Álvarez aparece en una imagen publicada en Instagram hace solo tres días, protagonizada por la ministra Judith Marín y sus subalternos.

"Un gran equipo para un gran desafío. Ustedes saben que el trabajo en equipo es fundamental para lograr resultados", posteó la nueva autoridad.

Sin embargo, de acuerdo con La Segunda, el asesor quedó a medio camino por registrar causas de acoso laboral contra funcionarias con quienes trabajó en otras instituciones públicas.

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Al respecto, la cartera aclaró que "luego de los distintos procesos de evaluación, llegamos a la conclusión de que no cumplía con nuestros exigentes estándares para ser parte", e incluso aseguraron que "tenía acusaciones que son inaceptables".

El vespertino también da cuenta que, según datos de Transparencia, Álvarez es director jurídico del Municipio de Santiago, donde recibe un sueldo bruto de 5,3 millones de pesos, y en noviembre de 2019 fue denunciado por ejercer prácticas antisindicales.

La infracción más multada en el periodo fue no exhibir toda la documentación necesaria durante una fiscalización, con 23.101 sanciones, equivalentes al 9,4% del total. Le siguieron las fallas en el registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo, una de las obligaciones más incumplidas por los empleadores.

Las cinco materias laborales más sancionadas

Según el detalle entregado por la DT, las infracciones que concentraron la mayor cantidad de sanciones entre 2022 y 2025 fueron:

• No exhibir documentación exigida para fiscalización: 23.101 sanciones (9,4%).
• No llevar correctamente el registro de asistencia y horas trabajadas: 11.434 sanciones (4,6%).
• No registrar un correo electrónico u otro medio digital legal para notificaciones: 9.934 sanciones (4,0%).
• No llevar registro de asistencia y determinación de jornada: 6.637 sanciones (2,7%).
• No consignar por escrito modificaciones al contrato de trabajo: 6.178 sanciones (2,5%).

En términos generales, más de la mitad de las fiscalizaciones realizadas en el periodo derivaron en algún tipo de sanción, lo que da cuenta de un alto nivel de incumplimiento normativo en materias básicas de control laboral.

Casi 380 mil fiscalizaciones

Entre 2022 y 2025, la DT realizó 380.380 fiscalizaciones en todo el país, de las cuales el 29,6% terminó con multas, generando ingresos fiscales por 521.718 millones de pesos.

El director (s) del Trabajo, Sergio Santibáñez, afirmó que "nos sentimos muy satisfechos de lo logrado en estos últimos cuatro años porque hicimos un gran esfuerzo por retomar la intensidad fiscalizadora que siempre ha caracterizado a la Dirección del Trabajo, abarcando sectores económicos que tenían una baja tasa de inspección y también formas emergentes de trabajo".

El énfasis de la actual administración se ha centrado en recuperar los niveles de fiscalización previos a la pandemia del Covid-19, debido a la disminución de la actividad productiva registrada durante la emergencia sanitaria.

En ese contexto, en 2020 se realizaron 73 mil fiscalizaciones, cifra que aumentó a 78 mil en 2021, año aún marcado por la pandemia. En el primer año de la nueva gestión se observó un alza con 82 mil fiscalizaciones, subiendo a 91 mil en 2023, 102 mil en 2024 y 104 mil en 2025.

Comercio y servicios lideran las inspecciones

Los rubros con mayor número de inspecciones fueron:

• Comercio: 68.389
• Servicios administrativos: 57.196
• Transporte y alojamiento: 31.639
• Industria manufacturera: 26.837
• Construcción: 25.604

Ley de 40 Horas

Desde abril de 2024, la DT fiscaliza el cumplimiento de la Ley de 40 Horas, recibiendo 2.823 denuncias. La principal infracción fue exceder la jornada semanal permitida, que concentró el 39,8% de los reclamos y derivó en 551 sanciones.

En este ámbito, las multas sumaron 3.318 millones de pesos, afectando principalmente a los sectores de comercio, servicios administrativos y alojamiento y comida.

En la misiva, titulada "490 días sin respuesta para la familia de un gásfiter que perdió la vida al interior del Palacio de La Moneda", Mauricio Morales Soto acusó que a "más de un año y cuatro meses desde que se anunciara un sumario administrativo que, hasta hoy, no ha entregado conclusiones ni explicaciones públicas" por parte del Gobierno.

"Lo más preocupante es que esta espera no solo se limita al ámbito administrativo interno, sino a su cargo como empleado público", enfatizó.

El denunciante manifestó que "tratándose de un caso ocurrido en la sede del Poder Ejecutivo, el silencio institucional resulta difícil de comprender y aún más de justificar. La prolongación de los plazos, la falta de información y la ausencia de diálogo no sólo profundizan el dolor de una familia, sino que también ponen en entredicho el compromiso del Estado con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por la vida de los trabajadores".

Elizalde: "Es entendible el dolor"

La respuesta oficial llegó desde la Región del Biobío por parte del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien abordó la controversia asegurando que el proceso disciplinario sigue vigente.

El secretario de Estado explicó que el sumario está siendo llevado a cabo por la Dirección de Administración de La Moneda y que se encuentra en una etapa de desarrollo.

"Hay un sumario en curso para total esclarecimiento de los hechos y la Contraloría ha hecho sugerencias y observaciones que han sido acogidas en el marco de ese sumario", dijo Elizalde, quien manifestó que la voluntad del Gobierno es que los hechos se esclarezcan por completo para otorgar tranquilidad a los familiares de la víctima.

"Lo primero que es muy importante es que se esclarezcan los hechos sobre la base de esta investigación y adicionalmente es entendible, sin duda, el dolor que ha generado para la familia esta situación tan compleja. Mayor razón para que se esclarezcan completamente los hechos", afirmó el ministro.

El titular de Interior señaló que los sumarios "se desarrollan por el organismo respectivo y el detalle, más aún cuando en algunos casos eventualmente puede tener algún tipo de reserva las distintas diligencias que se realizan, le corresponde que sean informadas por el organismo respectivo, que es la dirección administrativa".

Según publicó este jueves el diario La Segunda, la Contraloría General de la República ha rechazado dos veces el sumario de Presidencia por la muerte del gásfiter, argumentando que la investigación tiene graves defiencias.

El fallo detalla que la jurisprudencia concluye que "uno de los modos de acoso, hostigamiento y molestia utilizado contra los representantes sindicales supone el negarles o dificultarles el pago de su remuneración, siendo relevante el de las remuneraciones que corresponden al tiempo empleado en permisos sindicales cuando se ha negociado por las partes su pago total o parcial por parte del empleador y esta no cumple lo acordado".

De acuerdo al Poder Judicial, la resolución agrega "que entonces el centro de la discusión se sitúa en que estos acuerdos de pago por el tiempo que los dirigentes utilizan en labores sindicales no puede ser dejado sin efecto unilateralmente por el empleador, ya que se trata de un acto que puede ser entendido como un acto de injerencia sindical, ya que afecta 'la total independencia de las organizaciones de trabajadores en el ejercicio de sus actividades con respecto a los empleadores'".

El tribunal estableció que Falabella Retail S.A. deberá pagar los montos adeudados a la trabajadora afectada, pero además tendrá que publicar "en un diario de circulación nacional, que ocupe media plana de una página, que privilegie la letra y tamaño de la publicación" una disculpa por la vulneración a la libertad sindical; y cancelar la sanción pecuniaria, de cerca de 13,7 millones de pesos.

Según el informe, el 77% de los municipios del país ha recibido denuncias por acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo, lo que ha derivado en la apertura de investigaciones formales en 7 de cada 10 municipalidades.

El estudio, titulado "Caracterización de la Implementación de la Ley Karin en las Municipalidades de Chile", sistematiza información de 271 comunas, lo que equivale al 78,6% del total de municipios del país.

De ellos, el 87% ya ha habilitado un canal formal de denuncias, el 88,6% cuenta con un protocolo municipal de prevención y el 69% dispone de un manual para investigar y sancionar estos hechos.

El presidente de Amuch, José Manuel Palacios, destacó los avances reflejados en el informe. "Este trabajo muestra no solo la operatividad de los canales de denuncia y protocolos internos, sino también un cambio institucional. Hoy las municipalidades están desarrollando capacitaciones, decálogos de buen trato y programas de mejoramiento de gestión para cumplir con lo que exige la ley", señaló.

No obstante, el estudio también advierte brechas importantes en comunas rurales o con menor desarrollo. Según Amuch, en estos territorios persisten dificultades para implementar completamente los instrumentos exigidos y promover una cultura organizacional libre de violencia.

"La prevención de la violencia y el acoso en el trabajo deben ser una política de Estado a nivel local, sin excepciones ni zonas grises", enfatizó Palacios.

La Ley Karin, promulgada en 2024, obliga tanto al sector público como privado a establecer mecanismos de prevención, denuncia y sanción frente al acoso y la violencia en los espacios laborales. Su implementación ha puesto a prueba la capacidad de los municipios para adaptarse a nuevas exigencias en materia de convivencia laboral y gestión de personas.

El director de la DT, Pablo Zenteno, dijo que se realizaron "231 fiscalizaciones, de Arica a Magallanes", con el objetivo de "hacer respetar el derecho de los trabajadores y trabajadoras del comercio a descansar".

Del total de inspecciones, 65 terminaron con la aplicación de multas -en total sumaron casi 55 millones de pesos-, siendo las tres regiones con más trabajadores devueltos a sus hogares la Metropolitana (26), Tarapacá (20) y O'Higgins (10).

🚨Fiscalizamos el cumplimiento del feriado obligatorio e irrenunciable para las y los trabajadores del comercio este 1 de mayo

📌 Compartimos los resultados nacionales consolidados 👇🏻 pic.twitter.com/AL4sTGKniv

— Dirección del Trabajo (@DirecDelTrabajo) May 1, 2025

El caso surgió tras una reunión realizada el 5 de diciembre pasado entre Zenteno y las dirigencias de tres asociaciones gremiales que buscaban revisar la situación de los funcionarios a contrata que no fueron renovados para este año.

La reunión terminó con un tenso cruce entre la autoridad y los dirigentes que acusaron al director del Trabajo de agredir a una de las líderes sindicales.

El dictamen de Contraloría determinó que no se advirtió la existencia de hechos que pudiesen constituir "violencia en el trabajo" ni tampoco "acoso laboral".

La resolución agregó que en ese tipo de reuniones "la tensión y la discusión se advierten como elementos propios de la misma, sin que por ello en la decisión del denunciado de poner término abrupto a la citada reunión, ni en las expresiones que se le cuestionan, se aprecie agresión, hostigamiento, humillación o menoscabo hacia la reclamante, por lo que no reviste la entidad de acoso laboral", publicó Diario Financiero.

Contraloría además consideró un comunicado de la DT donde se sostuvo que la denuncia "tendría el carácter de falsa, puesto que habría sido la propia denunciante quien, en forma destemplada y a gritos, no habría dejado exponer al director del Trabajo, no dejándole a este otra alternativa que dar por terminada la reunión".

Tras el dictamen, Zenteno comentó que "teníamos la profunda convicción de no haber incurrido en ninguna irregularidad" a la vez que redobló "nuestro compromiso con el respeto por las garantías de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras en el marco de la Ley Karin y todo el sistema de protección de los derechos fundamentales que a la Dirección del Trabajo le toca fiscalizar".

"Es un objetivo loable de la Ley Karin tener espacios de trabajo seguros y saludables y nosotros vamos a seguir siendo contribuyentes en esa dirección", añadió.

Zenteno, además, enfatizó que "la Ley Karin es una ley absolutamente necesaria para el país, pero que tiene que ser correctamente utilizada para que todos y todas quienes tenemos una responsabilidad en la materia podemos cumplir bien nuestro rol".

"No podemos seguir construyendo leyes sin Presupuesto. Hoy día la Dirección del Trabajo no está dando abasto frente a la cantidad de denuncias y es necesario que se ponga un hincapié si queremos erradicar la violencia del laboral de nuestro país, esto requiere de recursos y de instituciones que puedan fiscalizar este tipo de problemáticas del mundo del trabajo", sostuvo.

El presidente de ANEF, José Pérez Debelli, también hizo un llamado a trabajar en mejorar la implementación de la ley para los trabajadores y para quienes la hacen valer y señaló que "en situaciones donde no se resuelven los procedimientos administrativos, no se resuelven por parte de las autoridades de turno que tienen designación política, de cerrar los capítulos de estas materias".

"Es la autoridad política responsable del Ministerio en servicio de no eternizar estos procesos, porque no hay que naturalizar la violencia, el acoso, el maltrato laboral y homosexual en nuestro centro público y tampoco en el privado", indicó Debelli.

La Comisión de la Cámara Baja de Mujeres y Equidad de Género tuvo una sesión con el director nacional de Servicio Civil, Felipe Melo, en la que examinaron las cifras de querellas para ver las debilidades y fortalezas de la ley.

Melo aclaró que "el trabajo del ente es seguir y verificar el cumplimiento de las demandas, pues la ley no les entrega una nueva facultad para descongestionar y ayudar con el avance de las denuncias".

En total, la Dirección del Trabajo recibió 9.151 denuncias en tan solo cuatro meses tras la implementación de la ley. De ese total, 3.804 denuncias se encuentran en proceso de fiscalización activo, de las cuales el 67,8% han sido formuladas por mujeres; el 30,5% por hombres; y el 1,7% por personas en que su sexo no fue declarado.

La abogada María Francisca Montenegro, magister en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Talca, advirtió que "los tiempos de investigación de la Dirección del Trabajo -incluso para pronunciarse sobre los informes remitidos por las investigaciones llevadas a cabo por las empresas- presenta una manifiesta tardanza respecto del estándar legal. En ese sentido aún queda muchísimo por resolver en lo práctico y más aún, desde el ámbito judicial que, me parece, vendrá a resolver algunos vacíos legales y de interpretación administrativa".

Como se detalló en una sesión de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, la mayoría de las denuncias corresponden a casos de acoso laboral.

La diputada Claudia Mix (FA) manifestó su preocupación porque un 54 por ciento de los reclamos han sido desestimados.

José Pérez, presidente de la ANEF, sostuvo que se trata de "una situación donde no se resuelven los procesos administrativos, no se resuelven por las autoridades de turno, que tienen designación política, de cerrar los capítulos por estas materias y eso sí le corresponde. Si bien es cierto hay fiscales ad-hoc para investigar, es la autoridad política responsable de que estos procesos no sean eternizados".

Esta semana, el director nacional del Trabajo, Pablo Zenteno, entregó el informe semestral sobre el funcionamiento de esta nueva normativa que considera al sector privado. El documento, detalló el organismo, abarca el período entre el 1 de agosto de 2024, día en que entró en vigencia, y el 31 de diciembre pasado.

En total, la DT recibió 9.151 denuncias que califican según la Ley Karin en el sector privado. De ese total, 3.804 denuncias se encuentran en proceso de fiscalización activo, de las cuales el 67,8% han sido formuladas por mujeres; el 30,5% por hombres; y el 1,7% por personas en que su sexo no fue declarado.

Asimismo, reveló que el 50% de las denuncias afectan a grandes empresas; el 19% a pequeñas, el 18% a medianas; y el 10% a microempresas. En el 3% restante se carece de esa información.

Segmentadas por sectores económicos, el 19,6% de las 3.804 denuncias que se encuentran en proceso de fiscalización activo corresponden al sector comercio. Luego aparecen enseñanza, con el 13,5%; servicios administrativos y de apoyo, con el 11,9%; y alojamiento y servicios de comida, con el 8,4%.

En cuanto a las causales, y sobre el mismo total de denuncias en proceso de fiscalización activo, la gran mayoría corresponde a acoso laboral, que concentra el 86,7%. Mientras, el 6,6% son por acoso sexual y el 6,7% a acciones violentas.

Territorialmente, la Región Metropolitana concentra casi un tercio de las denuncias, con el 28,7%. Le siguen Valparaíso, con el 14,7%; La Araucanía, con el 7% y Antofagasta, con el 6%. Las regiones con menos denuncias son Arica y Parinacota (0,8%), Aysén (2,5%) y Los Ríos (2,9%).

El informe fue presentado al Consejo Superior Laboral (CSL), instancia oficial de diálogo social tripartito en las diversas iniciativas que apuntan a erradicar la violencia y el acoso en espacios laborales, como la ratificación e implementación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la citada Ley Karin. El documento se enmarca en la obligación reglamentaria definida en la ley que mandata a la DT implementar un mecanismo de reportabilidad de información estadística, a lo menos, semestral.

Los desafíos de la Ley Karin

María Francisca Montenegro, magister en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Talca, comentó a Cooperativa que la implementación de esta ley "ha supuesto desafíos importantes tanto desde el mundo privado como desde la Dirección del Trabajo".

"Desde el mundo privado implicó actualizar los procedimientos internos, generar protocolos de prevención, establecer canales definidos para tal fin e, incluso, capacitar a parte de su fuerza laboral para efectos de liderar investigaciones de Ley Karin, en un periodo sumamente acotado, que se vio más ajustado aún por la tardía publicación del Reglamento de dicha norma", destacó la profesional.

Montenegro detalló que "desde el mundo público, también se pueden evidenciar los desafíos de la nueva normativa, donde, en virtud de la alta cantidad de denuncias que se proceden a investigar a través de dicha institución, se ha verificado resoluciones dispares respecto de éstas, incluso donde se han aplicado criterios de admisibilidad que, en principio, la normativa vigente no permite".

"Asimismo, los tiempos de investigación de la Dirección del Trabajo -incluso para pronunciarse sobre los informes remitidos por las investigaciones llevadas a cabo por las empresas- presenta una manifiesta tardanza respecto del estándar legal. En ese sentido aún queda muchísimo por resolver en lo práctico y más aún, desde el ámbito judicial que, me parece, vendrá a resolver algunos vacíos legales y de interpretación administrativa", remarcó.

En cuanto a la cantidad de denuncias en el comercio, la abogada especializada en derecho laboral comentó que "probablemente el comercio sea uno de los rubros más denunciados, porque no hay que olvidar que en éste, los trabajadores están expuestos a atención de público de manera constante y la ley Karin comprende un tipo de violencia en el empleo que es de terceros ajenos a la relación laboral".

"Si bien habría que analizar más en profundidad la información estadística, no resulta sorprendente que aquellos rubros con mayor atención de público sean aquellos con más denuncias", destacó.

El estudio de la DT resaltó que el 65 por ciento de las denuncias son realizadas por trabajadoras. Al respecto, Montenegro comentó que esto puede responder "a un fenómeno cultural más que jurídico en sí, asociado a que, justamente, las mujeres son aquellas que históricamente han sido más afectadas por ciertos tipos de violencia, reflejándose ello en la cantidad de denuncias".

La normativa honra a Karin Salgado, funcionaria pública de la salud que trabajaba en el Hospital Herminda Martin de Chillán, quien se suicidó en 2019 por el constante acoso laboral que sufría.

• Lee también: 18 conductas que serán sancionadas en el trabajo

El organismo informó que las postulaciones estarán abiertas hasta las 15:00 horas del viernes 10 de enero.

Los interesados deberán postular a través del Portal de Empleos Públicos, donde aparecen los requisitos específicos de ambos cargos.

Los fiscalizadores y abogados seleccionados serán contratados a prueba -en primera instancia- por un plazo de tres meses, el que puede renovarse por un segundo periodo similar. Si sus rendimientos son aprobados, serán pasados a las dotaciones definitivas de contrata, indicó el organismo.

La DT detalló que las remuneraciones ofrecidas en Empleos Públicos son referenciales y serán incrementadas conforme a los reajustes aprobados para el año 2025 en la Administración Pública.

Como referencia, los fiscalizadores tendrán una remuneración bruta mensual promedio de $1.690.595, acorde al grado 16 del escalafón fiscalizador de la DT. Los abogados, en tanto, recibirán una remuneración bruta mensual promedio de $2.445.864, correspondiente al grado 13 del escalafón profesional.

Los requisitos de fiscalizadores:

Sin perjuicio de las exigencias específicas establecidas por Empleos Públicos, los fiscalizadores deberán poseer a lo menos uno de los siguientes títulos profesionales:

• Prevencionista de Riesgos o equivalente
• Trabajador/a Social o equivalente
• Administrador/a Público/a o equivalente
• Ingeniero/a en Recursos Humanos
• Contador/a Público y/o Auditor/a
• Ingeniero/a Comercial
• Ingeniero/a en Administración o equivalente
• Sociólogo/a
• Psicólogo/a
• Cientista Político/a
• Pedagogo/a

Requisitos para abogados

En el caso de los abogados, la DT indicó que se priorizará a quienes posean estudios de postítulos, especialización y/o al menos 20 horas de capacitación (acreditando horas) en algunas de las siguientes áreas: legislación laboral y/o previsional, salud y seguridad ocupacional y normativa del sector público.

En cuanto a conocimientos específicos, es exigible dominar:

• Código del Trabajo con últimas modificaciones (Ley Karin, Ley 40 horas,
• Ley de inclusión laboral, entre otros).
• Legislación laboral, previsional e higiene y seguridad.
• Derecho Procesal.
• Derecho Constitucional en su aplicación administrativa.
• Código Civil (particularmente en interpretación de la ley).
• Procedimiento administrativo para el tratamiento de denuncias por vulneración de Derechos Fundamentales.
• Ley N° 19.378 de 2000 sobre Estatuto de Atención Primaria de salud municipal.
• Riesgos asociados a la labor desempeñada y su forma de prevención (corresponde al "Derecho a saber", establecido en la Ley N° 16.744)

Las fiscalizaciones realizadas el viernes duplicaron los controles y las multas que se efectuaron en el mismo período del año pasado.

En concreto, se realizaron 80 fiscalizaciones y 34 multas más en comparación a 2023, mientras que el monto aplicado a las empresas infractoras superó en 102 millones de pesos al del año pasado. Asimismo, este año dos tripulantes fueron suspendidos, mientras que en el programa anterior ninguno lo fue.

La DT informó que el objetivo del programa fue verificar que las tripulaciones iniciaran sus turnos con los descansos legales previamente cumplidos, garantizando así la seguridad carretera de choferes, auxiliares y pasajeros. En ese sentido, los dos tripulantes debieron terminar sus turnos al no cumplir con la citada disposición.

"La DT realizó durante todo el día de ayer 157 fiscalizaciones en 14 regiones del país, con lo cual más que duplicamos las realizadas en la misma fecha del año 2023, superando también en más del ciento por ciento las multas y los montos en dinero. Estamos muy satisfechos por ello debido a que sabemos el aumento de viajes que habrá a partir de ahora debido a las fiestas de Año Nuevo y comienzo de las vacaciones de verano", señaló Pablo Zenteno, director del Trabajo.

"Al fiscalizar que choferes y auxiliares estén debidamente descansados no solo hacemos cumplir la legislación laboral sino que también colaboramos a que los viajes para estos trabajadores y sus pasajeros sean seguros y no haya accidentes por culpa de la fatiga de quienes conducen los buses", agregó la autoridad.

El desglose de las fiscalizaciones:

🚐Nuestros equipos Inspectivos aplicaron 54 multas por casi 169 millones durante las fiscalizaciones en 14 regiones del país a buses interurbanos de pasajeros con ocasión del aumento de viajes previo a la celebración de Año Nuevo e inicio de vacaciones.#DTEnTerreno pic.twitter.com/t7bQHkwtjU

— DireccióndelTrabajo (@DirecDelTrabajo) December 28, 2024

El organismo realizó fiscalizaciones durante esta jornada en todo país para comprobar que se cumpla el derecho al descanso y también el derecho al descanso alternado -cada dos años- de los trabajadores del comercio que sí deben laborar en este tipo de fechas.

Los 208 controles se realizaron en distintos polos comerciales en respuesta a las acusaciones realizadas -hasta las 15:00 horas- en el sitio web y call center del organismo, que recibió 11 denuncias al respecto.

Del total de inspecciones, el organismo fiscalizador precisó que 48 de ellas terminaron en multas por no otorgar los mencionados feriados a sus empleados, con un monto que asciende hasta los $60.488.354.

Las tres regiones con más trabajadores suspendidos fueron la Metropolitana (21), O'Higgins (17), Tarapacá (12) y Los Lagos (12).

El detalle de las fiscalizaciones de la DT:

🎄Nuestras fiscalizaciones arrojaron incumplimientos laborales que afectaron a 98 trabajadores durante feriado obligatorio e irrenunciable de Navidad
➡️Multas a empleadores infractores superaron los 60 millones de pesos.
Más datos en nuestra gráfica 👇🏼 pic.twitter.com/fTKks4lGFl

— DireccióndelTrabajo (@DirecDelTrabajo) December 25, 2024