal de la República, con garantías que Ronald Ojeda no tuvo, diga que un acusado, junto a otros que ya vendrán, forma parte de una enorme operación ilegal, clandestina y fraudulenta, realizada a pocos metros del Palacio de Gobierno".

El querellante también destacó que "no habiendo sido materia de este juicio, el tribunal vea plausible que este encargo criminal se haya producido por motivaciones políticas desde un gobierno extranjero, cuestión que tendremos que discutir -por cierto- en el juicio próximo".

Durante el segundo proceso, que iniciará el 20 de octubre, se expondrá la prueba contra otros 18 acusados, a quienes la Fiscalía vincula con "Los Piratas de Aragua", y atribuye distintos roles en la ejecución del crimen.

El nuevo jefe del ente persecutor en el Biobío, Roberto Garrido, lideró la audiencia de esta jornada, que busca "precisiones de ubicación de las lanchas" y "el lenguaje que se habría utilizado" durante el presunto impacto del Cobra contra la lancha Bruma, a lo que se atribuye el naufragio y la desaparición de siete pescadores la noche del 30 de marzo de 2025, en cercanías de la Isla Santa María.

En la instancia, se precisó que los hechos ocurrieron al noroeste -y no al noreste- de la Isla Santa María, un ajuste geográfico considerado indispensable por el Ministerio Público para dar validez a las pruebas presentadas en la investigación.

Desde la parte querellante, el abogado Rafael Poblete valoró los ajustes técnicos de cara al futuro juicio oral: "Eran precisiones necesarias para entrar a la etapa del juicio. Nosotros esperamos que a fin de año o a principios del próximo ya se presente la acusación y vamos al juicio efectivo. Esperamos sostener nuestra teoría de que aquí existió un delito de homicidio con dolo eventual y en también un delito de homicidio por omisión, por haber negado el auxilio a los tripulantes que podían haber estado todavía con vida después de esa colisión", indicó el jurista. 

Ante la solicitud de Fiscalía, el tribunal decretó la ampliación del plazo de investigación por 90 días.

Asimismo, se levantó la reserva de la carpeta judicial y se eliminó la medida cautelar que prohibía la comunicación entre los imputados, generando inmediatas reacciones en las familias afectadas.

Al respecto, el abogado defensor Alejandro Espinoza señaló que "los antecedentes han ido demostrando lo que siempre hemos sostenido: que esto fue un lamentable accidente. La reformalización después de un año y medio de investigación muestra que la Fiscalía no varía la tesis inicial de que esto es un cuasidelito; es decir, aquí no existe ningún antecedente para sostener que hubo alguna intención o que la tripulación se percatara del accidente y no prestara socorro"

"Creo que las cosas se han consolidado en ese sentido. Quedan tres meses de investigación. No van a haber nuevas modificaciones en esa línea, a nuestro entender. La propia Fiscalía no se ha opuesto a rebajar las medidas cautelares respecto a mi representado", añadió. 

"Ya sabíamos que podía pasar esto, que se podía alargar el tema de la investigación. Respecto a la medida cautelar, nosotros siempre encontramos que era una medida que nunca se iba a poder cuantificar si es que realmente estaban cumpliendo o no, entonces no nos sorprende", expresó Catalina Medel, vocera de las familias de la embarcación Bruma.

Agregó que existe "un sentimiento de rabia, porque nosotros seguimos sosteniendo que acá hubo dolo, que la Bruma sí era detectable. Da rabia ver que ellos tengan la máxima seguridad, pasar que ellos (los imputados) no hicieron nada, y nosotros seguimos insistiendo en que ellos deberían estar presos".

La extensión del plazo de la indagatoria estará destinado a realizar diligencias específicas, tales como el análisis de material de pesca entregado a los familiares. Recientemente, cercanos a las víctimas en Constitución (Región del Maule) reportaron el hallazgo de restos óseos entre los cordeles de pesca.

La última audiencia fue en marzo

La última audiencia del caso tuvo lugar en marzo pasado, cuando la Corte de Concepción ratificó las cautelares de menor intensidad impuestas al capitán Rodrigo Mansilla, el piloto Luis Macaya, y el jefe de máquinas Jaime Sandoval, todos imputados por el delito de homicidio culposo.

En esa oportunidad, Marcela Cartagena también abogó sin éxito por fijar cautelares a la persona jurídica de Blumar, por supuestamente "no haber previsto el riesgo de abordaje" la noche de la tragedia.

Al asumir como fiscal regional del Biobío a inicios de agosto, Garrido aseveró que esclarecer lo acontecido en este caso sería una de sus prioridades iniciales, lo que ha sido valorado por los familiares de las víctimas, hoy presentes en el tribunal.

Según expuso Hermosilla ante la Fiscalía, "Gabriel Zaliasnik tenía más acceso que yo a algunos ministros de la Corte de Apelaciones, incluso Suprema. Con Zaliasnik y Donoso conversábamos sobre quiénes eran los candidatos idóneos para asumir ciertos cargos judiciales. Estas conversaciones de nombramientos las sosteníamos entre Samuel Donoso, Gabriel Zaliasnik y yo, con Héctor Mery recurrentemente y, en algunos casos también con Benjamín Salas, Andrés Sotomayor y Pablo Urquízar. En particular las que nos interesaban más eran las Cortes de Santiago, San Miguel y Valparaíso".

En El Primer Café de Cooperativa el vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, sostuvo que debe prevalecer un estándar único y riguroso frente a cualquier hecho investigado: "En todos estos casos que involucran posibles casos de corrupción, ya sea dentro del Gobierno, en el Poder Judicial y donde sea, en general lo que uno tiene que tener acá es un solo estándar, que las instituciones funcionen, que se lleven las investigaciones adelante como debe ser y si es que hay responsables, que le caiga todo el peso de la ley".

"Obviamente que el Gobierno me imagino que está monitoreando la situación del actual embajador en Israel. Hay que ver cómo evoluciona el caso, pero lo mismo que yo le he dicho siempre: la corrupción hay que condenarla venga de donde venga y las instituciones en estos tienen que funcionar sin ningún tipo de doble estándar", detalló.

En la misma línea, el diputado de Evópoli Jorge Guzmán respaldó la necesidad de separar las etapas judiciales de las decisiones definitivas, aunque advirtió que ante una acreditación de delitos se debe dar un paso al costado: "Lo de Zaliasnik comparto lo dicho por el ministro del Interior, que tiene que investigarse. Zaliasnik está en un rol público del cual tiene que rendir cuenta respecto a su función pública, pero si eventualmente se ve involucrado en un hecho que es constitutivo de un delito, tiene que dar un paso al costado del cargo que está desarrollando".

Por su parte, la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, manifestó que el Ejecutivo no puede supeditar una decisión política a los dilatados tiempos que toma una sentencia judicial: "Sin duda es un problema para el Gobierno. Existen denuncias en el propio Colegio de Abogados respecto a estos hechos que fueron apareciendo, y a mí me parece que la representación de Estado que deben tener los embajadores debe ser de estándares altísimos, altísimos".

"Creo que están demorando algo que debieron tomar una decisión, cualquiera sea esta, y que esta la asuman en su plenitud. Gabriel Zaliasnik no es una persona indiferente o que carezca de poder fáctico en nuestro país. Fue presidente de la Comunidad Judía, consejero general del Colegio de Abogados, abogado de larga trayectoria, particularmente en el ámbito penal, de mucho reconocimiento. En consecuencia, a mí me parece que el Gobierno debe tomar una decisión en forma oportuna porque es un representante del Estado. Es un representante del Estado, nos representa a todos", sentenció.

Pavez: "Al Gobierno le corresponde respetar la investigación"

"Todos los embajadores y todas las autoridades del Presidente de la República que son de su confianza somos permanentemente evaluados", subrayó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, mas sobre el caso particular de Zaliasnik, se limitó a señalar que "eso es un elemento de una investigación, y al Gobierno le corresponde ser respetuoso de ella".

Dicho esto, "cuando haya alguna definición respecto de este, o cualquier caso, va a ser el Gobierno el que lo va a comunicar", añadió la autoridad.

Fuentes vinculadas a la defensa del embajador afirman que, hasta ahora, ninguno de los hechos revelados en chats o declaraciones constituye un delito. A la vez, descartan que figure como imputado en la arista del nombramiento de Antonio Ulloa -exministro de la Corte de Santiago-, pese a una denuncia de parlamentarios del Partido Socialista en junio.

Otro punto que se reveló en la filtración son los pagos en efectivo que recibía Luis Hermosilla y Samuel Donoso desde La moneda por gestiones judiciales.

Se trata de remuneraciones de aproximadamente 100 UF mensuales para cada uno, que no tienen registros de ningún tipo, entregados por asesores presidenciales entre el 2020 y 2022 por instrucción de Sebastián Piñera.

La falta de contratos formales, la ausencia de boletas de honorarios y la mención de figuras como el exministro del Interior Andrés Chadwick son parte de los detalles que pueden generar impacto en la imagen del fallecido exmandatario.

En El Primer Café de Cooperativa la exministra del Trabajo y hoy secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, enfatizó la gravedad de los hechos: "Yo creo que es urgentísimo aclarar el rol del Presidente Piñera en esta materia, que ha sido de alguna manera involucrado por Luis Hermosilla. Me imagino que debieran ser Chile Vamos y en particular Renovación Nacional quienes aclaren esto".

"Aquí lo envuelven en una trama tremendamente compleja porque supone puede haber cohecho, no pago de impuestos, boletas, trabajos realizados en forma paralela en cargos profesionales. Cualquiera sea el origen, ya sea personal del presidente Piñera a través de sus empresas o en el caso que sean gastos reservados, deben ser aclarados porque pudieran revestir caracteres de delito", detalló la dirigenta.

Krauss, quien declaró su profundo respeto por la figura de Sebastián Piñera, también subrayó el deber de transparencia respecto del patrimonio y los deberes legales de las altas autoridades: "Quien ostenta el cargo de Presidente de la República, cualquiera sea la fórmula o lo que fuere, debiera tener un comportamiento pero irrestricto respecto al apego a nuestro sistema tributario, a nuestro sistema legal. El Presidente de la República además debiera estar alejado de todo el manejo patrimonial. Acuérdense del tema del fideicomiso y su alejamiento respecto del tema patrimonial personal".

Guzmán: No veo lo tan gravísimo

En contraste, el diputado de Evópoli Jorge Guzmán, desestimó que el pago por asesorías profesionales constituya en sí mismo un delito por parte de quien contrató el servicio, atribuyendo la falta exclusivamente al emisor del documento tributario.

"Lo que le parece gravísimo a Alejandra, con todo respeto a mí no me parece tanto. Primero hay una declaración de una persona que está siendo investigada y que declara haber recibido pagos. Señala que esos pagos habrían sido efectuados por el expresidente Sebastián Piñera. Si existe algún delito, eventualmente es un delito tributario de quien recibe un pago sin emitir el documento tributario que corresponde", argumentó el parlamentario.

"Según lo que explican y lo que se ha explicado en prensa, es que esos pagos corresponderían a llevar un seguimiento de las causas penales que existían asociadas a ministros de Estado en el contexto de la pandemia y en el contexto del estallido social. Entonces, si lo hacía además, según las propias declaraciones, con su propio patrimonio, no veo dónde está lo tan gravísimo de estos hechos", añadió.

"Hay una contratación por un servicio profesional que prestaba el señor Hermosilla, el cual, porque así lo señaló él, no emitía un documento tributario que acreditara esos pagos. Entonces, creo que ahí está el problema, pero en la práctica si efectivamente eran por servicios de llevar un control judicial respecto a las causas penales, no le veo el conflicto a esto", profundizó.

Martínez: Ataque a la institucionalidad

La secretaria general del Frente Amplio, Constanza Martínez, calificó el caso como un ataque directo a la institucionalidad democrática y rechazó cualquier intento de minimizar lo ocurrido: "Este es uno de los casos de corrupción más graves que se han visto en nuestro país y me parece que tratar de decir que no es tan complicado muestra que no tenemos memoria".

"Hace poco se reveló primero a partir de una investigación de periodismo independiente que había nombramientos a ministros de la Corte Suprema en que algunos casos se zanjaban por quién pagaba. El crimen organizado lo primero que trata de horadar son las instituciones públicas y, por lo tanto, yo esperaría de todos los sectores políticos, y por eso me impresiona que se trate de bajar el perfil de lo que está pasando en este caso, es que acá hay pagos, hay un tipo de tratamiento privilegiado a quienes tienen más plata en el Poder Judicial", argumentó.

"No retrocedamos en cosas que habíamos logrado avanzar. ¿Está mal pagarles a los jueces? ¿Está mal el nombramiento? ¿Está mal no hacer una boleta? Hay pagos truchos, o sea, por lo menos digamos las cosas por su nombre", sentenció.

Cretton: Condeno la corrupción, venga de donde venga

El vicepresidente de la UDI Eduardo Cretton se refirió también a la vinculación que hizo Hermosilla con el exministro del Interior Andrés Chadwick, histórico militante del gremialismo: "Yo condeno absolutamente todos los escándalos de corrupción en nuestro país, ya sean del poder político, del Poder Judicial, donde sean. Lo que también creo que es importante es que acá quién va a determinar o no una eventual formalización no somos nosotros; son las instituciones y, por lo tanto, acá lo que tiene que haber son investigaciones rigurosas y que le caiga el peso de la ley a sea quien sea que haya cometido un escándalo de corrupción".

"Es evidente que cuando hay una investigación en curso, cuando está la posibilidad de que alguien sea formalizado, obviamente que hay preocupación. Pero Andrés Chadwick hace tiempo ya no milita en la UDI, precisamente para abocarse a su defensa en este caso", agregó el diputado.

"Entendemos que una cosa son las instituciones como la UDI y otras cosas son personas de un partido que puedan estar siendo investigadas por un escándalo de corrupción. Y creo que en eso la señal que ha dado Andrés ha sido de no involucrar institucionalmente a un partido político en una causa que no tiene nada que ver con él", remató.

La determinación del tribunal concedió la mitad del tiempo que había requerido formalmente el Ministerio Público, configurando la quinta prórroga en una causa que se prolonga por cerca de un año e involucra a nueve imputados que resultaron reformalizados.

Durante la audiencia, la Fiscalía centró los cargos en el delito de homicidio calificado a partir de los requerimientos internacionales suscritos para concretar la extradición de Alberto Carlos Mejía desde Colombia.

El individuo, que fue apresado en el Recinto Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) de Santiago y se le acusa de sicariato, ganó notoriedad en julio de 2025 luego que la Justicia lo liberara erróneamente de su prisión preventiva, además de haberse identificado bajo el falso nombre de "Osmar Ferrer".

"Era importante reformalizar la investigación toda vez que, como es de público conocimiento, se produjo la llegada de uno de los imputados producto de una extradición. Las extradiciones siempre están regidas por tratados internacionales y, en este caso, solamente fue autorizada por el delito de homicidio calificado", explicó el fiscal jefe de Análisis Oriente, Fernando Anais.

El 8° Juzgado de Garantía de Santiago decretó una nueva ampliación de 60 días en la causa por el homicidio del denominado "Rey de Meiggs". (FOTO: ATON)

En esta línea, el persecutor precisó que "este imputado se encontraba formalizado por otros delitos, los cuales no pueden ser perseguidos y, por ende, era importante reformalizar, además de poder precisar ciertos hechos que se han podido ir estableciendo a través de la investigación".

"Por todo eso, solamente puede ser perseguido en Chile por el delito de homicidio calificado, con una pena máxima de 20 años", puntualizó.

Reparos de las defensas por dilación del proceso

Frente a la solicitud de mayor plazo, los representantes de los imputados manifestaron su disconformidad.

La defensa del imputado Wilson Verdugo -encabezada por el abogado Luis Hinostroza- remarcó que su representado prestó colaboración y que correspondía poner término a la fase investigativa para dar paso al juicio oral.

"Nosotros hemos venido reclamando desde principios de año que el Ministerio Público no ha hecho diligencias en este caso. Pero cuando viene a la audiencia a solicitar aumento de plazo, dice que es una investigación muy compleja, muy importante, pero no encontramos que realice diligencias", cuestionó el jurista.

"Pasó todo el 2026 prácticamente sin realizar diligencias y viene hoy a pedir una ampliación de plazo por 120 días para realizar diligencias que perfectamente pudieron haber realizado hace un año atrás", añadió Hinostroza.

Desde una de las defensas cuestionaron el retraso procesal, afirmando que "el Ministerio Público no ha hecho diligencias en este caso". (FOTO: ATON)

Cuestionan tesis de asociación ilícita sobre "Los Ñaños"

Por otro lado, la defensa de Neomar Arismendi rebatió la figura de crimen organizado imputada por la parte acusadora.

El abogado Víctor Negrón afirmó que "tenía bastantes antecedentes nuevos. Ya se presentó un informe antropológico, dado a que no existe la asociación criminal de 'Los Ñaños'. Es un concepto que fue utilizado por la Policía de Investigaciones".

"En Ecuador es una palabra que lo utilizan, por ejemplo, incluso muy comúnmente, está en la RAE, es una palabra muy asociada a los términos de amigo o muy cercano. Por ende, Ñaños como asociación criminal no existe; se informó a través de este informe antropológico-lingüístico", puntualizó el jurista.

Pese a los reparos expuestos por las defensas técnicas, el tribunal resolvió conceder un margen adicional de 60 días para que el Ministerio Público cierre las diligencias pendientes respecto de los nueve imputados reformalizados.

Según antecedentes preliminares, los responsables se trasladaron en auto por varias arterias hasta llegar a calle Montau, donde efectuaron una ráfaga de disparos que alcanzó a la fachada del templo.

"Escuché solamente una ráfaga de disparos, muy rápidos, y después llamé a los cuidadores que viven aquí, y me dijeron que habían baleado un auto", indicó uno de los vecinos de la iglesia.

A su vez, una mujer que reside en el recinto complementó que "después de que pasó el ruido, fui a la cocina, y vi que en la ventana había cosas de pintura, y había entrado una bala".

El incidente motivó la concurrencia este jueves de un gran contingente de la PDI al llamado "edificio del crimen" de la calle Inglaterra, donde residían implicados en el secuestro del exalcalde de Macul Montoya, y en el homicidio del "rey de Meiggs".

Aparentemente, a raíz de la balacera, se adelantaron diligencias de entrada y registro que estaban planeadas en ese inmueble por una de dichas investigaciones, las que culminaron en la detención de dos personas involucradas el el tiroteo.

Ha trascendido que al momento de los allanamientos, los sospechosos dieron un testimonio falso a la policía sobre lo ocurrido anoche, pues denunciaron haber sufrido un intento de robo de vehículo, lo que fue descartado.

Al otrora parlamentario -que trabajó en el mismo estudio jurídico que sus colegas abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, ambos en arresto domiciliario total por la causa- se le acusó de soborno y lavado de activos, y quedó con las cautelares de arresto domiciliario y arraigo nacional tras un acuerdo con el Ministerio Público. 

Esta audiencia, que también reformalizó a los mentados imputados y a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, es la primera a la que Silber acudió por el bullado caso. Durante el receso, afirmó que ha colaborado "desde el primer momento con la investigación" y que su disposición será la misma. 

"No hay hechos relevantes nuevos (que podrían tener carácter de delito) que nosotros conozcamos que puedan sorprendernos, así que esperamos -como lo hemos hecho desde el día uno- seguir colaborando con la Justicia hasta el total esclarecimiento de los hechos", dijo el exdiputado.

"No hay nada nuevo que no esté en la carpeta (investigativa). Nuestra decisión de colaborar desde el día uno con la Justicia se mantiene inalterable", subrayó.

En tanto, la abogada de Silber, Susana Borzutzky, remarcó que "fue una audiencia que cuyos resultados se esperaban: había un acuerdo llegado con el Ministerio Público y con la parte querellante, en cuanto a que no iban a manifestar oposición. Esta parte va a seguir colaborando con la Fiscalía, tal como lo ha hecho desde el comienzo, a fin de esclarecer los hechos".

A pedido de la Fiscalía, el tribunal también decidió ampliar el plazo investigativo, pero lo hizo de forma acotada: 25 días. Además, fijó para el 7 de octubre una nueva audiencia de revisión de cautelares y discusión de devolución de especies a los imputados. 

Fiscalía acusa a Silber de recibir $95 millones en asesorías que prestó a CBM

El Ministerio Público expuso un informe pericial financiero que acredita que Silber recibió casi 95 millones de pesos por parte de las asesorías que el estudio jurídico prestó al consorcio chileno-bielorruso.

El fiscal regional de Los Lagos, Andreas Kusch, destacó que se logró determinar la trazabilidad de los montos involucrados en la investigación.

"A estas alturas de la investigación, se acreditaron diversos elementos propios de los delitos que se están imputando. Se logró hacer una trazabilidad mayor de los últimos dineros respecto de varios de los acusados sobre los montos que, en definitiva, había pagado Codelco a CBM, y de CBM al estudio jurídico de abogados Lagos, Vargas y Silber", aseguró.

Exministra Vivanco: "Estamos en etapa de rastrojeo" en la investigación

En la audiencia estuvieron presentes las defensas de Vargas y Lagos, que pidieron anular tres imputaciones relativas a lavado de activos que, según acusaron, son nuevas y no fueron comunicadas anteriormente por el Ministerio Público. 

Sin embargo, la Justicia desestimó los reclamos, ya que consideró que los hechos relatados por el ente persecutor eran complementarios. 

En tanto, Vivanco -a quien se le imputa haber recibido sobornos por cerca de 97 mil dólares y fallar a favor de Belaz Movitec, obligando a Codelco a devolverle 17 mil millones de pesos en fondos retenidos-, acusó que la investigación en su contra está en una etapa de "rastrojeo".

"Creo que se ha extendido demasiado la investigación. Justamente eso va a ser uno de los temas que se va a discutir hoy día: cuánto tiempo va a durar. Me parece que ya estamos en etapa de rastrojeo", expresó.

La otrora magistrada, actualmente en arresto domiciliario, también sostuvo: "No he dicho que haya sido amiga de ellos (Vargas y Lagos); dije que los conocía, pero que nunca fui amiga".

De todos modos, destacó que "se hizo una completa trazabilidad de los dineros y de ahí se emana que yo no recibí ninguno", por lo que calificó como "importante" que esa diligencia "se haya hecho".

Su abogada, la defensora penal pública Patricia Alvarado, agregó que pidieron el cierre de la investigación "en junio, porque el plazo está agotado desde el día 17 de ese mes. Entonces, creemos que correspondía que se discutiera ya el fin del proceso y eso fue lo que solicitamos hoy".

"La señora Ángela Vivanco no ha tenido ningún incumplimiento de su arresto domiciliario total -que ya lleva dos meses- y creemos que, mientras más avanza la investigación, menos antecedentes de culpabilidad existen. Siempre hemos sostenido la inocencia de mi representada", enfatizó la letrada. 

UDI y PS esperan que la investigación "se lleve adelante" y "se esclarezca"

Desde el mundo político hubo reacciones. El diputado PS Marcos Ilabaca espera que "el caso se esclarezca completamente y se determine la ruta del dinero, la participación de cada uno de los involucrados y si existieron pagos destinados a influir en decisiones judiciales".

"Aquí no puede haber defensas corporativas; las responsabilidades deben establecerse con rigor, caiga quien caiga, porque la Justicia no puede estar manchada por este tipo de situaciones", aseveró.

En una línea similar, el diputado UDI Eduardo Cretton manifestó que "los posibles casos de corrupción al interior del Poder Judicial le hacen un tremendo daño a nuestras instituciones y a nuestra democracia". 

"Lo que nosotros esperamos en estos casos es que las investigaciones se lleven adelante como corresponden, con toda la rigurosidad de la ley. Si es que los jueces, que son quienes aplican las leyes, no cumplen con ella, ¿qué queda para el resto?", se preguntó.

Los involucrados fueron encontrados culpables de los delitos de incendio, robo con violencia, homicidio calificado en grado de frustrado y porte ilegal de municiones.

En el caso de los adolescentes, deberán cumplir con penas de 10 años y un día de internación provisoria, las máximas sentencias contempladas en la legislación.

Los colaboradores en el crimen tendrán penas que van desde los 818 días a los 15 años de cárcel, mientras que en el caso de los cabecillas, como Federico Astete, fueron condenados a más de 84 años.

El fiscal Michelangelo Bianchi detalló que "dentro de la Resistencia Mapuche Lafkenche, en el juicio se planteó que existían varios liderazgos territoriales respecto de la orgánica o como se producía la organización, y principalmente en este atentado se planteó la opción de que él lideraba con instrucciones precisas la organización y las vías de evacuación luego del atentado".

"Es difícil llegar a esa conclusión con una sentencia. Lo que sí podemos decir es que hay coincidencia luego de las detenciones de estos sujetos que formaban parte de la RML los atentados descendieron, prácticamente a cero", valoró.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Fiscalía Regional del Bío Bío (@fiscaliabiobio)

El abogado querellante Rafael Poblete manifestó que "nosotros estamos muy conformes por la sentencia, don Carlos Grollmus está esperanzado de que estos sujetos no vean la luz durante muchísimo tiempo. Es una sentencia proporcional a la gravedad de los delitos".

"Un grupo de cinco de ellos recibió condenas de 84 años, porque no gozaban de irreprochable conducta anterior; luego hay un segundo grupo de nueve condenados que recibió condena de 65 años, porque se les reconocieron atenuantes", puntualizó el persecutor.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, dijo que "esto representa un avance para el Estado, un retroceso para la violencia y es por eso que estamos contentos por esta condena", dado que su cartera fue querellante en esta causa.

"Esto se suma a la estrategia de mayor seguridad y presencia del Estado en esta zona, para dar más tranquilidad y recuperar la normalidad, el empleo y el desarrollo en una zona tan golpeada por el terrorismo", añadió el secretario de Estado.

Atacaron para sembrar terror. Hoy, sus condenas suman más de 1.000 años de cárcel.

De los 18 condenados, cinco identificados como líderes de la RML recibieron penas superiores a 80 años cada uno; otros cinco, de 65 años; y otros cinco, de 34 años. De los tres restantes, que eran… https://t.co/NSe2MMSEzC

— Martín Arrau GH. (@martinarrau) September 21, 2026

Defensora no descarta imponer recurso de nulidad

Catherine Valdés, defensora penal pública de 14 sentenciados, comentó que "no compartimos la decisión condenatoria y estimamos que existen aspectos relevantes de la sentencia que deben ser revisados".

En esta línea, dio cuenta que "analizaremos íntegramente sus fundamentos y la forma en que se valoró la prueba, en particular las declaraciones de los testigos cuya identidad se mantuvo bajo reserva, circunstancias que exigen un examen especialmente riguroso desde la perspectiva del derecho a defensa".

"Una vez concluido este análisis, definiremos la interposición de un recurso de nulidad", adelantó.

Este atentado fue el único acontecimiento calificado de "terrorista" por el expresidente Gabriel Boric durante su mandato (2022-2026).

En esta instancia, las defensas de los acusados presentarán sus objeciones y se definirán los medios probatorios que se expondrán en el juicio.

Debido a la alta complejidad del expediente —que incluye a seis acusados, múltiples delitos económicos y un extenso volumen de antecedentes—, especialistas estiman que esta etapa previa y el posterior desarrollo del juicio podrían prolongarse desde varias semanas hasta cerca de un año.

En el mismo pronunciamiento, el tribunal confirmó que las diligencias ligadas a Andrés Chadwick, exsenador y exministro del Interior durante los Gobiernos de Sebastián Piñera, fueron separadas del expediente principal.

De este modo, los antecedentes referidos a un eventual delito de tráfico de influencias del otrora "coronel" de la UDI —partido que abandonó en 2024— quedaron radicados en una causa independiente que continuará con un itinerario procesal propio.

Imputados y penas solicitadas por la Fiscalía

El cierre de la indagatoria del "audios-Factop", liderada por la Fiscalía Oriente, derivó en la presentación de la acusación formal contra seis implicados:

• Ariel Isaac Sauer Adlerstein: Pena solicitada en la acusación de 14 años por delitos de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil, delitos de la Ley de Mercado de Valores y delitos tributarios.
• Daniel Amir Sauer Adlerstein: 20 años por delitos de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil, delitos de la Ley de Mercado de Valores, delitos tributarios, lavado de activos y soborno.
• Luis Patricio Flores Cuevas: 12 años por delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores y por administración desleal.
• Antonio William Jalaff Sanz: 10 años por delitos de estafa, delitos contemplados en la Ley de Mercado de valores, lavado de activos y delitos tributarios.
• Luis Edgardo Hermosilla Osorio: Pena solicitada en la acusación de 17 años por delitos tributarios en carácter de reiterado, lavado de activos, cohecho, soborno reiterado y tráfico de influencias.
• María Leonarda Villalobos Mutter: 18 años por delitos de uso malicioso de instrumento privado mercantil, estafa, lavado de activos, delitos tributarios y soborno reiterado.

Este miércoles, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) informó que interpuso una querella criminal ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa —destituido en noviembre de 2025—, imputándole los delitos de revelación de secretos, cohecho agravado y prevaricación judicial en el marco del "caso audios".

La acción judicial se dirige además contra los abogados Luis Hermosilla, Mario Vargas y Samuel Donoso, junto al conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, en calidad de autores del delito de soborno.