La Segunda Sala del tribunal de alzada antofagastino consideró que la privación de libertad del acusado se ajusta a la ley y que no basta solo con presentar diagnósticos clínicos para frenar una causa de este tipo.

"La inimputabilidad por enajenación mental (...) no se satisface con la sola acreditación de diagnósticos clínicos, sino con la plausibilidad de que tales antecedentes permitan inferir –en relación con el hecho investigado– una incapacidad de comprensión o de autodeterminación relevante para excluir responsabilidad penal", argumentó la corte.

"La norma no exige certeza de inimputabilidad para suspender el procedimiento, sino antecedentes 'calificados' que permitan presumirla fundadamente", enfatizó.

De esta manera, el imputado -que enfrenta cargos por un homicidio calificado consumado y cuatro en calidad de frustrados- permanecerá bajo la cautelar de prisión preventiva mientras dure la investigación.

La cuprífera acusa que, a cambio de beneficios económicos, los otrora parlamentarios intervinieron de forma indebida en la causa que la obligó a pagar más de 18 mil millones de pesos al consorcio bielorruso Belaz Movitec (CBM).

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Ante esto, la abogada de Silber, Susana Borzutzky, expresó su sorpresa, ya que su representado ha colaborado activamente con la Fiscalía en la investigación de la causa. 

"No puedo no señalar que estamos sorprendidos por la imputación de la querella efectuada por Codelco. El querellante sabe a ciencia cierta que la información entregada por nuestro representado no solamente es veraz, sino que fue oportuna y, si no, también fue corroborada por diversos medios y elementos de corroboración", sostuvo. 

"La colaboración fue eficaz, inmediata, atingente y ha sido tremendamente provechosa para adelantar diligencias de investigación y esclarecer los hechos que han sido de diversas formalizaciones efectuadas en la causa", enfatizó la jurista. 

Tanto Silber como Cornejo están vinculados al estudio jurídico de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, que representaron a CBM en la disputa judicial con Codelco, originada luego que éste -en 2023- rescindiera anticipadamente al consorcio un contrato de movimiento de tierras del proyecto Rajo Inca.

El litigio finalmente lo ganó CBM y Codelco fue obligado a pagar la millonaria multa, pero luego se descubrió que, en el proceso, tanto Vargas como Lagos pagaron coimas a la exministra de la Suprema Ángela Vivanco (y a su pareja, Gonzalo Migueles) para que fallase a favor del consorcio.

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Presidente de la Comisión de Minería de la Cámara Baja valoró ampliación

El diputado PPD y presidente de la Comisión de Minería, Cristián Tapia, valoró que Codelco haya ampliado la querella, que también apunta contra María Pía Peñaloza López, secretaria y jefa administrativa del estudio jurídico de Vargas y Lagos, por lavado de activos y complicidad en soborno.

"Está bien esta querella que está presentando Codelco contra estos dos exdiputados que se han dedicado al lobby, que han tenido una intervención y un vínculo con Ángela Vivanco en el caso 'muñeca bielorrusa' y que han tratado de intervenir maliciosamente en contra de un juicio que se debe llevar por la vía que corresponde, no por intervencionismo" dijo el legislador.

"Espero que esto llegue a un final en donde todos podamos saber la verdad de lo que aquí ha pasado, porque ningún lobista, exparlamentario o parlamentario en ejercicio puede estar influyendo en toma de decisiones que son súper delicadas e involucran muchos recursos económicos", subrayó Tapia. 

El antecedente fue dado a conocer por la fiscal regional, Tatiana Esquivel, durante la audiencia de revisión de medidas cautelares de los tres hijos de la mujer, imputados por parricidio.

En la instancia, la persecutora detalló que "al segundo día de rastreo, en la casa de doña Julia, se encontró una bolsa enterrada con más de 60 restos óseos a pocos metros de su casa-habitación".

"Estos restos fueron sometidos a análisis científicos y el informe recientemente recepcionado da cuenta de que, dentro de los primeros restos analizados, uno de ellos corresponde a origen humano. Este resto humano se encuentra actualmente en proceso de identificación, al igual que el resto del material óseo".

Asimismo, expuso que "existe evidencia biológica relevante: el hallazgo de sangre humana en distintos puntos, incluyendo una bodega, superficies con patrones de proyección, una almohada en el interior del dormitorio y herramientas como un machete y la cabeza de un hacha".

El hallazgo se produjo en el mismo predio que ha sido objeto de diversas diligencias investigativas, incluyendo la remoción de estructuras.

Estos antecedentes fueron presentados por el Ministerio Público para sustentar la permanencia en prisión preventiva de los tres hijos de la dirigenta, quienes enfrentan cargos por parricidio, inhumación ilegal, robo con violencia e intimidación frustrado, maltrato relevante y trato degradante.

El caso de Chuñil, dirigenta mapuche reconocida en la Región de Los Ríos, ha estado marcado por la falta de certezas sobre su paradero desde su desaparición, hace más de un año.

Las osamentas serán sometidas a peritajes de ADN para determinar su identidad.

Principal sospechoso seguirá en prisión preventiva

Tras concluir la audiencia, el Juzgado de Garantía de Los Lagos determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva para Javier Troncoso Chuñil, hijo de la víctima y principal sospechoso del crimen.

Troncoso fue formalizado en enero por la Fiscalía Regional de Los Ríos como autor de una serie de delitos graves, entre los que se incluyen parricidio, robo con violencia e intimidación frustrado, maltrato relevante, trato degradante e inhumación ilegal.

Asimismo, el tribunal resolvió modificar el arresto domiciliario total contra los otros dos hijos de la víctima, Janet Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil y determinó dejarlos sin medidas cautelares.

El juez argumentó que ambos actuaron en calidad de encubridores y no como autores, contradiciendo la tesis inicial del Ministerio Público.

Caso Julia Chuñil: Juzgado de Garantía de Los Lagos mantiene prisión preventiva para imputado por parricidio en Máfil https://t.co/uWvx4NB2yZ pic.twitter.com/WBDeZwfXhk

— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) April 10, 2026

Defensa acusa "show televisivo"

Por su parte, la defensa de los hijos, representada por la abogada Karina Riquelme, criticó duramente el manejo del caso.

"Hubo una exposición inadecuada respecto de las diligencias de investigación a las cuales ni siquiera nosotros estuvimos invitados. O sea, los intervinientes no estuvimos invitados a ser parte de esas diligencias de investigación, como, por ejemplo, cuando excavaron con un taladro una bodega; pero sí fue transmitido por el matinal en vivo y en directo, comentado por los periodistas", reprochó la jurista.

"Los policías que realizaron las diligencias daban continuas entrevistas, lo que nos parece completamente contrario a lo que se manifiesta por la Fiscalía que se trata de una investigación seria. Más bien nos parece un show televisivo que es contrario a los principios básicos del debido proceso", cuestionó Riquelme.

Quien se llevó la mayor pena fue el civil Álex Schmidt, recordado como "el profesor", ya que le fue asignada la sentencia de 12 años de presidio mayor en su grado medio por nueve delitos de falsificación instrumento público y obstrucción a la investigación. Sin embargo, se le descontará el tiempo que estuvo en prisión preventiva. 

Le siguen el excapitán de Carabineros Leonardo Osses, condenado a 10 años de presidio efectivo mayor en su grado mínimo por falsificación instrumento público y siete delitos de obstrucción la investigación; y el otrora general de Inteligencia Gonzalo Blu, sentenciado a cinco años por falsificación de instrumento público; pena ya cumplida. 

También fue dictada la pena del exmayor de Carabineros Patricio Marín, correspondiente también a cinco años de presidio por falsificación y obstrucción a la investigación, y con pena cumplida. 

En tanto, Marcelo Teuber recibió tres años y un día de presidio como condena, a quien se le abonará el período que estuvo bajo prisión preventiva.

El total de acusados por el caso se cifra en 11, y al resto se le otorgó entre 100 y 20 días de cárcel. 

El fiscal Luis González se refirió a la resolución adoptada en tribunales y afirmó que se acreditó "la hipótesis de que los equipos que están para auxiliar al Ministerio Público en la investigación mintieron en esta investigación y, a partir de eso, generaron información falsa, la que llevó a desarrollar investigaciones contra personas que estuvieron privadas de libertad". 

"Esa hipótesis fue puesta en duda en muchos momentos de estos años y el día de hoy se cierra un ciclo en el cual se determina que eso fue lo que ocurrió, que esos hechos no fueron impunes y que esos hechos son de la mayor gravedad, porque afectan los derechos humanos de las personas".

Asimismo, detalló que el fallo establece responsabilidades penales para los involucrados. "En definitiva, se logran sentencias de cumplimiento efectivo y de cumplimiento alternativo, pero sentencias contra estas personas", concluyó.

La denominada "Operación Huracán" estalló en el verano de 2017, cuando Carabineros dijo haber interceptado mensajes que vinculaban a comuneros mapuche con ataques incendiarios en La Araucanía. Sin embargo, la investigación estableció después que todas las pruebas habían sido falsificadas.

Querellantes: "No es una justicia efectiva"

El resultado del juicio no dejó satisfechos a los querellantes. La abogada Karina Riquelme criticó la demora del proceso y la naturaleza de las penas para los altos mandos, quienes podrán cumplirlas en libertad o bajo vigilancia.

"Es una justicia tardía; no es una justicia efectiva. Ocho años después que nos digan recién una sentencia y que, además, las personas que son las cabezas de esta manipulación e inoculación de pruebas en contra de dirigentes mapuche hayan quedado con penas para cumplir en libertad", señaló la jurista.

"Que veamos cómo se aplica la justicia en Chile y para quién realmente están hechas las cárceles", sentenció Riquelme.

Apablaza, de quien la UDI pide su extradición, iba a ser detenido por funcionarios policiales en el país trasandino el miércoles, donde figuraba como refugiado hasta que la justicia le revocó definitivamente el beneficio. Sin embargo, no fue hallado en su casa y hasta ahora se desconoce dónde está.

Ante ello, desde el oficialismo pidieron que Kast suspendiera su vuelo a Buenos Aires, hasta que el exfrentista sea ubicado y extraditado a Chile.

No obstante, al ser consultado por la prensa al respecto, Pérez Mackenna -que salía de La Moneda luego de una reunión con el Presidente y el resto del comité económico- indicó que no tiene información de dónde se encuentra. 

"El viaje se mantiene, por supuesto. Valoramos el esfuerzo y disposición del Gobierno argentino en ayudar en este tema. Ustedes saben que el señor Apablaza es un prófugo de la justicia", dijo el jefe de la diplomacia chilena.

El ministro agregó que "el tema no es de la justicia argentina; estamos haciendo todos los esfuerzos con la colaboración de Argentina para traer al señor Apablaza".

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Evitó responder sobre error de Sedini

Al ministro de Relaciones Exteriores también se le preguntó sobre los dichos de la ministra de la Segegob, Mara Sedini, que erróneamente afirmó en una vocería que Apablaza está condenado por el caso Guzmán, cuando aún no enfrenta un juicio en nuestro país. 

Las declaraciones de Sedini hicieron reaccionar al exministro Luis Cordero, que alertó que podrían tensionar las relaciones con la justicia argentina y pidió que retificara su error.

Pese a ello, Pérez Mackenna afirmó que el tema está "aclarado" y que no entrará en declaraciones al respecto. 

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En El Primer Café, Felipe Valdovinos, prosecretario de la tienda gremialista, y Eduardo Durán, diputado de Renovación Nacional (RN), coincidieron en calificar de "extraña" y "sospechosa" la desaparición del antiguo líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) justo antes de que se concretara su extradición, sugiriendo la existencia de redes de protección que facilitaron su huida.

"Me parece, la verdad, extraño que (desaparezca) a los 35 años (del crimen de Guzmán)... Estaba todo listo y dispuesto (para su captura), estaba siendo vigilado las 24 horas, estaba listo el personal de PDI que iba a ir desde Chile hacia Argentina, estaba todo listo y dispuesto para concretar esta extradición. Entonces, cuando el abogado (de Apablaza) dice también que prácticamente esto (el arresto) era como una ofrenda al Presidente Kast, que habíamos quedado con la mesa servida, todo este tipo de declaraciones me parecen inaceptables. Yo creo que en eso no se tiene que jugar", dijo Valdovinos.

El dirigente UDI señaló que, "si una persona que, como dice el abogado (del exfrentista), está a disposición de la justicia y cuando van a buscarlo no está presente en su casa, chuta, entonces uno tiende a pensar cosas: que, en el fondo, él no quiere enfrentar la justicia".

Y fue más allá: "Si dos Gobiernos afines políticamente no pueden hacer todas las gestiones (para materializar su detención y extradición), es porque efectivamente, a lo mejor -y no quiero pensar, (pero lo) hemos visto en muchos miembros del Frente Patriótico-, hay redes de protección".

"Hay redes también de protección en distintos países, con distintos miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, redes de protección para protegerse, para ocultarse, para evadir la justicia, y eso es lo que nosotros queremos evitar. Lo que estamos pidiendo es justicia: que Galvarino Apablaza venga a Chile y enfrente la justicia chilena", concluyó Valdovinos. 

En la misma línea, el diputado Durán calificó la situación como una "vergüenza internacional" y una "burla para Chile", sumándose a la tesis de una red de complicidad activa.

"Es sospechoso que un hombre que vivió décadas bajo el manto protector del kirchnerismo desaparezca de su domicilio horas antes que la policía golpeara su puerta. Por favor, yo entiendo que las cosas no se demuestran hasta que son una realidad evidente ante nuestros ojos, son comprobables, pero aquí, digámoslo, podemos especular también: siempre ha habido una red de protección respecto de estas situaciones, respecto de los miembros que formaban parte del Frente Manuel Rodríguez. Por lo tanto, las sombras evidentemente siguen operando para que nunca enfrenten a la justicia", planteó el parlamentario RN.

Walker advierte sobre ineficacia diplomática: "Estamos en problemas"

Por su parte, el excanciller Ignacio Walker (independiente), aunque centró su análisis en la necesidad de que ambos países materialicen la entrega de Apablaza, también deslizó su preocupación por la ineficacia diplomática dada la afinidad entre los mandatarios actuales.

"Si bajo el Gobierno de José Antonio Kast en Chile y de Javier Milei en Argentina, que son no solo afines, sino que (son), como quien dice, íntimos amigos, no es posible materializar la solicitud de extradición, bueno, estamos en problemas", advirtió el otrora militante y presidente de la Democracia Cristiana, subrayando que "este asesinato fue en democracia y, por lo tanto, todos debiéramos cerrar filas con la solicitud de extradición activa que fue concedida por la justicia argentina y lograr que se pueda materializar cuanto antes la entrega, para que pueda ser procesado en Chile". 

Según explicó, el Gobierno pidió a la jueza María Servini que dictara la medida mientras el juez natural de la causa, Ariel Lijo, se encuentra con licencia.

"El Ministerio de Seguridad le hizo firmar a la jueza Servini una orden de detención violando la convención de refugiados porque, una vez más, hay que decir que si no se define de modo definitivo en sede judicial el estatus de refugiado, ese estatus sigue vigente y por lo tanto Apablaza está protegido por la convención", afirmó Yanzón.

El abogado agregó que espera que la situación sea revertida cuando Lijo retome sus funciones. "Aprovecharon que Lijo estaba de licencia y le llevaron a firmar una orden de detención a Servini, que espero en los próximos días, la semana que viene, Lijo deje sin efecto", sostuvo.

Llanzón vinculó además la decisión con el contexto político y con la próxima reunión entre el presidente argentino Javier Milei y Kast en la Casa Rosada.

"Es un regalo que le quisieron dar a Kast el lunes que viene y se van a quedar con las ganas", afirmó.

El defensor insistió en que su representado no se ha fugado y que se mantiene disponible ante la justicia. Según dijo, Apablaza se encuentra "a derecho", aunque no estaba en su domicilio cuando llegó la comisión policial encargada de concretar la detención.

Desde el Estado chileno, en tanto, sostienen que corresponde avanzar con el proceso de extradición solicitado en contra del exfrentista.

De acuerdo con La Tercera, los agentes llegaron hasta la residencia de Apablaza en Barrio Moreno y no lo encontraron. Por lo que iniciaron otro operativo, para dar con él en otras direcciones.

Su orden de detención fue emitida por la abogada y jueza argentina, María Servini de Cubría. Se esperaba que el exfrentista fuera extraditado a Chile para enfrentar a la Justicia por su rol en la muerte de Jaime Guzmán.

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, complementó que se emitió la orden de detención "para ubicar, detener y proseguir con el proceso de extradición del señor Apablaza, y que así enfrente el proceso judicial que tanto se ha postergado".

"Luego de haberse emitido una orden de detención en contra del prófugo de la justicia Galvarino Apablaza, este no fue hallado en su domicilio", señaló el jefe de gabinete y militante de la UDI en una rueda de prensa en La Moneda, junto al director nacional de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna.

Alvarado añadió que, "cuando se cumplen 35 años del vil asesinato del exsenador Jaime Guzmán, esta noticia es para todos nosotros muy lamentable".

Por su parte, el director de la PDI indicó que "estamos esperando esa emisión de la orden, tenemos las coordinaciones entre la Policía de Investigaciones de Chile y la Policía Federal Argentina, tanto a nivel de sus respectivas máximas autoridades -quien habla, con el jefe de la policía- y también a través de nuestra sede en Interpol, para poder articular y gestionar".

Ministro del Interior, Claudio Alvarado, aborda situación de Galvarino Apablaza. https://t.co/ojlzckUyy1

— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) April 1, 2026

Apablaza reside en Argentina desde 1994 y en 2010 recibió el asilo político, cerrando su causa de extradición. No obstante, el gobierno de Javier Milei le quitó el beneficio.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, emplazó al gobierno argentino a que "tome todas las providencias y ejecute todas las acciones para encontrarlo, detenerlo y enviarlo a Chile", instando a que "este sea un caso de máxima prioridad para la policía, y que se cierren las fronteras".

"Galvarino Apablaza ha eludido a la Justicia por el asesinato de Jaime Guzmán durante 35 años. Desde el 2004 está en Argentina, y la familia Guzmán y la UDI han batallado en tribunales para lograr su extradición. 22 años nos demoramos en que se ésta concediera y hoy, Galvarino Apablaza aparentemente está fugado", advirtió el diputado gremialista.

Posteriormente, el timonel subrayó ante la prensa que "capturar a los asesinos de Guzmán ha sido una política de Estado, desde el Presidente Patricio Aylwin hasta el actual Presidente Kast. Que no se pueda hacer plena justicia (en el caso del) único senador asesinado en democracia no es un tema solamente político".

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), comentó que "hace varios meses sabíamos que esto venía y habíamos preguntado específicamente qué se estaba haciendo para evitar la fuga y nos respondieron 'se está haciendo vigilancia especial a la vivienda'. Al parecer, la vigilancia especial era por un lado y no por los dos lados (de la casa)".

"Si esto se mantiene hasta el domingo y no ha aparecido todavía Galvarino Apablaza quizás La Moneda va a tomar una decisión distinta, quizás tendrá que ir el canciller, es una decisión del Presidente de la República, pero esto es de la máxima gravedad y además contiene un simbolismo muy especial, porque es un 1 de abril, porque son 35 años, porque sabíamos que venía esta orden de detención", añadió.

Abogado de la familia Guzmán: "Es probable que esté dentro de Buenos Aires"

El hecho coincidió con la misa en memoria del exsenador que se realizó en la comuna de Providencia, donde llegaron adherentes de la UDI y familiares de Jaime Guzmán. Por su parte, el Presidente José Antonio Kast llegó hasta el lugar, pero no quiso referirse a la situación de Apablaza, ni tampoco lo hizo la vocera Mara Sedini.

No obstante, el abogado representante de la familia de Guzmán, Pablo Toloza, abordó la situación y apuntó que lo tomó por sorpresa y que es un hecho por el que 15 años han estado peleando para que se pueda hacer justicia.

"De acuerdo a la información que tenemos, el Tribunal Contencioso Administrativo habría rechazado el último recurso de Galvarino Apablaza y, por ende, el tribunal de primera instancia, que es el juez federal Ariel Lijo, habría dispuesto ya el 'cúmplase' de la extradición de Galvarino Apablaza", explicó.

"Galvarino Apablaza habría fijado ante este tribunal un domicilio en Buenos Aires. A ese domicilio habrían ido eventualmente —esto no lo tenemos confirmado por parte de la Policía Federal Argentina— y Galvarino Apablaza no se encontraría. Ahora, hay que recordar que Apablaza no tenía prohibición de salir de ese domicilio, sino hasta el momento que se expendió la orden. Por tanto, es probable que esté dentro de Buenos Aires", aseveró.

La situación ha generado cuestionamientos al viaje que tiene programado el Presidente de la República a Argentina, en cuanto a si debería ir o solo debería ir la Cancillería.

Según la investigación del Ministerio Público, la cual sigue en curso, el pesquero, propiedad de Blumar, impactó y destruyó la embarcación menor la madrugada del 30 de marzo de 2025.

La decisión judicial ratifica lo resuelto previamente por el Juzgado de Garantía de Coronel, que ordenó a los tres tripulantes cumplir con firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre las partes involucradas en el proceso judicial.

Durante la audiencia, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, abogó sin éxito por imponer cautelares a la persona jurídica de Blumar, apuntando que en una reunión posterior al siniestro, "el gerente general de la empresa, don Gerardo Balbontín, dijo: 'Se implementará un plan de gestión de riesgo con asesoría experta para la prevención de abordajes'".

"Si esto no es un reconocimiento total de parte de la empresa Blumar de que no había previsto el riesgo de abordaje a la altura del 30 de marzo de 2025, y que como consecuencia de ello sus trabajadores no estaban a la altura de enfrentarse a un riesgo como este, no sabemos qué lo es", advirtió la persecutora.

Argumentos de la defensa y la perspectiva de los querellantes

En la misma instancia, el defensor de los tripulantes y Blumar, Alejandro Espinoza, insistió en que "hay una posibilidad alta de que la Bruma no fuese detectada" la noche del accidente, algo que ha sido refutado por familiares de las víctimas.

"De acuerdo con la boya del SHOA (Servicio Hidrográfico y Oceanográfico) que estaba más cerca del lugar, había olas de entre 2,73 y 4,91 metros, de manera que por el material constructivo de la Bruma -una embarcación de 14 metros de eslora y una borda cercana a los 50 centímetros-, en general queda bajo las ondas del radar, que están ocultas bajo las olas, y es muy difícil de detectar visualmente", planteó.

La resolución fue cuestionada por Enrique Hernández, abogado que representa a las familias de los afectados por el caso Bruma, quien también criticó los argumentos de la defensa para mantener estas cautelares.

"Plantean, a través de informes periciales, la incapacidad física -entendemos- de poder detectar a la lancha Bruma. Y al mismo tiempo, plantean que las condiciones climáticas tenían una relación directa en cuanto al accidente. Al final, la defensa nos plantea que esto pasa a ser responsabilidad de la tripulación de la lancha motor Bruma", cuestionó el jurista.

Sin embargo, expresó que estos argumentos "no pueden tener asidero en el capitán de la embarcación, sabiendo que está investigado por siete personas fallecidas, o quizás no sabían cuántas personas eran".

"Le dice al fiscal naval: 'No me acuerdo, debe estar en la bitácora'", afirmó el abogado, cuestionando la posible falta de memoria o la inconsistencia en las declaraciones.

Según la investigación del Ministerio Público, la cual sigue en curso, el pesquero de altamar Cobra, de propiedad de Blumar, impactó y destruyó la embarcación menor la madrugada del 30 de marzo de 2025.

Hace solo una semana, el Juzgado de Garantía de Coronel dictó medidas cautelares de menor intensidad para el capitán Rodrigo Mansilla, el piloto Luis Macaya y el jefe de máquinas Jaime Sandoval, causando la indignación de los afectados.

En el marco de un acto ecuménico para recordar a sus seres queridos este lunes, la vocera de las familias, Claudia Urrutia, volvió a arremeter contra la versión de la defensa, relevando que "quien conduce (un buque) debe generar todas las medidas para evitar un abordaje".

Aludiendo a la supuesta confusión de la tripulación del Cobra sobre la luz de tope de la lancha, la representante subrayó que "las luces que utilizamos durante la pesca son de color rojo tintineante, no es una luz blanca 360 °C, lo que por lo demás, fue ratificado por la Armada, un ente experto".

Para Urrutia, el objetivo de tal estrategia desde la parte imputada fue "hacer dudar en un juzgado que no sabe de navegar, pero las normas están, y los que nos rigen son reglamentos internacionales".

En este momento, las familias están a la espera de una audiencia de revisión de cautelares, pues la originalmente fijada para el sábado fue postergada a solicitud del Gobierno, el que como querellante en la causa, pidió ampliar el plazo para incorporar todos los recursos de apelación y tramitarlos de una sola vez.

En medio de innumerables muestras de cariño, alrededor de las 08:30 de la mañana inició el cortejo fúnebre, que partió desde la capilla del recinto educativo donde se desempeñaba la funcionaria, recorrió por diversas arterias de la comuna y se detuvo, por un momento, frente a su domicilio.

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El recorrido continúo hasta Chuquicamata y posteriormente emprendió rumbo hacia la localidad de La Guaica, donde se realizará la cremación de la inspectora.

Respecto al plano judicial del caso, en las últimas horas fueron reveladas algunas imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, en las que se puede apreciar el inicio del ataque por parte del estudiante.

La evidencia resultará clave para reconstruir la dinámica del crimen durante la audiencia de formalización del imputado, programada para mañana martes.

Durante la audiencia en la Corte Federal de Australia, la defensa sostuvo que, aunque la solicitud de extradición se basa en siete cargos de secuestro agravado, las autoridades chilenas podrían recalificar los hechos dentro del marco de delitos de lesa humanidad, lo que alteraría sustancialmente las consecuencias jurídicas del proceso.

Mientras Australia examina la extradición sobre la base de delitos comunes como el secuestro, Chile sostiene que estos hechos se enmarcan en un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos, lo que implicaría que los delitos no prescribirían.

Rivas, de 72 años, niega las acusaciones y mantiene desde 2019 una batalla judicial para evitar su entrega a su país natal, tras ser detenida en Australia a petición de Chile.

Por su parte, el Gobierno australiano indicó ante el tribunal que Chile ofreció garantías de que Rivas solo será juzgada por los delitos incluidos en la solicitud de extradición, y subrayó que el secuestro estaba tipificado en ambos países en el momento de los hechos.

El caso se inscribe en un proceso de más de una década, iniciado con la solicitud de extradición en 2014 y que mantiene a Rivas detenida en Australia desde febrero de 2019, a la espera de una resolución definitiva.

"Ha sido una tarea difícil para las familias"

La abogada de las víctimas en Australia, Adriana Navarro, señaló en declaraciones a medios locales que las familias esperan una pronta resolución tras décadas de espera.

"Ha sido una tarea difícil para las familias... no hemos podido obtener mucha información", afirmó, al tiempo que subrayó el compromiso de las autoridades australianas de enviar a Rivas a Chile.

Navarro añadió que los allegados de las víctimas buscan "verdad y justicia" y lamentó que, medio siglo después de los hechos, aún haya centenares de desaparecidos cuyos restos no han sido localizados.

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Exagente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), organismo represivo que operó hasta 1978 bajo el mando de Manuel Contreras, Rivas está vinculada a secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones de militantes de izquierda y ciudadanos contrarios al régimen que derrocó al presidente Salvador Allende (1970-1973).

Se le atribuye, entre otros casos, la presunta participación en el secuestro agravado de Víctor Díaz, subsecretario del Partido Comunista, en 1976, así como la desaparición de Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortiz, Héctor Véliz y Reinalda Pereira, embarazada en el momento de su detención.

Rivas, quien defiende su inocencia, viajó a Australia en 1978 con su entonces marido y residió en Bondi, al este de Sídney, dedicándose durante tres décadas a labores de limpieza y cuidado de niños. En 2006 regresó a Chile, donde fue detenida por los casos que motivan su extradición, aunque escapó y volvió tres años más tarde a Australia.

El tribunal dejó ahora el caso visto para sentencia y no fijó una fecha para el fallo, que suele emitirse semanas o incluso meses después en procesos de esta complejidad.

En tanto, Nicolás Rivas Paillao, en su calidad de colaborador de los demás sujetos, específicamente al facilitarles un arma utilizada la noche del crimen, fue condenado a 17 años de cárcel.

Por este bullado caso, se estableció que las víctimas -Carlos Cisterna Navarro, Sergio Arévalo Lobos y Misael Vidal Cid- fueron ejecutadas y luego quemadas en el pick-up de una camioneta institucional la noche del 26 de abril de 2024.

La sentencia de presidio perpetuo calificado implica la imposibilidad de optar a beneficios penitenciarios antes de cumplir un mínimo de 40 años de privación de libertad, una de las penas más severas contempladas en la legislación chilena.

La lectura de la sentencia aún está en curso, ya que se están considerando penas adicionales por otros delitos asociados al caso.

"Le quitaron alevosamente la vida a tres de los nuestros"

Desde Carabineros valoraron "la sentencia condenatoria dictaminada para los asesinos, que le quitaron alevosamente la vida a tres de los nuestros".

"Esto demuestra que no hay espacio para la impunidad frente a crímenes contra quienes protegen a la ciudadanía", agregaron.

"La memoria de nuestros mártires debe ser preservada como un recordatorio de lo que arriesgan los carabineros día a día para resguardar a la comunidad", aseveró la institución policial.

El anuncio fue realizado inmediatamente después de conocerse el veredicto, que estableció la culpabilidad por asesinato con premeditación y sorprendió por su severidad, al superar los 30 años de cárcel que había solicitado la Fiscalía.

Los abogados del acusado reaccionaron con dureza frente a la sentencia y confirmaron que recurrirán ante la justicia francesa mediante un recurso de casación.

"Han castigado a Nicolás Zepeda por haber osado responder a la condena contra él y haber ganado en casación", afirmó el abogado Sylvain Cormier.

El jurista sostuvo además que su defendido "recibe una pena que lo equipara a asesinos en serie y terroristas", y calificó la decisión como "absolutamente injusta e injustificada".

"Haremos todo lo posible para que la verdad salga a la luz (...) Si tenemos que acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si tenemos que presentar mañana mismo una solicitud de revisión para verificar finalmente el ADN que no fue analizado por la fiscalía, lo haremos" afirmó Cormier.

Durante todo el proceso, la defensa insistió en la existencia de duda razonable y solicitó la absolución.

Un fallo más severo de lo esperado

El tribunal condenó a Zepeda a cadena perpetua, una pena superior incluso a la solicitada por el Ministerio Público.

En la motivación de la sentencia, el presidente del tribunal subrayó que "la muerte de Narumi Kurosaki es cierta", pese a que el cuerpo de la joven nunca ha sido encontrado, uno de los elementos más debatidos del caso.

La resolución marca el cierre del tercer juicio en Francia contra el chileno, luego de que dos condenas anteriores de 28 años fueran anuladas por el Tribunal Supremo debido a un defecto de forma.

Caso sigue abierto en sus interrogantes

El caso se remonta al 5 de diciembre de 2016, cuando Narumi Kurosaki, estudiante japonesa en Besanzón, desapareció sin dejar rastro.

La investigación apuntó a Zepeda, quien había viajado desde Chile a Francia en fechas cercanas a la desaparición. Sin restos ni confesión, la acusación se basó en un conjunto de pruebas indiciarias, como registros de audio, movimientos del acusado y testimonios.

Para la familia de la víctima, el fallo representa un avance en la búsqueda de justicia, aunque no resuelve el principal misterio del caso: el paradero del cuerpo.

Con el anuncio de la apelación, el proceso judicial suma un nuevo capítulo a casi una década de la desaparición de la joven.

La defensa del condenado tiene ahora un plazo de diez días para presentar formalmente el recurso de casación, un proceso que podría extenderse por varios meses antes de obtener una respuesta definitiva del máximo tribunal francés.