Desde la multisindical confirmaron que ya sostuvieron una primera reunión con el ministro del Trabajo, Tomás Rau, el pasado 24 de marzo, instancia en la que se comprometió la conformación de una mesa de negociación para abordar el reajuste.

Aunque aún no existe una cifra definida, desde la CUT adelantaron que la propuesta buscará superar la variación del IPC, en medio de la incertidumbre sobre la evolución de la inflación en los próximos meses.

El presidente de la organización, José Manuel Díaz, afirmó que esta discusión "es una oportunidad para que el Gobierno les devuelva a las y los trabajadores poder adquisitivo ante las alzas que están afectando directamente el bolsillo".

Asimismo, planteó que el objetivo de fondo es avanzar hacia un "sueldo vital" que permita cubrir las necesidades de una familia de cuatro personas.

Por su parte, el ministro Rau abordó el tema durante un seminario sobre mercado laboral, en el que advirtió sobre el efecto de los reajustes en los costos para las empresas, especialmente las de menor tamaño.

"Los costos laborales han aumentado y se han mantenido sobre un promedio histórico. El 85% de los trabajadores que ganan el mínimo trabaja en pequeñas y medianas empresas", señaló, alertando que incrementos por sobre la productividad podrían impactar en esos empleadores.

El reajuste deberá ser acordado entre el Ejecutivo y los trabajadores para luego ser discutido en el Congreso durante las próximas semanas.

Acorde a la ley 21.751, vigente desde junio, "a partir del 1 de enero de 2026, el ingreso mínimo mensual para los trabajadores referidos ascenderá a $539.000".

En tanto, para los trabajadores menores de 18 años o mayores de 65 el monto será de 402.082 pesos.

La modificación será la última durante el gobierno del Presidente Boric, quien asumió con un sueldo mínimo de 350.000 pesos, por lo que uno de sus compromisos de campaña fue llevarlo al menos a 500 mil al final del mandato.

Además, el cambio legal implica un aumento del monto mínimo de pensión alimenticia que debe pagar un progenitor, llegando a 215.600 pesos; aunque no se trata de un proceso automático y se debe solicitar ante el respectivo tribunal de familia.

"Ojalá pudiéramos tratar de pensar en lo del ingreso de aquí a cuatro años, pero me parece que, si uno lo quisiera hacer en forma responsable, es imposible", señaló en Cooperativa el exsubsecretario de Hacienda (2014-2017, Bachelet II) al discutir, junto a otros expertos, los planes económicos de los dos aspirantes a La Moneda que se enfrentarán el domingo en las urnas.

Para el militante DC -cuyo partido apoya a Jara- esta propuesta exigiría "que la economía (chilena) debiese estar creciendo al 5 por ciento, para ir absorbiendo ese aumento del costo de la mano de obra de los de los grupos menos calificados: la gente que se ha ido quedando atrás, que tiene menos facilidad para reinsertarse en una economía que se está globalizando, con automatización, con inteligencia artificial".

"Creo que esa parte (del programa de Jara) -y lo he dicho desde un comienzo- tiene un dejo de populismo mayor, y al final del día puede terminar afectando a quienes más quiere ayudar", continuó el hoy académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

"Si esto no tuviese impacto en lo tributario ni nada, se tendría que estar creciendo al 5 por ciento", reiteró Micco, "cuando sabemos que, dadas las condiciones actuales en las cuales está la economía -hoy estamos con un crecimiento potencial cercano al 2%-, se ve muy difícil. Y al final del día, si vamos a estar solamente subsidiando a las pymes para que puedan pagar este ingreso, no sé si tiene mucho sentido", sentenció.

Ominami: "No es para gritar ¡viva Chile!"

Respondió a estas inquietudes el exministro Carlos Ominami, quien forma parte del comando de Jara. 

"Yo en este punto discrepo de lo que dice Alejandro Micco: tenemos en la actualidad un salario mínimo en torno a 525 mil pesos; un avance muy importante que se produjo en el país al establecer el salario mínimo de 500 mil pesos, que posteriormente se ha ido reajustando", indicó.

"A mí me parece que es perfectamente posible, en el lapso de tres o cuatro años, avanzar hacia un ingreso mínimo de 750 mil pesos", dijo el extitular de Economía.

Con esta propuesta "no estamos hablando de un (alza de) salario mínimo a 750 mil pesos", que ya "hay muchas empresas que pueden, que lo pagan y lo pueden pagar, pero efectivamente, hay un conjunto muy significativo de pequeñas y medianas empresas -particularmente pequeñas empresas- que tendrían dificultades para hacerlo".

"¿De qué se trata? De actuar por varias vías: una es la vía de algunos subsidios directos que pudieran complementar el salario que pagan esas (pequeñas) empresas, de manera de poder llegar al ingreso mínimo de 750 mil pesos", detalló el exsenador.

"Por otro lado, también hay planteado un conjunto de otras medidas que pueden avanzar en la misma dirección: está la reducción del IVA a los medicamentos, la reducción del 20 por ciento en las cuentas de luz, y hay un programa -del cual se ha hablado poco- que es el Programa de Alivio a las Deudas, que está planteado para ayudar a aquellas personas que están, en la actualidad, al día con sus deudas, pero que deben hacer esfuerzos gigantescos para llegar a fin de mes. Y está (adicionalmente) también la posibilidad de repactar las deudas de deudores morosos", enumeró Carlos Ominami.

Consultado por si la combinación de todas estas medidas se traduce en el aludido ingreso vital de 750 mil, el hoy presidente de la fundación Chile 21 contestó: "Yo así lo entiendo".

"Yo creo que a través de un conjunto de medidas es posible avanzar en la dirección de tener un ingreso básico de 750 mil pesos que - digamos las cosas como son- no es para gritar ¡viva Chile!; no es algo completamente desmesurado, sino simplemente una medida de justicia social que económicamente es perfectamente sostenible, sobre todo si somos capaces de reactivar el crecimiento en el país", cerró Carlos Ominami.

"Una propuesta de alzas de salario, que hemos venido viendo a través del salario mínimo, y que va por sobre los aumentos de productividad, lo que hace es generar más desempleo. O sea, no podemos ignorar la situación del mercado laboral actual cuando hacemos propuestas que suenan muy bien, y todos querríamos que los ingresos mejoren y que el empleo aumente, pero la realidad dice otra cosa", apuntó en El Diario de Cooperativa.

Para la líder del gran empresariado, "en materia de empleo, tenemos que preocuparnos de generar más espacio de crecimiento económico para que haya más generación de empleos; facilitar los procesos de inversión para que se creen más empleos, y flexibilizar el mercado laboral, que lo hemos ido rigidizando, y sobre todo, encareciendo la contratación".

"En estos últimos años solamente, hemos bajado las jornadas, aumentado los salarios mínimos, aumentado exigencias a través de leyes diversas, y entonces, seguir haciendo propuestas que encarecen la contratación hace daño a las más de 900 mil personas que están buscando trabajo y no lo pueden encontrar", zanjó.

Por otro lado, si bien no entregó su apoyo a un programa puntual, Jiménez planteó: "Dado que estamos en un país que -no lo digo yo, sino que el Consejo Fiscal Autónomo- vive un estrés fiscal, producto de un exceso de gasto por sobre los ingresos, una deuda creciente, y una merma de los fondos de estabilización que tenemos para situaciones críticas, el que se haya instalado la discusión de que hay que recortar gastos le hace bien al país".

"Tenemos que hacernos cargo: no estamos en el país de antes del 2010, cuando teníamos niveles de deuda pública bajo el 5% del PIB, porque hoy estamos en 42% o 43%", apuntó la exministra, antes de reiterar que se trata de "una discusión muy sana el estar observando qué hacer con este exceso de gasto".

La presidenta de la CPC insistió en que este debate toma aún más relevancia dado que "hemos sabido sostenidamente que existen programas sociales mal evaluados; que se produce un mal uso de licencias médicas; que se pueden eficientar las compras públicas, y con eso, ahorrar bastantes recursos; cuando hay mal uso de otros tipos de seguros, y cuando hay exceso de gastos en algunos ministerios y servicios".

El análisis, presentado el jueves en un seminario de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, examinó los efectos del reciente aumento del salario mínimo en el mercado laboral formal.

El trabajo utilizó microdatos de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) para medir los efectos de estas alzas en el mercado laboral formal.

Según los resultados, las empresas más expuestas al cambio legal registraron un incremento promedio de 4,8% en los salarios, junto con una caída de 5,6% en el empleo, lo que implica una elasticidad empleo-salario de -1,2, una magnitud más negativa que la reportada en la literatura internacional.

El economista Dante Contreras cuestionó abiertamente el momento en que se publicó el reporte. En una entrevista radial, el académico de la misma facultad sugirió que podría existir una intencionalidad política al interior del Consejo del Banco Central para difundir el estudio en plena contienda electoral, una afirmación que puso en tela de juicio la autonomía del ente emisor.

"Supongo que tiene que ser algo por el estilo (intenciones políticas) Sí, yo supongo que sí. Creo que hay un componente de ese tipo en esta decisión", planteó el jueves en Radio Pauta.

Frente a estas críticas, el expresidente del Banco Central y actual decano de la FEN, José de Gregorio, salió en defensa de la institución. En el mismo seminario, dijo que "es menospreciar al Consejo pensar que está usando políticamente algo", destacando que el organismo se rige por un debate interno y una diversidad de opiniones que aseguran su profesionalismo y la seriedad de su trabajo.

Autor del informe: "Hacemos las cosas con robustez metodológica y con relevancia temporal"

Por su parte, el autor del informe, Elías Albagli, respaldó la metodología de su investigación, calificándola de "robusta".

"Yo espero haberlos convencido de que hacemos las cosas con robustez metodológica y con relevancia temporal, porque es cuando las cosas están pasando", señaló en el seminario.

Albagli detalló que el estudio responde a una necesidad concreta de la política monetaria: "Los aumentos del salario mínimo no solo mejoran las remuneraciones, también inciden en la dinámica del empleo y, por tanto, en el consumo y la inflación futura. Era necesario contar con evidencia robusta y causal para orientar decisiones", apuntó.

Uno de los puntos más destacados por la abanderada en su campaña de primarias fue el "salario vital", el que ahora redefinió como un "ingreso vital" de 750.000 pesos mensuales, "cifra que se alcanzará gradualmente durante nuestro gobierno", según el texto.

La idea es que tal incremento se aplique "en una trayectoria que considere la evolución observada de la inflación, del crecimiento y de la productividad; un subsidio a las empresas de menor tamaño; y una transferencia monetaria a las y los trabajadores formales, con remuneraciones equivalentes al ingreso mínimo mensual".

Al respecto, Jara manifestó durante esta jornada: "Creemos que la gente tiene que llegar a fin de mes con el valor y reconocimiento de su trabajo, y viene bajo un esquema de la denominación de lo que se reconoce como el ingreso vital, donde una parte se compone por salarios, y otra por apoyos".

En tanto, el jefe de su equipo económico, Luis Eduardo Escobar, reiteró su escepticismo sobre este punto: "Dijimos desde el principio que era bien difícil. En lo que hemos estado trabajando en este periodo es justamente ver cómo lo podíamos lograr, y estamos proponiendo que se pueda llegar a los 750.000 al final del futuro gobierno".

La mirada de la "permisología"

Otro aspecto del programa que ha llamado la atención es el compromiso por "reducir el tiempo de tramitación ambiental de proyectos de inversión, optimizando la calidad de la evaluación", lo cual no sólo requerirá fortalecer los procesos de participación ciudadana temprana, sino que eliminar el Comité de Ministros, instancia que ha sido criticada en los últimos años por frenar iniciativas como Dominga.

A su vez, se plantea que al implementar la nueva ley Marco de Permisos Sectoriales -conocida como ley de permisología-, "haremos un segundo proceso de revisión para racionalizar y optimizar la obtención de permisos" mediante una nueva oficina orientada a agilizar los procesos de inversión.

Por otro lado, no incorporó la reducción del impuesto corporativo, algo que Jara rechazó desde el inicio de su candidatura, pero que ha sido una de las grandes banderas del empresariado chileno en este periodo electoral, tal como demostró la CPC en su última reunión con la exministra.

Sorpresa por omisión del aborto libre

En materia de derechos sociales, causó sorpresa la omisión del aborto libre en el programa, por tratarse de una propuesta fuertemente impulsada por la Administración Boric, y a la cual se opone el último aliado de esta candidatura: la Democracia Cristiana.

En ese sentido, el diputado de la Falange y vocero del comando, Eric Aedo, cree que esto representa un "gesto" por parte de Jara hacia su partido: "Es un proyecto que se está discutiendo en el Parlamento, que no tiene los votos, y dificulto que los tenga en el futuro, y lo dijo la propia candidata presidencial: estamos poniendo el énfasis en aquello que nos une".

Consultada al respecto, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, reafirmó que "mi propuesta es que el aborto libre sea uno de los elementos centrales. Sé que es parte de una discusión con otros partidos, y por lo tanto, no voy a hacer de esto una polémica".

A su vez, la exalcaldesa Irací Hassler (PC), y actual precandidata a diputada, se limitó a señalar que "los avances en temas tan importantes como este deben ir de la mano con la ciudadanía".

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En El Primer Café de Cooperativa, la presidenta de la ONG ComunidadMujer puntualizó que "lo que nos muestran las cifras de empleo es que hay que hacer una pega que es de detalle. Pero además, en el mercado del empleo, la gente está buscando pegas que ya no existen, y eso es un desafío de tamaño mayor para el corto y mediano".

Para explicar su postura, utilizó un ejemplo concretó del sector minero: "Hoy día, el rajo Escondida Norte (de Minera Escondida) está automatizado en sus camiones. Para sacar cobre de las tronaduras y llevarlo a las chancadoras, se llevan en camiones gigantes que hoy día no requieren de un chofer. Por lo tanto, el trabajo de ser chofer de camiones de una minera va a ir desapareciendo".

"Era un trabajo bien remunerado, con buenos beneficios y eso va a ir desapareciendo. ¿Qué estamos haciendo al respecto con estas personas que estaban capacitándose para aquello? Esa es mi pregunta de fondo. Hoy día el mercado laboral está cambiando hacia otros lugares donde no estamos viendo", cuestionó.

El economista Alejandro Micco, académico de la FEN de la Universidad de Chile, señaló que en el tema del desempleo existen "dos fenómenos que están pasando muy fuerte: estamos llegando a los niveles de crecimiento que teníamos 2018, 2019, pero el empleo se ha quedado rezagado tanto en la tasa de ocupación, así como el desempleo ha subido considerablemente".

El profesor también apuntó al actual sueldo mínimo en el país: "Da la impresión que con los últimos aumentos del salario mínimo, como lo ha dicho el Banco Central, es que estamos en una situación de que ya no podemos seguir con ese camino, porque va a tener efecto en el empleo. Uno puede decir que en otros países por decreto se mejora el salario mínimo, pero terminas con desempleo y mayor nivel de pobreza".

Jaime Ruiz Tagle: "Lo discuto"

El economista Jaime Ruiz-Table, académico de la FEN de la Universidad de Chile, discrepó con sus colegas en cuanto al efecto del sueldo mínimo en las cifras de empleo: "Si uno creyera que un alza del salario mínimo te va a generar menor contratación, bueno, lo que deberíamos esperar es que haya un desplazamiento hacia el trabajo informal. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que no ocurre eso, entonces, es difícil argumentarlo".

"El salario mínimo está generando hoy día una presión fuerte en el mercado laboral, pero que eso sea una causa principal de que no aumente el empleo, yo lo discuto", enfatizó.

Sin embargo, la economista Macarena García (Libertad y Desarrollo) matizó: "El Banco Central, en el IPoM del año pasado, hizo un análisis respecto del aumento al salario mínimo. Resulta que desde la ley que se aprobó en 2023, implica un 14% de aumento real, es decir, que en los últimos años el shock ha sido grande".

"Donde más ha habido impacto es en las personas que están afectas al salario mínimo, algo hay ahí, no puede no haberlo con un aumento de esa magnitud en una economía que, además, no está creciendo", aseveró.

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El Primer Café de Cooperativa, la economista fue consultada respecto a si un mandatario tiene la facultad de bajar el sueldo mínimo para enfrentar las tasas de desempleo que provocó su aumento: "Si hubiera un presidente que de verdad le importara a la gente de menores recursos, que de verdad le importara a la gente que no ha tenido acceso a la educación, que tiene menor capacitación y que estas leyes lo han llevado fuera del mercado formal y a la informalidad, debería hacerlo", respondió.

"¿Por qué? porque lo que pasa es que los trabajadores que logran permanecer en su trabajo son beneficiados, pero todos aquellos a los cuales el costo de contratar es más caro que lo que pueden dar en términos de su productividad, quedan fuera del mercado. Estas 165 mil personas (desempleadas) que salieron del mercado porque estamos imponiendo nuevos costos laborales. Para esas 165 mil familias que reciben menos ingresos, créeme que no les hace ni una gracia que hayan incrementado estos costos", argumentó la profesora.

En la misma línea, la economista Soledad Hormazábal, investigadora del centro de estudios Horizontal, mencionó un estudio del Banco Central que revela "evidencia causal que muestra que el aumento del salario mínimo redujo el empleo en las empresas que contratan más trabajadores con salario mínimo, con un efecto de 8%, que es bastante".

"Además, muestra que hubo un reemplazo de trabajadores menos calificados por trabajadores más calificados. Con este estudio, esto dejan de ser opiniones: acá hay evidencia dura, concreta, de que este aumento del salario mínimo tuvo un impacto significativo sobre el empleo para los sectores que tienen más trabajadores contratados con salario mínimo", agregó.

"Diferencias entre las coaliciones políticas"

Alejandro Micco, académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, planteó que "sobre el tema del salario mínimo, lo que más me preocupa hoy día, que es un punto importante (...) respecto a lo que viene hacia adelante, que la política de la exministra del Trabajo (Jeannette Jara) diga que quiere subirlo a 750 mil".

"Esto es una mala política. Al final del día termina teniendo, hoy día, según los estudios a grosso modo, es que cerca de 250 mil personas hoy día no tienen puesto de trabajo por esta razón o están buscando pega, que es un número bastante grande. Y estas políticas son complejas, populismos que al final del día terminan dañando a la población, porque muchas veces estos eslóganes después te los cobran", enfatizó el exsubsecretario de Hacienda.

Finalmente, el economista del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible, Eugenio Rivera, afirmó que "hay que mirar con más calma este problema (...): efectivamente, como dice el Banco Central, el crecimiento del salario mínimo está teniendo fuerte incidencia. Sin embargo, también dice el BC que el empleo ha habido un fuerte avance, una fuerte disminución del empleo informal, es decir, el gran objetivo de avanzar en la formalización también está teniendo lugar, eso a mí me parece importante de tomar en cuenta".

"Aquí se muestran las diferencias entre las distintas coaliciones políticas. Para la coalición de Gobierno actual y para la para la que se empieza a perfilar de la centro izquierda, hay un elemento que es más importante: asegurarle a la población niveles mínimos de subsistencia. En ese sentido, esa decisión, dentro de márgenes razonables, orienta también la política", concluyó.

El miércoles, el hemiciclo dio el visto bueno a la idea de reajustar el sueldo base a 529.000 pesos desde mayo (aumento retroactivo) y a 539.000 pesos a partir de enero de 2026; propuesta que fue ingresada por el Ejecutivo tras negociaciones mantenidas con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Sin embargo, expertos alertaron en Cooperativa que estos reajustes, "más allá de ser bien intencionados, pueden tener efectos indeseados", como el ocurrido el año 2009, cuando ocurrió en el país una crisis de cesantía causada, entre otras cosas, por los incrementos del salario mínimo.

"La pregunta es cómo hacemos estos incrementos sin generar estos efectos de desempleo", enfatizó el economista de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) Claudio Agostini, que defendió la conveniencia de implementar el denominado "impuesto negativo" en vez de subsidiar a las pymes para que cumplan con el pago del nuevo sueldo base.

De acuerdo con el economista, el impuesto negativo va dirigido a "personas que trabajan formalmente, pero que reciben sueldos bajos. Ellas reciben un subsidio que va creciendo cuando su paga es baja, y que va decreciendo cuando es alta. La evidencia apunta a que esto permite aumentar el empleo, aumentar los ingresos, reducir la desigualdad y formalizar el trabajo".

"Hay muchos países que lo han implementado y además apunta a quien corresponde, que es el trabajador y no a la pyme. ¿Por qué se subsidia a la pyme, cuando el afectado es el trabajador?", cuestionó Agostini.

Con él coincidió la economista de Libertad y Desarrollo (LyD) Macarena García, que fustigó que el subsidio a las pymes "es una política no tan evidente ni tan directa; no está claro si partes de ese monto se quedan en el empresario o en el trabajador. Debiera ser más eficiente, limpio y directo, sin perderse en burocracia y que le llegue todo directo al trabajador".

En la misma línea, Cristóbal Huneeus -que fue asesor del Ministerio del Trabajo durante Bachelet II- señaló que durante el primer período de Gobierno (2006-2010) de la expresidenta se implementó el impuesto negativo en la iniciativa de subsidio al empleo joven, "y la evidencia mostró que la gente postulaba mucho más que la empresa".

"El problema es que hoy, con el subsidio a las pymes, se gasta más plata que con el subsidio al empleo joven. Nos estamos basando en una evidencia que es contraria", afirmó el doctor en Economía en la Universidad de Stanford.

Cruce entre Agostini y Eugenio Rivera

El único que planteó reparos con la opinión de sus colegas fue el director del Área Económica de la Fundación Chile 21, Eugenio Rivera, que lamentó que "algunos digan que hay que volver al impuesto negativo que propuso (Milton) Friedman hace 70 años".

A juicio de Rivera, los subsidios "pueden jugar un papel importante como complemento de una política de salario mínimo que asegure una cierta base", en vez de que los propios beneficios "sustituyan" completamente dicha política.

Asimismo, manifestó que "es necesario subsidiar a las pymes, porque son un poco aquellos sectores que están excluidos de los beneficios de una economía que crece".

En respuesta, Agostini defendió que "independientemente de quién popularizó el impuesto negativo, el tema es si es buena o mala idea y si funciona o no. Y la evidencia es que funciona bien. No digo que sea el único instrumento que se aplique, sino que es uno bueno y por qué no usarlo si es uno bueno".

"Además, las pymes que tanto endiosamos tienen una deuda con sus trabajadores previsionales enorme. Entonces, es válido preguntar para qué usarán el subsidio a la pyme: ¿Se quedarán (los montos) en el empresario o se traspasarán completo a los trabajadores? ¿Se les pasará una parte a ellos sin pagarles previsión, o se les saldará completa?", se preguntó.

El proyecto establece que el sueldo base, a contar del 1 de mayo de 2025, se eleva a 529.000 para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años. Luego, a partir del 1 de enero de 2026, ascenderá a 539.000.

Tras intensas negociaciones con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la ley busca no solo aumentar el monto nominal, sino también mantener el poder de compra de los trabajadores. Así, los 500.000 de 2024 se equipararán a los 539.000 que se establecerán en enero de 2026, una medida que el secretario de Estado, en entrevista con Lo Que Queda Del Día, calificó como "una primera buena noticia" en su esfuerzo por mejorar la calidad de vida de las familias.

Otro logro fundamental de este acuerdo, señaló Boccardo, es que, con las nuevas cifras del salario mínimo, "ningún chileno, en un familia promedio, va a estar por debajo de la línea de la pobreza".

"El país va avanzando en pisos de dignidad como los que hemos logrado en este acuerdo, que contó con una amplia mayoría de los congresistas y que permite hoy día tener estos resultados", señaló.

"Sumamente responsable"

El reajuste del salario mínimo es retroactivo a mayo de 2025. Esto implica que, aunque la aprobación se concretó recientemente, los trabajadores afectados recibirán el diferencial correspondiente a los meses de mayo y junio en su próximo pago, con el salario fijado en 529.000 pesos desde el 1 de mayo de 2025 y 539.000 a partir del 1 de enero de 2026.

Boccardo puso énfasis en la responsabilidad y legitimidad que han marcado las cuatro tramitaciones del salario mínimo gestionadas por este Gobierno. "Siempre tuvimos muy en mente esas 900.000 familias que están afectadas al salario mínimo, mayoritariamente mujeres; no es una cifra menor", afirmó.

El titular del Trabajo resaltó que, al igual que en otras reformas emblemáticas como las 40 horas o la reforma de pensiones, el Gobierno fue "sumamente responsable" al incorporar gradualidad y medidas de acompañamiento para las pymes.

Destacó, en esa línea, que "nunca en la historia de la discusión del salario mínimo se habían incorporado subsidios para que las pymes pudieran incorporar parte de los efectos del salario mínimo, lo cual ha permitido que esta política sea exitosa", sin desatender la viabilidad del sector productivo.

Observatorio de Costos de la Vida

Una de las innovaciones más relevantes en esta negociación es la creación de un Observatorio de Costos de la Vida. Este organismo busca que el Gobierno, junto con representantes de empleadores y trabajadores, pueda discutir de forma continua el costo real de vida de una familia chilena.

Esto irá más allá de los ingresos salariales, incorporando variables como las transferencias monetarias del Estado, los efectos de la inflación, el endeudamiento y los costos de arriendo. La meta es tener una medida compartida y consensuada sobre el mínimo que necesita una familia para vivir dignamente, fortaleciendo así las futuras discusiones del salario mínimo con datos más completos y un entendimiento común.

El ministro se refirió a la polémica sobre el financiamiento inicial del Observatorio, calificándola de "artificial", aclarando que el objetivo no era crear un nuevo servicio público con numerosos funcionarios, sino un consejo tripartito que utilizará las estadísticas existentes para sintetizar información relevante.

"Como el objetivo del Gobierno era que se instalara el Observatorio, decidimos dejar esa discusión para otro momento, entendiendo que el fondo y el objetivo más relevante era este Observatorio, y que en conversaciones que tuvimos con la CUT y con los empleadores van a nombrar igual a sus representantes en el consejo y la discusión la vamos a dar igual", explicó Boccardo.

"En ese sentido —subrayó—, preferimos avanzar en la creación del Observatorio, entendiendo que los otros desafíos van a quedar pendientes, pero lo importante es que ahora el país va a contar con un organismo representativo, no solamente del Gobierno de turno, sino de quienes reciben el salario mínimo y de quienes pagan el salario mínimo, y que entre los tres actores podamos ir consensuando cuáles son los pisos de dignidad que necesita un país, y con ello llegar mejor preparado a una discusión que se da todos los años y, por lo tanto, ir construyendo ciertos consensos de lo mínimo que necesita una familia para poder tener una vida digna".

La bullada propuesta fue respaldada después de que se lograran zanjar y resolver "todas las divergencias" que existían entre la Cámara de Diputados y el Senado, las que no estaban relacionadas con el monto del reajuste.

Con este despacho, la ley establecerá un reajuste que eleva el sueldo mínimo a 529.000 pesos desde mayo (aumento retroactivo) y a 539.000 pesos a partir de enero de 2026.

Adicionalmente, la ley incluye la creación de un Observatorio del Costo de Vida, lo que fue destacado por el Gobierno.

Según explicó el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, este grupo sesionará mensualmente con el objetivo de que el Congreso, en futuros debates sobre el salario mínimo, "pueda contar con insumos más precisos" y definir "cuáles son los costos reales que hoy día tienen las familias chilenas y asociarlo a un piso mínimo".

Como parte de los acuerdos para "destrabar" el proyecto, se determinó que los integrantes de este no recibirán dietas por su participación.

Boccardo también confirmó que el salario mínimo reajustado "se va a poder empezar a pagar durante este mes y retroactivamente recordar de mayo", lo que implica que "todas las empresas van a tener que hacer este pago y los trabajadores recibir esta mejora".

Consultado sobre la iniciativa de Andes Iron en la comuna de La Higuera, el abanderado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, enfatizó que "por donde se pretende hacer el puerto, es un hecho cierto, irrefutable, que no se puede sacar por ahí. Tienen que cambiar el puerto y llevarlo a otro lado".

A su vez, la carta del Frente Amplio, Gonzalo Winter, se limitó a acusar que "la minera Dominga le hace un daño al medioambiente que nuestros nietos no nos van a perdonar".

Coincidió con él la precandidata del Partido Comunista y Acción Humanista, Jeannette Jara: "Creo que hay temas medioambientales muy relevantes, y lamento que el proyecto desde un principio no haya dado cumplimiento con los estándares que se requerían, porque efectivamente ha pasado tanto tiempo que ahora hay un fallo. Se va a cumplir evidentemente, pero no era necesario hacer las cosas así".

Finalmente, la abanderada del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, reconoció estar "preocupada por la situación con Dominga, porque todo va por el camino de que el proyecto va a terminar autorizado en los términos originales, y eso, desde el punto de vista ambiental, es una tragedia".

Aclarando que está a favor de la explotación minera fuera de aquel sector, añadió Tohá: "Me atrevo a implorar de que se busque una manera, si en el tribunal va a terminar autorizándose eso, de cambiar el puerto a un lugar donde no cause el daño ambiental que hoy está previsto".

¿Salario mínimo o salario vital?

En cuanto al sueldo mínimo, Jara reiteró su intención de instalar el concepto de salario vital, que se calcula tomando en cuenta el costo de la vida: "Mirando cómo viven las personas en el día a día, me parece relevante que junto con crecer y generar empleo, esto tiene que ser con buenas condiciones y trabajo decente. Y que alguien llegue a fin de mes me parece una línea básica para tener una mayor cohesión social y tranquilidad familiar", argumentó.

Sobre la viabilidad de esta política, la exministra del Trabajo relevó que "no se puede aumentar el salario vital sin desconcentrar el mercado, porque las pymes son las que generan más empleo, y que a la vez pagan más salario vital, pero tienen una participación de mercado menor por la alta concentración económica. No se trata de hacernos los lesos e ir a punta de subsidios siempre, o con largas gradualidades solamente, que sirven y ayudan, sino que de robustecer a los pequeños y medianos empresarios del país".

Para Tohá, "el salario mínimo tiene que seguir aumentando a medida que las capacidades del país lo permiten. Para eso, es muy importante que quienes estamos acá tengamos un compromiso muy grande por activar fuertemente la economía, porque cuanto más mejoran las condiciones de los trabajadores, es cuando la economía más crece".

Con todo, la militante PPD estima que "hay que seguir empujando el aumento del salario mínimo, como se hizo en este tiempo, pero complementarlo con otras medidas que pueden ser, por ejemplo, los subsidios y el Bolsillo Electrónico, para asegurar que todas las familias chilenas que tengan los salarios más bajos puedan llegar a fin de mes sin apuro, cubrir sus gastos y no estar en los límites".

A su turno, Mulet comentó que "todos somos partidarios de subir el salario mínimo: nadie se va a enojar ni se va a oponer, pero hay que ser realistas también. Este es el problema que afecta a las mipymes y a las pymes, y es necesario que lo complemente el Estado", por lo que considera que "el país tiene que invertir más y desarrollarse más" antes de tomar una ruta como la que impulsa Jara.

Por último, si bien Winter dijo compartir el objetivo de su par comunista, cree que esta política "tiene que ir complementada con algunas medidas, como por ejemplo, invertir en liceos técnicos para que los trabajadores del futuro tengan las capacidades de producir más, y unificar el sistema de capacitación en Chile -Sercotec, Sence, etcétera-, para que sea realmente útil, y que el trabajador al cual vamos a hacer ganar más efectivamente produzca más".

Además, el diputado indicó que "no sirve que los trabajadores tengan más dinero si le siguen subiendo el precio de las viviendas y el precio de los alimentos, y el Estado también debe tener una acción activa para ayudarlos en eso".

La tarde de este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó, en tercer trámite constitucional, dos enmiendas incorporadas y aprobadas en el Senado: una buscaba eliminar el artículo que creaba el Observatorio de Ingresos y Costos de la Vida de los Trabajadores; y la otra, excluir del proyecto las modificaciones al Fondo de Formación Sindical, que daban prioridad a los sindicatos en el acceso a dicho instrumento.

Ambas iniciativas, que fueron parte del acuerdo entre el Ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), serán analizadas en la comisión mixta, conformada por diputados y senadores.

Posteriormente, la iniciativa volverá a las salas de la Cámara y del Senado para ser ratificada o rechazada.

El ministro subrogante del Trabajo, Pablo Chacón, explicó que corresponderá a la mixta "resolver las diferencias entre las dos cámaras con respecto a la creación del Observatorio dentro de la ley y, también, respecto a la particularización del Fondo de Formación Sindical, para que organizaciones de trabajadores puedan hacer directamente la formación que ellos requieren".

Agregó que, cuando se apruebe la ley, el aumento a 529 mil pesos "se aplicará de manera retroactiva al 1 de mayo", lo que beneficiará a cerca de 900 mil trabajadores.

Otros beneficios

La iniciativa también incrementa beneficios sociales como el Subsidio Único Familiar (SUF) y la Asignación Familiar (AF). Compromete, además, la inyección de recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP) con la finalidad de evitar que la parafina supere los 1.050 pesos por litro este invierno.

El proyecto contempla, asimismo, un subsidio para las micro, pequeñas y medianas empresas en caso de que la variación en el monto del salario mínimo, a partir de enero de 2026, sea superior a la inflación efectiva del año 2025.

Además, desde el 1 de mayo de 2025 (con efecto retroactivo), el ingreso mínimo mensual para las y los trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años se elevará a 394 mil 622 pesos, mientras que, a contar del 1 de enero de 2026, lo hará a 402 mil 82 pesos.

En tanto, el ingreso mínimo mensual para efectos no remuneracionales ascenderá a 340 mil 988 pesos desde el 1 de mayo de 2025, también retroactivamente, y a 347 mil 434 a partir del 1 de enero de 2026, una vez que la norma sea despachada por el Congreso.

Frente a las altas cifras de desempleo publicadas por el INE ayer jueves, el experto indicó en El Diario de Cooperativa que "son 28 meses seguidos en que hemos tenido tasas de desocupación sobre el 8%, pero en realidad, el problema no son los 28 meses, sino que los 62 meses, básicamente contando desde que partió la pandemia, en que estamos con problemas en el mercado laboral".

En detalle, "en desocupación, tuvimos tasas inferiores al 8% el 2022 y 2021, y ahora, nos empezamos a alertar porque la tasa está en el 8,8%, que son tasas que, antes de la pandemia, las tuvimos solamente en 2010, después del terremoto. O sea, en realidad, el mercado laboral está como hace 15 años atrás; estamos en un retroceso muy importante. Lo que quiero decir es que hace harto rato que estamos en problemas, pero no se ha mirado, y si no se reconoce aquello, ¿cómo se va a abordar?", se preguntó Bravo.

"Estamos mejor que hace dos o tres años, pero somos probablemente el único país de América Latina que todavía no recupera su tasa de ocupación prepandemia, y para mí no es ninguna novedad que la tasa de desocupación suba. No es que ahora estemos en más problemas que tres años atrás: lo que está pasando es que la gente sale a buscar trabajo, se está recuperando la tasa de participación laboral, y eso se nota en los desocupados", explicó.

El economista recordó que falta llenar unos 240 mil puestos de trabajo para alcanzar la tasa de ocupación prepandemia, pero "cuando uno identifica un problema, en particular el del mercado laboral, hay que priorizarlo", lo que a su juicio, requiere "medidas especiales, y aquí no se ha tomado ninguna, creo yo".

"Es muy difícil abordar el problema si no se reconoce que está, y si lo que prima más bien es una suerte de conformismo, o una mirada muy bondadosa respecto de la situación del mercado laboral (...), no se están tomando medidas que se podrían tomar, porque si sabemos que es un problema urgente, deberíamos tener una mesa de algún tipo. Medidas concretas, más que seguir dando análisis", enfatizó.

A falta de tales políticas, Bravo comentó que "a lo menos, la preocupación debiera ser no desincentivar el empleo, y no ha sido lo que ha ocurrido" durante la Administración Boric: "Cuando se le pone un incremento brusco y violento al salario mínimo, como ocurrió adelantando la meta de los 500 mil pesos, eso fue -creo yo- imprudente, porque afecta a las personas de menores ingresos. Aparentemente las beneficia, pero en la práctica, daña sus posibilidades" de acceder a un trabajo.

"Necesitamos un acuerdo en Sala Cuna Universal"

Consultado por la también compleja situación laboral de las mujeres, el investigador sostuvo que su tasa de desocupación "saltó mucho más porque la búsqueda de trabajo prácticamente se recuperó respecto de su situación prepandemia, y eso se nota de inmediato".

Para revertir el desempleo en este segmento de la población, aseveró que "la ley de Sala Cuna Universal es algo importante, y creo que necesitamos llegar a acuerdo" en el Parlamento, donde el proyecto sigue en su primer trámite, aunque hace tres semanas comenzó su discusión particular en el Senado.

Bravo comparó el potencial impacto positivo de esta propuesta con el que ha tenido la aprobación de la reforma de pensiones: "Creo que fue útil, porque generó un entorno fundamental para repuntar un poco el crecimiento, las expectativas, y eso obviamentente genera más empleos".

"En el caso de la sala cuna, lo que tenemos es un deber de llegar a un acuerdo, aun cuando estemos en periodo de elecciones, y se haga muy difícil juntar las distintas posiciones. Pero esto es algo que tenemos a la vuelta de la esquina, y sería fundamental llegar a un acuerdo que sea bien importante, tal como lo que se generó en pensiones a comienzos de año", cerró.

La razón de este aplazamiento radica en el rechazo por parte del Senado, esta tarde de miércoles, de dos elementos clave de la propuesta gubernamental: la creación de un observatorio tripartito sobre costos de la vida y una iniciativa para el fortalecimiento del Fondo Sindical.

Debido a estas modificaciones, el texto deberá retornar a la Cámara de Diputadas y Diputados para un tercer trámite legislativo, proceso que se espera para la próxima semana.

APROBADO✅| La Sala del Senado aprobó el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, la asignación familiar y maternal, el subsidio único familiar.

Pasa a tercer trámite constitucional a la @Camara_cl.
▶️… pic.twitter.com/lVVP7kq3N8

— Senado Chile (@Senado_Chile) May 28, 2025

Pago retroactivo asegurado

A pesar de este contratiempo, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, brindó tranquilidad a los trabajadores al asegurar que "la ley se activa desde el 1 de mayo y, por lo tanto, independiente de la fecha en que se apruebe el proyecto, es retroactivo para todos los efectos de salario líquido, pero también para todos los efectos de seguridad social que se pagan asociada al salario".

Actualmente, los trabajadores que perciben el sueldo mínimo están recibiendo 510.000 pesos. Sin embargo, con la propuesta ya aprobada por ambas cámaras se reajustará a 529.000 desde mayo y a 539.000 a partir de enero de 2026.

No existen diferencias entre ambas cámaras respecto a estos montos, lo que facilita el consenso en torno a las cifras del reajuste.

Con el retraso en la tramitación, los trabajadores que reciben el sueldo mínimo comenzarán a percibir el monto reajustado de 529.000 pesos a partir de su pago de junio.

Adicionalmente, y gracias a la retroactividad de la ley, en esa misma liquidación se les deberá incluir la diferencia de 19.000 pesos correspondiente al mes de mayo. Esta medida busca asegurar que los trabajadores no se vean perjudicados por la dilación en el proceso legislativo.